Lamela incumple la normativa estatal para excluir a 7.880 enfermos de la lista de espera

En la gestión de la lista de espera quirúrgica, la Comunidad de Madrid va por libre e incumple la normativa estatal que siguen las otras 16 comunidades autónomas. Así lo sostiene el Ministerio de Sanidad, que considera que el Gobierno regional excluye a miles de pacientes de la lista de espera (7.880 el pasado 30 de junio) para afirmar que ha cumplido con la promesa de la presidenta Esperanza Aguirre de reducir la espera quirúrgica a 30 días. El ministerio ha anunciado que excluirá a Madrid del cómputo nacional de la lista de espera. El Gobierno regional niega que incumpla la normativa.

Sanidad sostiene que la norma es de obligado cumplimiento para todas las comunidades

Aguirre y el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, se encuentran cada vez más solos cuando defienden que en "Madrid nadie espera más de 30 días para ser operado en la sanidad pública". A las críticas del PSOE, IU, UGT y CC OO, que acusan a Lamela de "manipular" la lista de espera quirúrgica, se han unido ahora el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, órgano formado por el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Las discrepancias entre el ministerio y Lamela se centran en cómo el Gobierno regional aplica el Real Decreto 605/2003, por el que el Gobierno central fijó cómo deben contabilizarse las listas de espera en toda España. Este real decreto sostiene que un paciente debe ser incluido en la lista de espera cuando el médico le prescribe una operación quirúrgica. Madrid, en cambio, retrasa la inclusión 30 días, hasta que al enfermo le son realizadas las pruebas preoperatorias.

Fuentes del ministerio recuerdan que su real decreto "es de obligado cumplimiento para las comunidades y cada una no puede desarrollarlo a su manera, porque el objetivo es ofrecer datos equivalentes y comparables de todas las comunidades". "Y el real decreto es muy claro. Ninguna otra comunidad, gobernada por el PSOE o por el PP, ha roto el sistema nacional como ha hecho Madrid", añaden estas fuentes.

La Comunidad de Madrid aprobó una orden, la 602/2004, en la que desarrolló su sistema de gestión de las listas de espera en Madrid. Esta orden es la que establece que un paciente no será incluido en la lista de espera hasta que le han sido realizadas las pruebas preoperatorias, como la del anestesista, para lo que el Gobierno regional se concede un plazo de 30 días. Tras este tiempo, el enfermo será introducido en la lista de espera tenga o no tenga las pruebas hechas.

Esto da al Gobierno regional un plazo real de 60 días para operar a un enfermo: 30 días para las pruebas preoperatorias y otros 30 para entrar en quirófano. Y aunque el enfermo tenga que esperar 60 días, los registros de la Consejería de Sanidad dirán que ha esperado 30, cumpliendo así oficialmente la promesa de Aguirre.

Normativa estatal

Un portavoz de la Consejería de Sanidad de Madrid afirma que la orden 602/2004 "cumple rigurosamente la normativa estatal". "No tiene sentido incluir a un paciente en la lista de espera si no lo ha visto el anestesista, porque éste puede retrasar la operación si el paciente está hipertenso o tiene otra dolencia", sostiene.

El Consejo Interterritorial, que se reunió la pasada semana en Santander para evaluar las listas de espera en toda España con fecha de 31 de diciembre de 2004, rechazó en un primer momento, a iniciativa del Ministerio de Sanidad, los datos de Madrid.

Lamela se quedó solo ante los representantes del ministerio y los consejeros de Sanidad del resto de comunidades. Y se defendió. Pero su argumento no fue que su gestión cumple la normativa estatal, sino que el 31 de diciembre de 2004, fecha de los datos evaluados, Madrid aún no aplicaba su cuestionado sistema de gestión de las listas de espera.

El ministerio aceptó los datos de Madrid dos días más tarde, pero, siguiendo el argumento de Lamela, avisó de que era la última vez que lo hacía. Además, mostró su "preocupación" por que la gestión de Madrid "rompe la homogeneidad con respecto al resto de comunidades", según el comunicado del ministerio.

El sistema de contabilidad utilizado por el Gobierno madrileño excluye mensualmente a miles de pacientes de la lista de espera admitida por la Consejería de Sanidad como oficial.

Según el ministerio, un enfermo sólo puede ser excluido de la lista de espera por dos causas: porque rechaza ser derivado a una clínica privada y prefiere operarse en su hospital público (aunque sea más tarde), o bien porque sufre otra dolencia que, según los médicos, hace necesario posponer la intervención. Este segundo tipo de pacientes son clasificados como transitoriamente no programables.

Pero Madrid, a diferencia del resto de comunidades, también incluye en esta última categoría a los pacientes que están a la espera de acudir al anestesista.

Esto ha tenido un impacto notable en la reducción de la lista de espera regional. A 31 de diciembre de 2004, sólo había en la región 4.653 pacientes considerados como transitoriamente no programables. Tres meses más tarde, cuando Lamela empezó a aplicar su sistema de gestión, esta cifra se había triplicado hasta alcanzar los 13.477. El pasado 30 de junio eran 12.540. Un aumento que coincide con los 7.880 pacientes que el ministerio considera excluidos por Madrid de la lista de espera fuera de la normativa vigente.