Bancos y cajas pujan por administrar las pensiones de 130.000 funcionarios catalanes

La inminente creación del fondo de pensiones para los 130.000 funcionarios y trabajadores públicos de la Generalitat ha despertado un gran interés entre las entidades financieras más importantes del sector, pertenecientes a bancos y cajas. Se trata del segundo mayor plan de pensiones de España por beneficiarios, tras el de la Administración del Estado, constituido hace poco más de un año, que cubre a casi 510.000 trabajadores. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) dará mañana el pistoletazo de salida para seleccionar quién gestionará el importe inicial, de 38 millones de euros.

El líder del sistema de pensiones de empleo con una cuota del 23,63%, el BBVA, ha confirmado que se presentará al concurso. El banco gestiona un patrimonio de 6.278 millones de euros y cuatro de los mayores fondos de España por partícipes: el de la Administración del Estado, los trabajadores del BBVA (44.141 beneficiarios), Iberdrola (14.432) y la ONCE (11.712 partícipes).

Banco Sabadell, Caixa Catalunya, Caser -la aseguradora de las cajas- y Caifor, filial de La Caixa, también competirán por hacerse con las pensiones de los funcionarios catalanes. Caifor, participada por el grupo financiero belga-holandés Fortis, lidera la previsión de colectivos, con un patrimonio gestionado de más de 12.000 millones de euros entre planes de pensiones y seguros de vida.

Mapfre y Caja Madrid prefieren conocer las condiciones técnicas del concurso, aunque el sector da por hecha su presencia. Mañana podrán salir de dudas, tras el pistoletazo de salida en el DOGC. Las entidades tendrán de plazo hasta el 3 de noviembre para presentar sus ofertas y a finales de mes está previsto adjudicar el plan.

El Gobierno catalán y los sindicatos, de acuerdo con el pacto que alcanzaron a principios de agosto, quieren tener constituido el fondo a mediados de diciembre. El importe inicial es de 38 millones de euros, que corresponden al 0,5% de la masa salarial de los años 2004 y 2005, y se destinará el mismo porcentaje en los tres próximos ejercicios, hasta 2008, a razón de unos 19 millones de euros anuales. Se trata de la implantación del salario diferido en la Administración catalana.

Aunque el patrimonio con el que nace el plan es muy modesto (38 millones de euros), tiene un gran atractivo: su potencialidad de futuro es grande y, además, la entidad financiera (banco, caja o aseguradora) se hace con una gran base de clientes a los que podrá ofrecer otros productos.

Los sindicatos calculan que son unos 7.000 los trabajadores mayores de 60 años, los primeros que se beneficiarán del fondo. La media de edad de los empleados de la Generalitat es de 40 años.

Red y rentabilidad

Las mayores entidades financieras parten con ventaja. Además de la experiencia y el conocimiento propios que proporciona encabezar el sector, ofrecen mayor capilaridad. Especialmente La Caixa, que cuenta con la mayor red de oficinas de España; sólo en Cataluña tiene 1.785. La red comercial es uno de los factores que se tendrá en cuenta en la adjudicación del concurso, para garantizar la proximidad de los partícipes. "Hay que velar por que los beneficiarios puedan estar bien atendidos", explican fuentes del Departamento de Gobernación.

Entre los aspectos más importantes que incluyen las condiciones técnicas del concurso figuran también el nivel máximo de rentabilidad, las comisiones más bajas y que las inversiones sean socialmente responsables. El lugar donde se ubica la sede social de la entidad financiera también se tendrá en cuenta, aunque pesa poco en la puntuación.A diferencia del fondo de la Administración del Estado, gestionado por una empresa participada en el 70% por el BBVA y en el 30% por los sindicatos, la adjudicataria del plan de pensiones de los funcionarios de la Generalitat estará controlada por una comisión de seguimiento paritaria formada por 20 representantes: 10 del Gobierno catalán y 10 de los sindicatos. La comisión ya tiene listo el proyecto de reglamento del plan, que consta de una cuarentena de páginas.

El fondo nace con 130.000 beneficiarios, pero en el futuro pueden ser muchos más. Aunque de entrada afectará exclusivamente a los funcionarios y trabajadores de la Generalitat, excepto los de las empresas públicas -serán partícipes, por ejemplo, los Mossos, pero no los empleados de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV)-, el fondo está abierto a otras administraciones y organismos públicos catalanes; cualquier ayuntamiento, por ejemplo. Igualmente, los trabajadores públicos que lo deseen podrán aportar al fondo su plan de pensiones privado.

Con este plan, que forma parte de los acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la función pública -junto al convenio colectivo, firmado el lunes, y otro pacto de finales de julio sobre prevención de riesgos y salud laboral-, Cataluña se suma al grupo de administraciones y comunidades autónomas con planes de pensiones para sus empleados. Aragón y Asturias han creado sendos fondos y también Andalucía tiene varios planes para sus empleados.