¿Quién puede elegir centro de enseñanza?

Libertad para elegir centro de enseñanza. Esta frase, en apariencia sencilla, encierra la esencia del desencuentro educativo que, durante años, ha mantenido ocupados a los católicos y a los laicos, a la derecha y a la izquierda, a los partidarios de la educación concertada y a los que prefieren la pública. La última muestra de ello es que el PP incluye esta reivindicación entre sus exigencias para alcanzar un pacto educativo, mientras que la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) redactada por el Gobierno socialista se acerca a posiciones más de izquierda. También los obispos recuerdan a menudo la necesidad de garantizar la libertad de enseñanza. Pero, ¿qué es exactamente eso de la libertad para elegir centro de enseñanza? ¿Acaso no la hay en España?

"El concepto de libertad de enseñanza nació hace dos siglos como la posibilidad de crear centros distintos de los estatales. Pero ahora se maneja ligado a la doctrina neoliberal que surge en América en los años sesenta, que proclama la libre competencia entre los dos tipos de colegios para permitir la libertad de elección a los padres. Como no todos tienen capacidad para pagarse el centro privado, exigen al Estado un cheque escolar para que puedan elegir. Ésa ha sido siempre la doctrina neoliberal en educación", explica el catedrático de Historia Comparada de Sistemas Educativos Manuel de Puelles.

Un repaso por comunidades de distinto signo indica que es muy alto el porcentaje de padres que matriculan a sus hijos en el colegio que desean. En Cataluña, por ejemplo, un 92% tiene el colegio que elige en primera opción; un 90%, en Murcia; en Extremadura ronda el 99% en todas las etapas; en Castilla y León andan por el 94%. En Andalucía, el 93% de los padres que quieren colegios concertados logra entrar en el centro elegido. En Madrid, los datos hablan de un 75%.

Los problemas se concentran en las capitales Barcelona, Sevilla y Madrid. En los pueblos, donde no hay más que una escuela o dos, públicas, los padres no pueden elegir. Sin embargo, son las familias que quieren llevar a sus hijos a los centros concertados en las grandes ciudades las que ven mermado su derecho de elección cuando no encuentran plaza, un problema que se ha resuelto a menudo ampliando el número de alumnos por clase más allá de lo que permite la ley. En primaria, los profesores de la pública tocan a 19 alumnos de media, mientras que esa ratio se eleva hasta 24 en la concertada.

¿Qué es exactamente lo que les preocupa a los responsables de la enseñanza concertada y a los padres cuando hablan de elección de centros?

El secretario general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA), Manuel de Castro, concreta, sobre la nueva ley educativa, dónde fundan los temores. Uno de ellos es la obligada reserva de plazas en los centros para los alumnos que se incorporan una vez empezado el curso, por lo general inmigrantes. De Castro se queja de que la reserva de estas plazas, si después no se ocupan, hará perder esos puestos inútilmente a los padres que los solicitaban. El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, asegura que la libertad de enseñanza en España está garantizada por la Constitución, "pero cuando hay un exceso de demanda respecto a las plazas, hay que hacer una programación de la enseñanza para equilibrar el sistema. Nuestra voluntad es negociar los límites de esa reserva de plazas, creo que se está creando un falso problema". En los centros públicos, el 7,8% de los alumnos son extranjeros, mientras que en los privados ese porcentaje es del 3,7%. "Los centros públicos se hacen cargo, por lo general, de la mayoría de los alumnos con necesidades específicas, que suelen llegar una vez iniciado el curso. Hay que equilibrar eso", añade el secretario general de Enseñanza en CC OO, José Campos.

El segundo obstáculo que ven los responsables a la libertad de elección de centro es la aparición en el texto de la nueva ley de las comisiones de garantía de admisión, órganos que supervisarán el proceso de matriculación de alumnos y "garantizarán que se cumplan las normas". "Es para garantizar la transparencia y evitar malas prácticas como el cobro por determinados conceptos que, al final, convierte al centro en el seleccionador del alumnado por la vía económica", explica Tiana. A ese planteamiento responde De Castro con este otro: "Nos tememos que eso se convertirá en un reparto de alumnado, y eso no es elegir libremente".

Zonificación. Esta palabra no les suena bien a los responsables de la enseñanza concertada. Se trata de dividir la ciudad en distritos escolares que sirvan de referencia para aplicar las prioridades en la admisión de alumnos; por ejemplo, la proximidad al domicilio. Esto ya existe, pero la LOE dice que habrá la misma zonificación para centros públicos y concertados, que ahora son distintas. Eso, aventura De Castro, "puede restar libertad a los padres, tanto para elegir un colegio público como privado que no esté en su circunscripción". "Eso es una interpretación errónea", afirma Tiana. "En algunos países, las zonas son cerradas, pero no en España. No es nuestra voluntad impedir la elección de centro", añade Tiana.

De Castro se queja, además, de "la imposibilidad de concertar colegios o aulas en algunas comunidades, sobre todo las socialistas". El catedrático Manuel de Puelles afirma que, efectivamente, el concierto educativo responde a la idea de la libertad de enseñanza, "pero también de servicio público, y esto último no siempre se ha conseguido".