Barcelona investiga pisos en los que están censados más de 20 personas

En Barcelona hay 52 pisos en cada uno de los cuales están empadronadas más de 21 personas. La cifra total de empadronados es de 1.359, lo que supone una media de 26 personas por piso. Y en otras 1.464 viviendas aparecen empadronadas entre 11 y 20 personas. Exactamente, están registradas 19.053. El Ayuntamiento pretende comprobar si las cifras son reales, ante la evidencia del problema de las pensiones ilegales y las llamadas camas calientes.

Algunas de esas cifras fueron expuestas ayer en la sesión del pleno del Ayuntamiento de Barcelona en respuesta a una proposición del grupo de Convergència i Unió, que pidió un programa de actuación frente al llamado "barraquismo interior", es decir, la existencia de pensiones ilegales y el fenómeno de las camas calientes -que son utilizadas cada pocas horas por distintas personas- que afecta principalmente a la población inmigrante y se acusa más en los distritos de Ciutat Vella y el Poble Sec (véase EL PAÍS del pasado 2 de octubre).

El control del padrón lo ha realizado el Instituto Municipal de Informática, que en enero de este año identificó 166 domicilios en los que aparentemente vivían 5.823 personas. Descontadas las pensiones, residencias de la tercera edad y colectivos o entidades que no habían realizado ningún trámite durante los últimos seis meses, el instituto municipal envió un requerimiento de confirmación presencial a 1.428 personas empadronadas. Y de ellas, 153 confirmaron el domicilio, 94 habían cambiado de residencia y 60 se dieron de baja. Pero la gran mayoría, exactamente 1.121, no contestaron al requerimiento y el consistorio las ha dado de baja.

Ahora, ese mismo control se va a efectuar en 1.464 domicilios en los que, según los datos del padrón, viven entre 11 y 20 personas, una cifra que en muchos casos también se podría considerar de sobreocupación. A ese programa de control se añadirá la inspección directa si media denuncia o por motivos de salubridad y seguridad. En de Sants, entre julio y septiembre de este año se localizaron 38 domicilios con más de 20 personas empadronadas en cada uno. De ellos, 18 resultaron ser pensiones y residencias legales, y en otras 19 que fueron inspeccionadas no existía sobreocupación. En cambio, el n un piso de Hostafrancs se descubrió una pensión ilegal. En el caso de Ciutat Vella, explicó el primer teniente de alcalde, Xavier Casas, desde finales de 2003 al verano de 2005 se abrieron 100 expedientes por pensiones ilegales en otros tantos pisos. En ese distrito se han inspeccionado el 15% de las viviendas (6.720) en los últimos cinco años.

La inspección que realiza el Ayuntamiento es sólo útil en el caso de la población empadronada. Pero la realidad puede ser peor, vino a decir el alcalde: "El problema es que hay muchos alojamientos sin empadronamientos", de los que son víctimas especialmente los inmigrantes que llegan a Barcelona en situación irregular y controlados por las redes organizadas. Por eso, el alcalde anunció que pedirá al Gobierno central que modifique el marco legal para que se pueda pedir la entrada judicial para evitar situaciones de hacinamiento, que existen y que son dificiles de controlar porque el domicilio es inviolable.

El de ayer fue un plenario denso (había 51 puntos en el orden del día) en el que Jordi Hereu, concejal de Seguridad y Movilidad del consistorio, aseguró que la plantilla policial de Barcelona será de algo más de 7.000 agentes a partir del 1 de noviembre: unos 2.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que permanecen en la ciudad, 2.614 agentes de los Mossos d'Esquadra y 2.733 guardias urbanos. El PP y CiU consideran que esas cifras no son reales.