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LA REFORMA DEL ESTATUTO CATALÁN

El PSOE enmendará los principales artículos del Estatuto sobre financiación

Los socialistas plantearán cambios sustanciales en el modelo aprobado por el Parlamento catalán

El Gobierno socialista prepara cambios sustanciales en la parte del articulado del proyecto de Estatuto de Cataluña referido a la financiación autonómica, por entender que el modelo aprobado por el Parlamento catalán supone perjuicios para el resto de las comunidades autónomas y choca con la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA). A juicio del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero, el texto enviado al Congreso por el Parlamento de Cataluña plantea un sistema propio y una relación bilateral entre la Administración central y la Generalitat que podría afectar al interés general.

El Gobierno considera que el nuevo modelo de financiación quebraría el Estado de las autonomías

El Gobierno y el PSOE adelantan que el modelo de financiación que plantea la reforma del Estatuto de Cataluña será el aspecto más enmendado a su paso por las Cortes. Y lo será porque el Ejecutivo de Zapatero juzga que es un modelo confederal, y no federal como dice la Generalitat, ya que su filosofía se basa en conceder a la comunidad autónoma la capacidad de recaudar los impuestos y luego ceder una parte de ellos al Estado. El proyecto sigue con ello la misma filosofía que el Concierto Económico vasco y el navarro, reconocida como excepcional y no generalizable por la Constitución.

Al ser un modelo confederal, quiebra la base del Estado de las autonomías y le niega su función recaudadora y el ejercicio de la solidaridad que corresponde al Estado, según el Gobierno socialista. Es un modelo de financiación que se asimila al de la Unión Europea, que depende de las aportaciones de los Estados, y no del norteamericano, que no plantea la aportación unilateral como lo hace la propuesta del Estatuto catalán.

El Gobierno apuesta por un modelo de financiación que pueda generalizarse a las comunidades autónomas y, por ello, considera irrenunciable el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera como organismo que fija los criterios de reparto a las autonomías. A su vez, la Ejecutiva Federal socialista entiende que cualquier sistema de financiación de las comunidades que se adopte en un Estatuto, por afectar a intereses del conjunto de las comunidades y del propio Estado, "no puede ser abordado y resuelto bilateralmente, sino con participación del conjunto de las partes que conforman el sistema autonómico". Esta opinión será sometida a votación, a iniciativa del PSOE, en los plenos de los ayuntamientos de diferentes ciudades de España.

No obstante, el Ejecutivo aprovechará la propuesta de reforma catalana para "mejorar el modelo de financiación". Un modelo que ya ha cambiado cinco veces, con los Gobiernos de Felipe González y de José María Aznar, y en cuyas reformas "el motor siempre ha sido Cataluña".

La fórmula de reforma que avanza el Gobierno consiste en separar los niveles de la Administración en la recaudación de impuestos, de modo que la autonómica recaude unos y la Administración central recaude sus propios impuestos, como Sociedades e IVA.

El PSOE se presentó a las últimas elecciones generales con un programa electoral en el que proponía modificar la actual LOFCA. Su modelo consistía en dotar a las autonomías de un espacio fiscal propio y para ello dar plena capacidad normativa a las comunidades sobre muchos de los impuestos que ahora gestionan y recaudan pero sobre los que no tienen el cien por cien de competencias.

Los aspectos más controvertidos del texto estatutario aprobado en el Parlamento de Cataluña, son, a juicio de La Moncloa, los que siguen:

- Competencia sobre impuestos. La Ley Orgánica de Financiación Autonómica, cuyo ámbito de aplicación comprende a todas las comunidades excepto Euskadi y Navarra, establece que los recursos financieros de las autonomías están constituidos, entre otras fuentes de ingresos, por impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado a las comunidades (sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; sobre sucesiones y donaciones; sobre el patrimonio; sobre determinados tipos de transporte, sobre el juego, IRPF -33%- e IVA -35%-). La propuesta de reforma del Estatuto establece en su artículo 204.2 que la Generalitat tendrá "capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña, en el marco de las competencias del Estado y de la Unión Europea".

En la actualidad, Cataluña carece de competencias normativas sobre una parte de los impuestos a través de los que se financia. En la mayoría de los casos, tan sólo puede establecer gravámenes o exenciones sobre esos impuestos. Y en el caso del IVA tan sólo recibe el 35% de lo que se recauda en Cataluña sin ningún margen de maniobra sobre el impuesto.

Cuando se aprobó la LOFCA se aclaró que la Administración central no podía ceder a las comunidades capacidad normativa sobre el IVA porque contravendría la normativa europea. Ahora, Cataluña quiere capacidad normativa sobre ese impuesto y además incluye el de sociedades, que no está cedido por la Administración central.

- Fijación de tipos. El Estatuto aprobado en el Parlamento catalán aclara que el ejercicio de la capacidad normativa que Cataluña puede ejercer sobre todos los impuestos estatales incluye "en todo caso la participación en la fijación del tipo impositivo". Esa fijación corresponde ahora a la Administración central.

El Gobierno ha prometido una reforma fiscal con modificación de algunos tramos y tipos, pero en ningún caso ha contemplado la posibilidad de dar participación a las comunidades en este proceso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de octubre de 2005