Andorra pide una prórroga para poner fin al vertido de escombros

Andorra tiene previsto solicitar la próxima semana al Gobierno español y a la Generalitat una prórroga del convenio que le permite depositar los materiales procedentes de la construcción, principalmente piedras y tierra, al otro lado de su frontera, en concreto en los vertederos controlados situados en el municipio de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell). El convenio caduca el próximo 31 de diciembre.

En caso de no obtener una moratoria, las autoridades andorranas podrían verse obligadas a paralizar las construcciones durante el invierno por falta de capacidad para gestionar sus propios residuos.

Durante los últimos años han entrado en España una media de 400 camiones diarios, con 20 toneladas de carga cada uno. Según datos oficiales, Andorra exportó durante el año 2004 un total de 1,7 millones de toneladas de escombros, que mayoritariamente fueron a parar a terrenos particulares o municipales, y han llegado a crear un grave problema ambiental en la zona.

Con el fin de acabar con la práctica de los vertidos incontrolados, el pasado mes de abril la Generalitat instaló un punto de vigilancia en la aduana de La Farga de Moles para controlar el contenido de la carga de cada camión y su destino.

Representantes de los gobiernos español, catalán y andorrano acordaron la pasada primavera, en una reunión celebrada en Lleida, que a partir del 31 de diciembre se considerará extinguido el convenio hispano-andorrano que permitía la exportación de estos materiales. El acuerdo obligaba a Andorra a partir de esa fecha a depositarlos gradualmente en vertederos construidos en su territorio.

Andorra sólo dispone en este momento un emplazamiento en Encamp para verter escombros y próximamente tiene previsto aprobar otro en La Massana, con una capacidad para 200.000 metros cúbicos.

Sin embargo, el principal problema es que ambos vertederos resultan inoperantes, ya que están ubicados en cotas muy altas y en invierno los accesos quedan cerrados por la nieve.

Ante esta situación, las autoridades andorranas sólo tienen dos soluciones: conseguir una prórroga del convenio para continuar exportando los residuos a Cataluña o paralizar la construcción durante los meses de invierno, lo que representaría un importante quebranto para la economía del país vecino, ya que el negocio inmobiliario representa el 30 % de sus ingresos.

El ministro andorrano de Medio Ambiente, Antoni Puigdellívol, ha advertido de que si su petición no prospera, se verá obligado a paralizar temporalmente la actividad inmobiliaria. Por su parte, el delegado del Gobierno de la Generalitat en Lleida, Jaume Gilabert, ha señalado que no tiene constancia de que Andorra se plantee solicitar una prórroga del convenio.