Partidismo

El proyecto del estatuto catalán ha levantado una polvareda tal fuera de Cataluña que el asunto ha tenido incluso reflejo en las encuestas de intención de voto aireadas durante el pasado fin de semana por algunos medios de comunicación, entre ellos éste.

Las declaraciones realizadas por los actores políticos y sociales a propósito del alcance del proyecto se reúnen en tres apartados: El de la prudencia, el de la contundencia y el de la ambigüedad. En el primero, están las del PSC y buena parte del PSOE; en el segundo, las del PP, ERC y parte del PSOE; y, en el tercero, quienes responden a las preguntas directas sobre la hipotética inconstitucionalidad del texto con otros tantos interrogantes, es decir, sobre todo, CiU.

Que el partido del Gobierno y sus principales líderes apunten a la prudencia, al diálogo, al estudio sosegado de la propuesta y, en todo caso, a la advertencia de que el límite de la reforma lo marca el actual texto constitucional, no deja de ser un obligado colofón a la ya lejana declaración del presidente Zapatero que aseguraba que haría suyo el texto que aprobase el Parlamento de Cataluña, porque es bastante evidente que lo dicho jamás pudo comprender aquellos aspectos que resultaran diáfanamente inconstitucionales, y, por ello, difícilmente puede acusársele ahora de voluntad de incumplimiento cuando, en última instancia, si se mantuviesen aspectos inconstitucionales en el texto no faltaría quien recurriese al TC para que se pronuncie.

Por ello, la estridente acusación del PP hacia el Gobierno y el PSOE de que es el presidente quien alienta el alcance de la reforma se cae por su peso, pues, ni el Gobierno podía sospechar que el estatuto catalán que se propone al legislativo vendría acompañado del estruendo organizado fundamentalmente por el PP, ni, desde luego, la posición del partido gubernamental va a forjarse a base de palos ante la opinión pública. Más bien parece que el principal partido de la oposición extrema sus acusaciones de complicidad para añadir a su política de oposición argumentos dirigidos también a buena parte del electorado socialista. En ese sentido, el impacto de las hipotéticas responsabilidades del presidente Zapatero en la pretendida audacia del texto catalán, está haciendo mella en la opinión pública, y, además, viene acompañado de la explotación ad nauseam de las declaraciones de ciertos líderes socialistas cuyas posiciones en materia de nación española, soberanía, lealtad constitucional, etc., etc., no distan ni un ápice de las correspondientes -y éstas sí, más unánimes- al PP.

Mientras tanto, y en las filas de los auténticos inspiradores de aquellos asuntos que despiertan mayor reticencia en el debate -CiU y ERC-, unos enfatizan sobre el grado de cumplimiento de las promesas por parte del presidente Zapatero (CiU), y otros advierten de que la voz del Parlament es la de Catalunya, y que un portazo al texto sería un portazo a Cataluña.

Si ERC defiende el texto porque cumple una parte no desdeñable de su programa máximo, CiU parece jugar más a obtener réditos políticos (conflicto entre el PSC y el PSOE + defección de ERC + ruptura del tripartito + convocatoria adelantada de elecciones en Cataluña + ...) que a apuntalar, por fin, un estatuto adecuado a los tiempos que corren.

En el tiempo político que se abre con la propuesta catalana, parece que priman más las estrategias partidistas que el necesario pacto de Estado que puede dar nuevos bríos a la vida en común de catalanes y españoles.