No es solidaridad, es igualdad

Desde que la pasada semana el Parlamento de Cataluña votó favorablemente la reforma del Estatuto de Cataluña, el conjunto de los españoles disponemos ya de un texto de referencia sobre el que deberemos pronunciarnos, sobre todo aquellos que en representación de la soberanía del pueblo español ocupamos un escaño en el Congreso de los Diputados.

Son muchas las dudas y críticas que en los últimos días se han venido planteando. El presidente Chaves ya ha hecho un elenco de cuestiones que habrán de modificarse. No obstante, mi interés se centra en una cuestión concreta sobre la que, por mi trayectoria investigadora en la Universidad, he venido estudiando desde hace ya dos décadas. Me refiero a la financiación autonómica.

En la reforma del Estatuto de Cataluña, la propuesta de financiación se regula en los artículos 202 a 214 siendo sus características principales que: 1) La Generalitat se apropia de los recursos procedentes de todos los tributos cedidos por el Estado, incluso de la parte no cedida (IRPF, IVA, especiales...), se atribuye capacidad normativa sobre los mismos y traslada a una Agencia Tributaria de Cataluña toda la gestión, incluso la inspección; 2) después se establece una aportación al Estado de una parte de lo recaudado por dichos tributos, que la fija una comisión paritaria Generalitat-Estado, quedando excluida cualquier participación de un órgano multilateral del tipo Consejo de Política Fiscal y Financiera donde estén todas las Comunidades autónomas; a esta Comisión se le atribuye incluso competencia para determinar el porcentaje de participación de la Generalitat en los Fondos Europeos; 3) Finalmente, se define una presunta "solidaridad" con otras Comunidades como la contribución a la nivelación de los servicios y se fijan los límites de la aportación de Cataluña a esa solidaridad, incluyendo incluso los criterios específicos que nunca podrían ser alterados sin modificar el Estatuto de Cataluña. En resumen, la reforma del Estatuto crea un sistema de cupo encubierto (los puntos 1 y 2 señalados producen un efecto idéntico al cupo), pero además va más allá y blinda el sistema para que la financiación del resto de Comunidades Autónomas se realice según el sistema de "solidaridad" propuesto por Cataluña.

Las críticas que se pueden realizar a la redacción dada en el proyecto de Estatuto son innumerables: de tipo legal/constitucional (al sistema de cupo, a una potestad de la Generalitat de establecer acuerdos tributarios con organismos multilaterales tipo Unión Europea que cuelan de rondón en el artículo 214.1, a la extraterritorialidad de las normativas fiscales catalanas que afecten a los tributos cedidos y a su gestión...) y de tipo económico/fiscal (exportación de la carga fiscal en tributos como el IVA o los impuestos especiales, dificultades en las capacidades de inspección, aumento de la ilusión fiscal, ...).

No obstante, la mayor preocupación del firmante no son estas cuestiones que serán limadas una a una en el Congreso de los Diputados, sino lo que respira el subconsciente colectivo catalán que ha hecho que se recurra al instrumento estatutario de esa forma. Así, el articulado de la financiación es un fiel reflejo de un doble sentimiento: el de frustración por no poder acceder a un sistema similar al foral y la altanería de presumirse más pagadores de impuestos que los demás y por ello estar pagando los servicios que otros recibimos.

En cuanto a la primera, es un hecho cierto que el sistema de cupo está reportando unos ingresos adicionales al Gobierno vasco, no tanto derivados del propio sistema de cupo sino de que los cálculos son defectuosos. Ello da como resultado una aportación deficiente a las arcas del Estado y en consecuencia la obtención de unos ingresos adicionales para las Comunidades forales que no obtienen las demás. Este problema es el que sirve de luz de guía a las ambiciones de la Generalitat de Cataluña y el que ha ido calando en el conjunto de la población catalana con el argumento "¿si los vascos pueden (se quedan con mas dinero) por qué nosotros no?". Argumentación por cierto muy fácil de responder: "porque entonces seríais vosotros unos privilegiados más y la discriminación seguiría existiendo y además para ampliar la aplicación del sistema foral hay que proponer una reforma de la Constitución, no del Estatuto". En esencia pues estaríamos ante una frustración justificada, que muchos estaríamos dispuestos a contribuir a eliminar, pero cuya solución pasaría por la corrección del cupo vasco y no por la extensión del sistema como aparece en la reforma del Estatuto catalán.

En cuanto a lo segundo, es necesario afirmar que es falso que los ciudadanos de Cataluña paguen más impuestos que por ejemplo extremeños o andaluces. Todos pagamos el mismo IRPF, el mismo IVA, etcétera. Un sueldo de 30.000 euros paga el mismo tipo impositivo aquí que en Cataluña y los impuestos de un paquete de cigarrillos son los mismos en Andalucía y en Cataluña, por tanto quien afirme que los andaluces, gallegos, extremeños ... pagamos menos impuestos, simplemente miente (prueba del nueve: ¿a que no conocéis a ningún catalán que haya trasladado su residencia fiscal a Andalucía para pagar menos impuestos? Seguro que a Andorra sí).

La trampa de esta "cuenta del Gran Capitán" está en dos cuestiones: primero, que hablan de "los impuestos soportados en Cataluña" (art.210.c) como si fuera Cataluña la que pagara impuestos, cuando en realidad son los ciudadanos; y segundo, que comparan con la media per cápita que siempre es menor por el simple hecho de que el PIB catalán es mayor que la media nacional y porque la Constitución obliga a un sistema fiscal progresivo.

Pero además, el proyecto de Estatuto se permite atribuir la Generalitat la financiación de los servicios en otras Comunidades mediante su concepto de "contribución a la solidaridad", lo que significa, traducido a un lenguaje entendible, que no es que los ciudadanos tengamos derecho a recibir los mismos servicios con independencia de nuestra residencia (principio de igualdad), sino que en determinados puntos de España podemos acceder a los servicios públicos por la benevolencia de otros (principio de "solidaridad" según el proyecto de Estatuto).

A la luz de todo lo anterior comienza a ser preocupante que ideas en algunos casos falsas y en otros soberbias hayan podido calar hasta el punto de promover un sistema de financiación como el que aparece en la reforma del Estatuto catalán. Un sistema de financiación que se puede calificar de todo menos de progresista y que por supuesto tendrá que cambiar sustancialmente en su tramitación y hacer desaparecer determinados conceptos desafortunados si quiere contar con los apoyos necesarios o al menos con el del que suscribe.

Luis Ángel Hierro es profesor de la Universidad de Sevilla y diputado socialista en el Congreso de los Diputados.