Aguirre prohíbe por ley talar árboles de más de 10 años

Los árboles de más de 10 años o que tengan un tronco de más de 20 centímetros de diámetro no podrán ser talados. Así lo recoge el proyecto de ley de Arbolado Urbano que ayer aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las obras que se están desarrollando en la capital han supuesto ya el corte de 14.251 ejemplares en los dos últimos años, según la Concejalía de Medio Ambiente. La única excepción que recoge la ley es la de los ejemplares que puedan causar problemas de seguridad para las personas. Si las calles o los parques se ven afectados por obras, deberá procederse al transplante.

El corte de cada especie tendrá que contar con una orden previa del alcalde, que habrá de firmarla tras un expediente en el que quede claro que es inviable otra alternativa. Si al final es talado el árbol, la norma exige que sea plantado un ejemplar por cada año de edad del árbol cortado. Si se desconoce, se establece 50 ejemplares por cada pie talado.

Los ayuntamientos dispondrán de un año para redactar un inventario de todos los árboles del municipio. Deberán incluir el número total, las especies y variedades, sus dimensiones y edades aproximadas, su estado sanitario y la localización exacta. "Los árboles de las ciudades no gozan de ninguna protección legal, señaló la presidenta regional, Esperanza Aguirre.

Riego eficiente

La ley obliga, además, a plantar un árbol por cada plaza de estacionamiento en superficie. Además, los ejemplares deberán disponer de riego eficiente en las nuevas plantaciones. La futura ley prohíbe la poda drástica e indiscriminada de los árboles, salvo que sus copas reduzcan la luminosidad de las viviendas, no haya una distancia de seguridad respecto a tendidos eléctricos o telefónicos o dificulte la visibilidad de semáforos y señales de tráfico.

El proyecto recoge multas entre 300 euros (leves) a medio millón (muy graves). Entre estas últimas está el corte de ejemplares sin autorización. Entre las graves, se hallan las podas inadecuadas.

La Consejería de Medio Ambiente creará un registro de infractores. "La inclusión en este listado condicionará la participación del infractor en toda clase de procesos de licitación convocados por cualquier Administración pública en la Comunidad", aseguró Aguirre.

La diputada de IU en la Asamblea, Marga Ferré, criticó el proyecto: "Aguirre ha mostrado poco respeto por las leyes ambientales en los casos de la M-30 y la M-501 y amenaza con hacer algo similar en El Pardo con el cierre de la M-50. Creemos que su única voluntad es dar esquinazo a las leyes ambientales".