Presupuestos que ayudan

En las legislaturas anteriores, los Presupuestos Generales del Estado tuvieron como objetivo hegemónico el control del déficit, desatendiendo el resto de desequilibrios económicos y sociales que se pusieron de relieve. El resultado fue, en consecuencia, un importante recorte del déficit, pero a costa de agravar y enquistar las carencias esenciales de nuestro modelo socioeconómico, recortando la capacidad de desarrollo futuro del país. Lo que quedó en evidencia fue la incapacidad de esas políticas públicas para protagonizar el impulso que necesitaba nuestro país para alcanzar los estándares sociales más avanzados de nuestro entorno.

Los PGE para 2006 reflejan un indudable cambio de planteamiento que rehabilita la función instrumental de las cuentas del Estado, al menos en dos aspectos. En primer lugar, la reforma de las leyes de estabilidad presupuestaria, que adaptan el concepto de equilibrio al conjunto del ciclo económico, permite conjugar una posición financiera saneada con las necesidades elementales de nuestro país, que requieren esfuerzos notables de gasto. En este sentido, cabe recordar que España es uno de los países de la UE ampliada con menor tamaño del sector público, atendiendo al volumen relativo conjunto de ingresos y gastos (sólo por delante de Lituania, Letonia, Irlanda y Estonia), de lo que se deriva una escasa capacidad para incidir sobre el funcionamiento económico.

Las medidas de fomento de la competencia son insuficientes para moderar la inflación estructural

Ello resulta paradójico en un país que posee carencias básicas en sistemas clave para el desarrollo como son el educativo, el sanitario, las infraestructuras y la protección social, y que requieren de impulsos públicos adicionales para eliminarlas. Por ello, parece lógico aprovechar la buena marcha de los ingresos, derivada del notable crecimiento económico, para realizar ahora los esfuerzos que, en épocas de vacas flacas, serán difíciles de aplicar.

En segundo lugar, la intensidad de las dotaciones realizadas se corresponde con las prioridades establecidas, que además apuntan una dirección acertada. El Presupuesto del Estado, en suma, gana en transparencia al reflejar los objetivos de la política económica. Así, las intenciones de aumentar la productividad, reforzar las políticas sociales y mejorar la calidad de los servicios públicos tienen reflejo en aumentos muy importantes en partidas que caminan inequívocamente en ese sentido, incidiendo sobre factores básicos a medio y largo plazo: I+D+i (30,9%), infraestructuras (12,4%), educación (16,6%), vivienda (20,6%), sanidad (aportación extraordinaria de 1.700 millones de euros), o pensiones mínimas; por citar algunas de las partidas más visibles.

Contrasta, sin embargo, la nitidez de estas dotaciones estratégicas con la escasa consistencia de algunas grandes cifras de las proyecciones macroeconómicas, para las que se apuntan mejoras poco sustentadas por políticas concretas. Así, las actuaciones de fomento de la competencia abordadas son insuficientes para moderar la inflación estructural hasta el entorno del 2% de forma estable, y son precisas medidas más beligerantes de transparencia, vigilancia y control en los sistemas de formación de precios de algunos sectores que generan tensiones crónicas; el elevado endeudamiento de las familias tiene mucho que ver con el brutal encarecimiento de la vivienda, que por sí solo el Plan de Vivienda 2005-2008, positivo pero insuficiente, no podrá reconducir; y el déficit exterior revela en último término la endeblez de nuestro tejido productivo, que necesita con urgencia medidas para fomentar las actividades de contenido tecnológico alto y medio, modernizar los sectores menos avanzados y potenciar los sectores tradicionales y estratégicos.

Los PGE para 2006, pues, ayudan en la línea de cambiar el modelo productivo y por ello es necesario complementar con el mantenimiento en los próximos años de los esfuerzos presupuestarios básicos y su concreción en políticas más efectivas, lo que a su vez precisa del reforzamiento de tres elementos clave: el compromiso empresarial con el cambio de modelo de crecimiento, elevando la inversión productiva y moderando sus márgenes ya que los beneficios hasta la fecha son altísimos; la cooperación con las comunidades autónomas, desarrollando un sistema equilibrado de competencias y responsabilidades; y el diálogo social, vital para lograr avances duraderos en temas definitorios de nuestro nivel de bienestar, como el mercado de trabajo, el sistema público de pensiones, la protección a las personas dependientes o la sanidad.

Toni Ferrer es secretario de Acción Sindical de UGT.