Bush intenta minimizar la investigación sobre las filtraciones de su equipo
La Casa Blanca teme que el fiscal acuse a alguno de sus miembros de destapar a un agente secreto
George W. Bush trató de minimizar el jueves la expectación creada ante la posibilidad de que el fiscal Patrick Fitzgerald acuse a miembros de la Casa Blanca de la filtración que desveló la identidad de una agente de la CIA diciendo que se trata de "ruido de fondo y especulaciones". Pero el fiscal ha reorientado su investigación, y la ansiedad crece en los círculos republicanos, en los que ya se contempla la posibilidad de un fuerte terremoto en el entorno presidencial.
La madre de Bush le habría aconsejado "aprovechar la crisis y prescindir de Cheney"
El fiscal y su equipo no han dejado escapar filtraciones, pero expertos y comentaristas creen que, si va a haber procesamientos, no se basarán en la ley que considera un delito federal revelar conscientemente la identidad de una agente, por las dificultades que hay para probarlo. Sería más sencillo recurrir a las acusaciones de perjurio y obstrucción de la justicia: de los testimonios que se conocen -notablemente, del relato que la periodista Judith Miller publicó sobre lo que dijo al gran jurado- se desprende que las explicaciones de Karl Rove, el principal asesor del presidente, y sobre todo de Libby, jefe de gabinete del vicepresidente, presentan inconsistencias. El jueves, The Washington Post publicó que, según fuentes cercanas a la defensa de Rove, éste dijo al gran jurado que su fuente en la filtración podría haber sido el propio Libby.
Algunos medios han señalado que el hecho de que no esté previsto un informe de Fitzgerald tras 22 meses de investigaciones significa que habrá procesamientos. En realidad, el fiscal no puede, por ley, emitir ese informe. Cuando considere que ha acabado su tarea -probablemente, la próxima semana- formulará o no las acusaciones. "La investigación se ha centrado en su fase final en el vicepresidente Cheney y su jefe de gabinete, y en el embajador ante la ONU, John Bolton", señala un correo electrónico que ha circulado en Wall Street y en los lobbies de Washington. El texto añade: "Nos han dicho que están listos ocho autos de procesamiento, y que quizá haya 10 más, y que incluirían a altos cargos de la Casa Blanca, como Scooter Libby, Fred Flights, asistente de Bolton, y, sorprendentemente, Steve Hadley, consejero de Seguridad. Aparentemente, los abogados de Libby y Hadley les han dicho que se preparen para ser procesados. Y es muy probable el procesamiento de Karl Rove".
De los rumores no se libra nadie; fuentes en contacto con la familia Bush aseguran que la madre del presidente habría aconsejado a su hijo "aprovechar la crisis, si hay procesamientos, para prescindir del vicepresidente Cheney y de su jefe de gabinete y convertirles en chivos expiatorios de la filtración y de los errores en Irak". Las mismas fuentes creen que la escabechina "sería muy útil para las campañas electorales de los senadores y congresistas republicanos, que tienen elecciones dentro de un año y que deben soltar lastre ante las críticas demócratas".
Hay más de 30 personas que han declarado. Cruzando sus testimonios es fácil que el fiscal haya rastreado contradicciones en el testimonio de los implicados. The Nacional Journal ha elaborado una lista encabezada por el presidente y el vicepresidente (ambos hablaron en el verano de 2004, no bajo juramento) y en la que se incluyen a Rove (cuatro declaraciones) y a Scooter Libby (dos). Además, están Andrew Card, jefe de gabinete del presidente; Alberto Gonzales, responsable de Justicia; Stephen Hadley, consejero de seguridad; Scott McClellan, portavoz de la Casa Blanca; Colin Powell, ex secretario de Estado; George Tenet, ex director de la CIA, y otros altos cargos. Fitzgerald ha hablado también con numerosos periodistas, desde Judith Miller, que pasó 85 días en la cárcel por no revelar sus fuentes, hasta Bob Novak, en cuya columna apareció por primera vez el asunto, el 14 de julio de 2003.
En un anuncio en The New York Times de ayer y bajo el título: '¡Gracias, Judith Miller!', 23 destacados políticos, escritores y empresarios de comunicación de la península Ibérica y de Iberoamérica celebran "las convicciones y el valor" de la reportera y subrayan que "los medios libres e independientes son un freno ante la corrupción y el abuso del poder". Entre los firmantes están Francisco Pinto Balsemao, presidente del grupo portugués Impresa y ex primer ministro; Jorge Castañeda, ex canciller de México; Gustavo Cisneros, presidente del grupo venezolano que lleva su nombre; Belisario Betancur, ex presidente de Colombia, y los españoles Felipe González, ex presidente del Gobierno; Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián, presidente y consejero delegado de PRISA, respectivamente; Leopoldo Rodés, presidente de Media Planning, y José María Bergareche, vicepresidente de Vocento.
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