'Plan B'

La luna de miel entre Zapatero y los españoles acaba de concluir, súbitamente cancelada por los efectos demoscópicos de la crisis del Estatut. Y si esta pérdida de confianza se debe al reciente debate en el Parlament de Cataluña, ya puede imaginarse lo que ocurrirá en el tormentoso invierno que se avecina, cuando las Cortes de Madrid estén casi a diario okupadas por los comisionados que debatirán a tres bandas (Gobierno, oposición y delegación catalana) la reforma de la reforma del Estatut. Pues por mucho que La Moncloa insista en su inverosímil optimismo, lo cierto es que las cuentas no cuadran, y lo más probable es que resulte imposible llegar a un consenso satisfactorio.

Una vez aprobado en Barcelona un proyecto tan fantástico como éste, al que ya se presenta como si sentase un precedente, la crisis del Estatut no tiene más que dos salidas igualmente negativas. Si la minoría socialista logra negociar y aprobar en las Cortes de Madrid una reforma constitucionalmente aceptable, ese dictamen difícilmente obtendrá el respaldo del nacionalismo catalán, que lo rechazará por entenderlo un inadmisible recorte a la baja de lo que ya considera como un derecho adquirido. Pues si no es así, y el Parlament suscribe la reforma aprobada en Madrid, inmediatamente cundirá la sospecha de que hay gato encerrado en forma de apaño, pasteleo o arreglo bajo cuerda, dado el precedente de aquel aciago Pleno del 3% en que se acordó traficar con el derrumbe del Carmel a cambio de negociar la reforma del Estatut. Y para eso, casi sería mejor que las Cortes de Madrid fueran incapaces de alcanzar un acuerdo de mínimos.

Ahora bien, el rechazo de la reforma del Estatut no haría más que profundizar la evidente fractura que se está reabriendo entre Barcelona y Madrid. Y esto no sólo desgarraría al PSOE, distanciándolo del PSC, sino que pondría en serio peligro la débil mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno. Todo lo cual haría las delicias de la oposición reforzando al ala dura del PP, que recuperaría unas esperanzas de revancha inmediata que hasta ahora se resignaba a tener que aplazar hasta las calendas griegas. Y por si esto fuera poco, aún produciría otro efecto peor, que es bloquear la agenda de Zapatero privándole de su prioridad estratégica, que era la cuestión territorial.

Tanto si la reforma del Estatut se desvirtúa como si se rechaza por las Cortes de Madrid, ello significará en ambos casos la voladura de la gran apuesta con la que Zapatero confiaba en poder justificar su mandato, llenando de sentido su primera legislatura. Semejante objetivo máximo parecía equiparable a una segunda transición, pues pretendía alcanzar por consenso una nueva redistribución territorial del poder estatal. Y dentro de esa gran apuesta, la pieza de convicción era la reforma del Estatut catalán: si ésta salía adelante con éxito, el mandato de Zapatero quedaba justificado por entero. Pero este silogismo también se podía volver del revés por pasiva, como acaba de comprobarse ahora. Pues del mismo modo, si la reforma del Estatut fracasa, o queda desvirtuada, la legislatura entera habrá quedado desarticulada.

Por lo tanto, Zapatero necesita urgentemente un plan B, capaz de sustituir al encallado plan A. Debe reordenar el orden de prioridades de su agenda, relegando la cuestión territorial a los últimos peldaños de la logística y elevando hasta el primer rango alguna otra cuestión prioritaria, para hacer de ella la nueva estrella polar que guíe su estrategia política en lo que queda de legislatura. ¿Y qué otra cuestión política puede magnificarse hasta el punto de tapar el fracaso de la reforma territorial? La tentación más evidente es recurrir al proceso de pacificación del País Vasco. Pero esta cuestión está tan verde, y es tan vidriosa, que difícilmente puede esperarse ganar apostando por ella. Por eso ZP debe diseñar otra estrategia prioritaria de recambio, que interese verdaderamente al conjunto de la ciudadanía y que cuente con suficientes probabilidades de cumplirse con éxito. ¿Cuál podría ser: la reforma laboral, la reforma inmobiliaria, la reforma educativa?