El Gobierno quiere restar fuerza jurídica al término nación con su traslado al preámbulo

El Gobierno pretende que la denominación de Cataluña como nación, que figura en el artículo primero del proyecto de reforma del Estatuto, se retire del articulado y pase al preámbulo del texto, con el objetivo de quitarle fuerza jurídica, según señalan fuentes gubernamentales. El Ejecutivo argumenta que la calificación de Cataluña como nación podría admitirse de modo simbólico, pero no puede generar para Cataluña derechos distintos a los de otras comunidades autónomas. De ahí que la apuesta preferente del Gobierno sea sacarlo del articulado e introducirlo en el preámbulo.

Sevilla propone una "alternativa mejor" al "intento de Cataluña de reformar España"

Éste será una de los puntos de discusión del Gobierno central con el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que ayer mismo insistió en que mantendrá la denominación de Cataluña como nación en el articulado del Estatuto. En la misma dirección se manifestaron el presidente de ERC, Josep Lluís Carod; el de CiU, Artur Mas, y el líder de IU-IV, Joan Saura. Pero este tema, pese a su fuerza simbólica, no será el punto de mayor fricción en el debate que se avecina.

La "preocupación" del Ejecutivo crece en la medida que analiza el texto aprobado el viernes por el Parlamento de Cataluña. Tanto el presidente como los ministros consultados coinciden en que el texto de la reforma es "excesivamente reglamentista y farragoso, con improvisaciones en asuntos clave como el modelo de financiación" y que va a "requerir unas modificaciones de fondo y una negociación muy complicada" en el Parlamento. Es la consecuencia, entre otras, de una negociación final precipitada y "descontrolada". Ni Zapatero ni el primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla, siguieron las negociaciones en el último tramo del debate, del martes al jueves, fecha en que se cerró el acuerdo.

El Gobierno central está identificando las modificaciones prioritarias que presentará al texto de la reforma del Estatuto de Cataluña y sitúa, entre ellas, el rechazo de la Administración única, además de las ya conocidas del modelo de financiación, las leyes orgánicas, las competencias excluyentes así como la defensa de la unidad de mercado y de la Seguridad Social.

El Ministerio de Administraciones Públicas ha encargado a los diferentes ministerios un informe sobre la incidencia que tendrá en sus competencias y en la Delegación del Gobierno en Cataluña la reforma del Estatuto. El texto aprobado por el Parlamento catalán propone, según interpretan fuentes gubernamentales, que la Generalitat se convierta en Administración única de Cataluña, quedando difuminadas la Administración General del Estado y la local en la comunidad autónoma. El Gobierno rechazará esta pretensión a través de las enmiendas al texto. Del mismo modo, defenderá la unidad de mercado y la de la Seguridad Social ante las propuestas que plantea la reforma.

En el terreno de las competencias, el Gobierno central cree que, con la apertura del debate sobre la reforma del Estatuto de Cataluña, está ante una oportunidad única para resolver ambigüedades y delimitar las competencias del Ejecutivo, de las autonomías y las compartidas, apoyándose en la "importante jurisprudencia que ha elaborado el Tribunal Constitucional".

El Gobierno tiene también claro que no aceptará que una comunidad, en este caso Cataluña, recaude todos los impuestos y ofrecerá como fórmula alternativa, generalizable a las comunidades autónomas, la delimitación de "espacios fiscales": unos impuestos, como sociedades e IVA, los recaudará la Administración central, y otros serán cedidos a las autonomías. El Gobierno apelará en defensa de su posición a la Constitución y al interés general, allá dónde el texto constitucional no marque referencia.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, a modo de síntesis, describió la reforma del Estatuto como "una propuesta que responde a ese catalanismo histórico que quiere reformar España para que Cataluña, y todo el mundo, se sienta cómodo". Añadió que a esa propuesta "hay que presentar una alternativa mejor para toda España".

El ministro de Administraciones Públicas dijo que esa alternativa se elaborará en las Cortes, a partir de las enmiendas pactadas y negociadas al texto de la reforma, cuya base inicial serán las que presentó el PSC en el proceso de elaboración del texto en Cataluña. "La alternativa es la de una España plural en la que Cataluña se sienta cómoda, pero también Extremadura, Galicia o Murcia", añadió Sevilla.