El Gobierno sufre su primera derrota en el Parlamento en esta legislatura

El Gobierno tripartito perdió ayer en el Parlamento su primera votación de esta legislatura recién comenzada debido a la ausencia por enfermedad del diputado de EA Juan Porres. Como consecuencia, el Ejecutivo no logró frenar como quería el debate de una propuesta del PP para limitar a cuatro años el mandato del director general de EITB y a seis meses su posible interinidad. El Consejo de Gobierno había fijado su criterio desfavorable a tramitar la iniciativa en su reunión del 13 de septiembre pasado.

La votación puso de manifiesto la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo de Ibarretxe, aunque el destino final de la proposición de ley del PP dependerá de las negociaciones que se entablen en comisión y de la postura que adopten tanto Aralar como EHAK. La propuesta será tramitada ahora como proyecto de ley con la apertura de un plazo de enmiendas.

El tripartito contó con el respaldo de la representante de Aralar, pero la inhibición de EHAK -sus nueve parlamentarios no asistieron al debate ni a la votación y entraron en el salón de plenos justo después de celebrada ésta- motivó que se aprobase la toma en consideración de la proposición, al sumar los socialistas sus votos a los del PP. De esta forma, la iniciativa prosperó con 33 votos -15 de sus proponentes y 18 del PSE- frente a los 32 que sumaron el tripartito y Aralar. De haber estado al completo las filas de EA la propuesta hubiera decaído por el empate a 33 escaños que se hubiese producido.

Sin entrar en el contenido de la propuesta popular, el PSE argumentó su respaldo en la necesidad de debatir la situación del director general de EITB, el peneuvista Andoni Ortuzar, quien de hecho lleva, según la oposición, ejerciendo su cargo en funciones desde 2001. "Es para el Libro Guinness de los Récords", dijo el popular Carlos Urquijo. "Algo falla en la ley" para que una interinidad tan larga sea posible, añadió.

El peneuvista José Antonio Rubalkaba acusó a los proponentes de no buscar la mejora de la ley ni la solución a un problema, sino simplemente "ir en contra de Ortuzar" y "descabezar EITB".El socialista Antonio Rivera, por su parte, reconoció que el Gobierno no incumple en sentido estricto la ley, pero sí hace de ella "la lectura que le conviene". Por eso reclamó la necesidad de un debate parlamentario al respecto y su grupo votó a favor de la toma en consideración, que dará la posibilidad de consensuar una solución.

La diputada de Aralar, Aintzane Ezenarro, explicó su negativa a admitir a trámite la iniciativa del PP y su alineamiento con el Gobierno con el argumento, también usado por los grupos del Ejecutivo, de que su aprobación no resolvería nada y de que antes de proponer un cambio legal hay que tratar de pactarlo con los demás grupos.

El apoyo de Aralar a la negativa del Gabinete a admitir a trámite la proposición popular, aunque infructuoso, tuvo su contrapartida en el respaldo que dieron a continuación sus tres grupos, además de EHAK, a la proposición de ley defendida por la propia Ezenarro para que la Cámara ejerza la iniciativa legislativa ante el Congreso y promueva allí una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como en el caso de la propuesta del PP sobre EITB, la votación de ayer no supone la aprobación del contenido de la iniciativa, sino sólo la facilitación de su debate. De hecho, el tripartito mostró sus dudas sobre su aspecto principal, la pretensión de que se grabe en todo momento a cualquier detenido hasta que sea puesto a disposición judicial o en libertad. El Gobierno considera que ello contravendría el derecho a la intimidad y recordó que la ONU sólo recomienda registrar los interrogatorios.

Al contrario que en la propuesta del PP, el tripartito no se había pronunciado ni a favor ni en contra de la toma en consideración de la iniciativa de Aralar. En su reunión del 21 de septiembre, el Ejecutivo se limitó a reseñar algunas precisiones, pero no fijó postura. El Gabinete va, de hecho más lejos que Aralar, y afirma que la cuestión de fondo es la derogación de la normativa que permite la incomunicación. El texto de Ezenarro, afirmó el Gabinete, "admite la pervivencia del régimen de incomunicación" y acepta por tanto "una legislación especial que es la fuente de los problemas". EHAK mantuvo una postura similar. El PSE y el PP votaron en contra, defendieron la incomunicación de los detenidos como instrumento en la lucha contra el terrorismo y rechazaron que de esa medida se siga la tortura.