La mayor vigilancia en Canarias desvía la presión migratoria hacia Ceuta y Melilla

Tan difícil como retener agua en las manos. El blindaje progresivo de las costas del Estrecho y Canarias ha logrado reducir la llegada de pateras, pero al precio de desviar la presión migratoria hacia Ceuta y Melilla, cuyas vallas fronterizas han sido objeto de avalanchas masivas en las últimas semanas. Las estadísticas demuestran que las medidas de control no acaban con la migración clandestina, pero la hace más peligrosa para quienes se embarcan en ella.

En los nueve primeros meses de 2005, un total de 19.451 inmigrantes irregulares fueron detenidos en las provincias andaluzas de Cádiz, Málaga y Granada, en las Canarias y en Ceuta y Melilla. Esta cifra es inferior en un 6,5% a la que se registró en el mismo periodo de 2004 y prácticamente igual a la registrada en 2002 y 2003. La primera conclusión, por tanto, es que no hay -como podría deducirse del enconado debate político- un aumento significativo de la presión migratoria irregular, pero tampoco una reducción sustancial, a pesar de las ingentes inversiones realizadas en los últimos años.

Más que acabar con las pateras, lo que han hecho los radares y cámaras térmicas del SIVE (Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho) ha sido desviar las rutas de la emigración clandestina hacia trayectos cada vez más largos y peligrosos. La implantación del SIVE en Cádiz, en 2002, provocó una drástica caída de las pateras detectadas en dicha provincia, que pasaron de 589 a 157. Pero las pateras no desaparecieron, sino que buscaron lugares de desembarco más discretos en las costas de Málaga, Granada o Almería. En el año 2003 llegó a detectarse una patera en Murcia y, al año siguiente, en Ibiza.

El flujo más importante se dirigió, sin embargo, hacia Canarias, donde en 2002 se detectaron 643 pateras, más del doble que el año anterior.

La respuesta del Gobierno fue la extensión progresiva del sistema de vigilancia inaugurado en Algeciras. En diciembre pasado entró en funcionamiento en la costa de Granada; también se ha implantado en la isla de Fuerteventura y antes de 2008 está previsto que se amplíe a Almería, Huelva, Lanzarote y Gran Canaria. En total, una inversión de 232 millones de euros.

Los efectos de esta actuación saltan a la vista: en los nueve primeros meses del año se han reducido notablemente las detenciones de inmigrantes irregulares en Canarias y, en menor medida, en Granada y Cádiz. En cambio, han aumentado sustancialmente los arrestados en Ceuta y Melilla (el 40% y el 120%, respectivamente).

En las dos ciudades norteafricanas no sólo se ha producido un aumento de la presión migratoria, sino que ésta se ha hecho cada vez más multitudinaria. Hasta finales de septiembre, el salto más numeroso a la valla había sido protagonizado por 300 individuos. En las últimas semanas se ha llegado al millar.

Los expertos señalan que el blindaje de las fronteras españolas ha tenido cierta eficacia con los inmigrantes marroquíes, pero no con los subsaharianos. En virtud del acuerdo de cooperación fronteriza de 1992, Marruecos acepta la entrega inmediata de sus nacionales. Estos saben que, si son sorprendidos sin documentación por las autoridades españolas, serán devueltos a su país. Su objetivo es burlar sistemas de vigilancia como el SIVE.

Por el contrario, los subsaharianos piensan que, si son detenidos en territorio español o rescatados de la patera, España no podrá repatriarlos, pues carecen de papeles y no hay forma de acreditar su nacionalidad. Su objetivo es, por tanto, colarse por cualquier grieta de la muralla y llegar hasta la tierra prometida.

Cuando se levantaron las vallas fronterizas, tomaron la ruta del Estrecho; cuando ésta se fue cerrando, pasaron por Canarias; y ahora que las islas se blindan, regresan otra vez ante las vallas, recrecidas hasta seis metros y coronadas de espino. Lo único que de verdad les asusta es, como ha pasado por primera vez esta semana, ser devueltos a Marruecos.