Suspendido el juicio contra un empresario acusado de explotar a inmigrantes tras no comparecer los afectados

El juicio contra un empresario acusado de explotar a cuatro inmigrantes latinoamericanos en situación irregular en España quedó ayer suspendido en la Audiencia de Guipúzcoa hasta el próximo jueves tras no comparecer como testigos los supuestos afectados. Al menos se esperaba la presencia de uno de los trabajadores, pero no acudió finalmente a la vista alegando un problema de transporte. Quedó citado para la semana que viene. Los otros tres inmigrantes difícilmente testificarán. Al parecer, se encuentran fuera de España y el tribunal, tras varios intentos frustrados, cree imposible su localización.

Quien sí declaró fue el empresario imputado, que negó que hubiese empleado a los cuatro inmigrantes en su fábrica, en Legazpi. El acusado aseguró que sólo les dejó utilizar parte de los locales para alojarse, porque no tenían otro lugar donde vivir. Sin embargo, según explicó, llegó un día en que les pidió que abandonasen el lugar porque no estaba de acuerdo con su forma de comportarse. Esta versión fue ratificada por dos testigos de la defensa.

La fiscalía, por contra, sostiene que, entre marzo de 2002 y el mismo mes de 2003, el acusado contrató verbalmente a los cuatro inmigrantes, dos ecuatorianos y dos argentinos, para que trabajasen en su fábrica de salazones, que para esas fechas había sido embargada. El empresario, según la acusación pública, ofreció a los trabajadores 600 euros mensuales, cantidad que en algunos casos no pagó y, en otros, no llegó a completar.

Dos de los ertzainas que investigaron la causa respaldaron el relato fiscal. Según testificaron, el 6 de marzo de 2003, tras la denuncia interpuesta por una de las presuntas víctimas, acudieron a la empresa, donde encontraron a dos de los inmigrantes envasando pescado. Los policías detallaron que estas dos personas estaban trabajando en una planta alta, mientras la baja estaba habilitada como dormitorio.

El Ministerio Público imputa al empresario un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otro de estafa y reclama para él cuatro años y medio de prisión y dos multas por un importe total de 14.400 euros.