El plan de la energía evita definirse sobre la interconexión eléctrica con Francia

La comisión técnica que prepara los documentos que verá el Consell Executiu dio ayer el visto bueno al proyecto de plan de la energía, pero dejó en suspenso la parte que se refiere a la interconexión con Francia. Las negociaciones entre los departamentos de Industria y de Medio Ambiente y los grupos que apoyan al tripartito han producido un texto bastante diferente del inicial. Las enmiendas de ICV han dado como resultado que el porcentaje de energías renovables se eleve al 11% y que se adelante dos años el plazo para el cierre de las nucleares.

El Consell Executiu deberá decidir el próximo martes la redacción definitiva de la parte del plan de la energía de Cataluña que habla de una nueva conexión con Francia. El texto aprobado ayer por la comisión técnica deja abierto el asunto, a falta de una negociación última y de urgencia entre los departamentos de Industria, Medio Ambiente y Relaciones Institucionales.

La voluntad de Industria, cuyo titular es Josep Maria Rañé, era definir la interconexión con Francia como "necesaria" y así figura en los primeros borradores del plan. ICV, en cambio, siempre ha sostenido que la línea no es necesaria. El texto se refiere a ella como "la línea eléctrica de transporte planteada por España y Francia"; en él se sustituye el adjetivo "necesaria" por la expresión "una opción posible" y, sobre todo, se evita la vinculación al proyecto del AVE y al suministro a las comarcas de Girona, aunque se admite que resuelve el problema de suministro y calidad, y que estabiliza el sistema en Cataluña y España.

Al no definirse respecto a la línea, tampoco lo hace de modo explícito sobre los trazados, salvo para decir que no se descarta ninguno y que se prevé la posibilidad de un soterramiento, que podría ser parcial.

Todos contentos

El resultado satisface, al menos en apariencia, a todas las partes: a Industria, porque no rechaza la línea; a Medio Ambiente (cuyo titular es Salvador Milà), que ha trabajado con Industria en la elaboración final del texto, porque ha conseguido introducir no pocas de las propuestas de ICV, y a la formación ecosocialista porque no se incluye la afirmación de que la línea es necesaria. De hecho, la decisión última queda en manos del Ministerio de Industria y su titular, José Montilla, aunque si el proyecto se aprobara con posterioridad al nuevo Estatut, debería consultar con el Gobierno catalán, cuyo dictamen, sin embargo, no es vinculante. Es decir, el Gobierno español tiene las manos libres para proceder, aunque las buenas relaciones actuales apuntan a que no impondría una solución que inflamara el territorio.

Pero la satisfacción de ICV se debe, sobre todo, a las modificaciones del plan en otros aspectos. Por ejemplo, en los referentes a la producción de energía procedente de fuentes alternativas al petróleo y las nucleares, y al cierre previsto de estas centrales. El texto que irá al Consell Executiu recoge 141 medidas que figurarán en un plan de actuación que se aprobará antes de final de año, sin dejar de lado su financiación. Este plan insiste en el ahorro -sobre todo en materia de transporte-, en las energías alternativas y en el adelanto de dos años para el cierre de las nucleares.

No obstante, el cierre de estas centrales podría aplazarse en ese mismo plazo con la condición de que el dinero que se genere en esos dos años se destine a financiar nuevos sistemas de energías renovables.

La redacción final del plan eleva la producción de energía eólica de 3.000 a 3.300 megavatios. La solar fotovoltaica, cuya producción se cifraba en los primeros borradores en 70 megavatios, pasa a 100, y la superficie de placas solares, que inicialmente era de 850.000 metros cuadrados, se eleva a 1,25 millones de metros cuadrados.

Por otra parte, la organización ecologista Greenpeace ha interpuesto ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un recurso contra la autorización que dio el organismo a mediados de agosto para que la central nuclear Vandellòs II pudiera reanudar su actividad, informa Oriol Aymí. Greenpeace considera que el CSN autorizó el arranque del reactor pese a que la planta no había cumplido todos los requisitos que este mismo organismo impuso a los titulares de la planta.