España recibirá el 85% del fondo internacional para indemnizar los daños causados por el 'Prestige'

El Fidac (Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos) cerró ayer el reparto del presupuesto disponible (171 millones de euros, menos 22,7 bajo depósito judicial) para paliar el desastre ecológico causado en 2002 en tres países por la marea negra del Prestige, valorado en más de 1.000 millones. España se garantizó ayer el 85% de dicha suma (126 millones). A Francia le correspondió el 13,5% del fondo, mientras que a Portugal se le asignó el 0,5% restante.

La lectura positiva que hace el Gobierno español de esta decisión es que se ha culminado el proceso de indemnización tres años después de producirse el siniestro, mientras que en el caso del Mar Egeo la negociación se dilató una década. La noticia negativa, aunque claramente prevista por el Gobierno, es que esta cifra es una migaja frente a una factura que en el caso español supera por sí sola los 800 millones de euros.

Pago a las víctimas

El Gobierno español también pone el énfasis en que esta decisión tampoco afectará a la gran mayoría de víctimas españolas del Prestige, ya que "más del 90% de los afectados se ha acogido al decreto de adelanto de indemnizaciones y las ha cobrado ya en su totalidad". Este sistema ha supuesto el pago de 87,7 millones de euros a un total de 14.494 afectados.

Engrosan la factura del Ejecutivo español los distintos convenios suscritos con ayuntamientos y autonomías. El pasado 21 dc mayo firmó acuerdos de indemnización con 55 ayuntamientos gallegos por un monto de 7,3 euros. Posteriormente, se firmó otro con una veintena de ayuntamientos asturianos por 1,6 millones, y otro con municipios cántabros por un valor de 288.997 euros. En lo referido a las comunidades autónomas, Galicia se ha garantizado del Gobierno central 45,4 millones; Cantabria, 49,3; y Euskadi (incluidos ayuntamientos y diputaciones), 45,6.

Al cierre de esta edición, se desconocía si el Fidac aceptaba o no como parte de la factura del Gobierno español los 109 millones de euros invertidos en la recuperación del fuel del Prestige, más la posterior labor de biorremediación de los residuos aún alojados en el casco del hundido petrolero.

Esta batalla del Gobierno español mira más al futuro que al presente: quiere garantizar que, en un futuro desastre, el Fidac asuma como gasto propio esta labor y se cree jurisprudencia. Pero no es la única razón que espolea al Gobierno español para presentar esta reclamación. Llevar el sello de que este gasto del Ejecutivo se ve avalado por el Fidac como necesario y proporcionado sería un aval en el pleito que se dirime en Estados Unidos con la sociedad clasificadora del petrolero (ABS), con vistas a lograr la indemnización de 1.000 millones de dólares que reclama.