El Consell regulará por ley una ayuda mínima de inserción laboral y eliminará la prestación reglada

El Consell prepara una ley de renta garantizada de ciudadanía, pactada ya con los sindicatos UGT y CC OO, cuyo objetivo es facilitar la inserción socio-laboral y sustituir las prestaciones económicas regladas (PER). Sin embargo, la denominación del proyecto de ley, todavía en fase de borrador, amenaza con crear confusión respecto al "derecho de todo ciudadano valenciano en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta mínima de ciudadanía" previsto en la reforma del Estatut. Un derecho individual y con carácter universal -cuya aplicación no está exenta de dificultades- y que representa uno de los principales avances de la reforma estatutaria, que se discutirá en breve en el Congreso de los Diputados.

El beneficiario de la ayuda tendrá que mostrar voluntad de insertarse socialmente

El borrador del proyecto de ley de renta garantizada de ciudadanía forma parte de los acuerdos alcanzados entre el Consell y los sindicatos mayoritarios para actualizar el Plan Valenciano para el Crecimiento y el Empleo (Pavace). La revisión del Pavace -oficializada solemnemente en el Palau de la Generalitat el pasado 22 de noviembre- atiende con este compromiso de regular por ley la actual prestación económica reglada (PER) la reivindicación planteada ya por los sindicatos en 2001. La presión sindical se tradujo en la elaboración de un documento por parte del entonces consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, que ahora ha servido de base para el nuevo borrador del proyecto de ley elaborado por el departamento de la consejera Alicia de Miguel y el titular de Economía, Gerardo Camps.

La renta garantizada de ciudadanía sustituirá a la actual PER -establecida en 1990 mediante acuerdo entre Consell y sindicatos- que arrancó con un presupuesto de unos seis millones de euros en 1990 y que este año tiene una partida asignada de 2,3 millones de euros. Sin embargo, la filosofía en la que se basa esta prestación será la misma con la nueva ley.

La directora general de Familia de la Consejería de Bienestar Social, Rosario Calatayud, explica que lo que distinguirá la renta garantizada de ciudadanía de otras ayudas será "la voluntad de insertarse en la sociedad" por parte del beneficiario. "El objetivo es promover la inserción socio-laboral durante un tiempo determinado", explica Calatayud, que añade que los receptores han de mostrar interés y esforzarse por recuperar hábitos de higiene, alimentación y, en definitiva, suscribir un plan de inserción.

Estas ayudas se destinarán a la unidad familiar e, inicialmente, serán compatibles con otras percepciones para evitar que personas con riesgo de exclusión social acaben en la marginación. La renta garantizada de ciudadanía establecida en el borrador del proyecto de ley -que tiene que discutirse con entidades sociales y pasar los dictámenes del Consejo Económico y Social y el Consell Jurídic Consultiu- se sitúa en el 62% del Iprem (el indicador público de renta de efectos múltiples establecido por el Gobierno y que es el equivalente al salario mínimo interprofesional). Este indicador se cifra para este año en 6.577 euros anuales, por lo que la renta garantizada de ciudadanía, si estuviese ya en vigor, se situaría en poco más de 4.000 euros año. Para los sindicatos, el hecho de que el actual PER -que en la Comunidad Valenciana denomina un subsidio muy distinto al que con el mismo nombre tiene la Junta de Andalucía- pase a estar reglado por ley de las Cortes Valencianas es un avance porque no estará al albur de la partida presupuestaria que decida el Consell, sino que será exigible legalmente por los ciudadanos con derecho a esta renta de inserción sociolaboral.

De todas maneras, el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo de Francisco Camps difícilmente se discutirá en las Cortes Valencianas antes de 2006. Situación por la que la Consejería de Economía no incluirá, previsiblemente, ninguna partida específica para la denominada renta garantizada de ciudadanía.

La Consejería de Bienestar Social argumenta que no hay problema porque, una vez aprobada la ley, no hay dificultad en realizar una modificación presupuestaria. El texto, según la directora general de Familia, incorpora toda una serie de disposiciones adicionales que permitirán realizar de manera ágil modificaciones posteriores en la ley una vez aprobada. La actual redacción del borrador de la ley permite también la posibilidad de recurrir a este subsidio para ayudar a personas de difícil inserción social para paliar su situación de exclusión.