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El Gobierno de CiU pagó en 1995 más de 45.500 euros por ocho informes copiados

Dos de los militantes de Unió condenados por el 'caso Turismo' fueron los beneficiados

El Departamento de Trabajo de la Generalitat pagó en 1995 más de siete millones y medio de pesetas (45.556 euros) por ocho informes jurídicos que ahora se ha comprobado que eran copias literales de tratados de derecho ya publicados. Los informes fueron adjudicados por el consejero de Trabajo, Ignasi Farreres, de Unió Democràtica (UDC), a propuesta del secretario general del departamento, Josep Maria Servitje. Ambos declararon el pasado 16 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona acusados de prevaricación, malversación y falsedad documental. En sus comparecencias, ambos defendieron la utilidad de cuatro de los informes de cuya existencia se tenía conocimiento entonces, argumentando que sirvieron para negociar con el Gobierno del PSOE el traspaso de competencias del INEM a la Generalitat.

Sin embargo, días después de esa declaración, la fiscalía y la abogada de la Generalitat, que ejerce la acusación en el caso, han entregado unos escritos al juzgado que revelan que existen otros cuatro informes más y que todos ellos carecen de cualquier interés y utilidad porque son copias literales de obras jurídicas. Por ese motivo, el fiscal Fernando Rodríguez Rey anunció ayer que pedirá al juez que Farreres y Servitje declaren otra vez sobre esos informes nuevos y sobre el contenido de todos ellos.

Las empresas beneficiarias de los estudios fueron Gestumer, SL, y Socesca, SL, dirigidas por Víctor Manuel Lorenzo Acuña y Santiago Vallvé. Son dos de los nueve militantes de Unió condenados el pasado martes, junto a una décima persona, por la Audiencia de Barcelona a penas de entre dos y tres años y medio de cárcel por malversar casi un millón de euros del Consorcio de Turismo de Cataluña entre 1993 y 1995. El método utilizado en ese fraude, según relata la sentencia, consistió precisamente en la redacción de informes que también resultaron plagiados o de nula utilidad.

La fiscalía anunció ayer que no recurrirá la sentencia porque "en líneas generales es satisfactoria y coincidente con el relato de hechos" que planteó en el juicio. El tribunal asume la tesis de que existen "indicios bastantes" pero no pruebas de que la orden de la malversación pudo surgir de la dirección de Unió, que lidera Josep Antoni Duran Lleida.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de octubre de 2005