Zenarruzabeitia promete las leyes de liquidación pendientes para los "próximos meses"

La vicelehendakari del Gobiernbo vasco y consejera de Hacienda, Idoia Zenarruzabeitia, se ha comprometido a enviar al Parlamenro vasco los proyectos de ley de liquidación de los presupuestos de los ejercicios que van de 1998 y 2002, ambos incluidos. Zenarruzabeitia no precisa en una respuesta parlamentaria por escrito cuándo lo hará y se limita a apuntar que será "en los próximos meses".

El Gobierno lleva sin presentar estos proyectos de ley desde que el actual lehendakari está al frente del Ejecutivo, ya que el último ejercicio del que se envió fue el de 1997, con lo que el Gabinete debe a la Cámara siete proyectos de ley.

Su presentación está obligada por el artículo 126 de la Ley de Régimen Presupuestario, pero la vicelehendakari opina que "no puede hablarse de incumplimiento legal alguno", alegando que dicha norma no establece un plazo preciso para llevarlos a la Cámara. El Gobierno, según esta argumentación puede presentar esos proyectos de ley con los años de retraso que considere oportuno, en este caso siete, sin por ello incurrir en incumplimiento legal. Esta interpretación difiere, sin embargo, con la de expertos que consideran obligado que el Gobierno lo haga a la mayor brevedad, una vez cerrado el ejercicio presupuestario, para permitir el adecuado control por parte del Parlamento.

Proyectos agrupados

Además, Zenarruzabaitia aduce que el Ejecutivo ha enviado históricamente estos proyectos "agrupados los correspondientes a varios años". En 1987 se aprobaron cinco, en 1994 otros tantos, en 1997 fueron dos y en 2000 uno. El Gobierno está en situación ahora mismo de remitir los proyectos correspondientes a los ejercicios entre 1998 y 2002, ambos incluidos, "lo que efectuará en los próximos meses".

Zenarruzabeitia, que realizó estas apreciaciones en respuesta a una pregunta por escrito de la diputada socialista Joana Madrigal, recuerda que "ni el Estado ni la mayoría de las comunidades autónomas" tienen establecido este requisito y que el procedimiento de liquidación de las cuentas "finaliza con la presentación antes las respectivas Cámaras legislativas, de los informes elaborados por sus correspondientes órganos de control externo", es decir, los tribunales de cuentas. La vicelehendakari insiste en su respuesta en que el Gobierno "cumple escrupulosamente" la normativa, tanto en el envío de documentación como en el cumplimiento de plazos.

Sin embargo, la diputada considera que la inexistencia de plazos no es razón para la acumulación de retrasos de siete años, ni admite como argumento la inexistencia de ese requisito en otras autonomías o en el Gobierno central. "La obligación legal es clara, aquí existe,

nos la pusimos nosotros, tenemos medios para cumplirla". "Por tanto, el Gobierno tiene que hacerlo", señaló Madrigal.