Bilbao reclama que el Gobierno se sume al pacto sobre el gasto social

El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, defendió ayer que el pacto institucional que ha propuesto para definir el gasto social implique también a las otras dos diputaciones y al Gobierno vasco. Tras su primera ronda de contactos con los partidos y Eudel, destacó la "receptividad" a su propuesta, que plantea reducir las aportaciones forales al Ejecutivo para que ese dinero se dedique a servicios sociales.

Bilbao hizo ayer balance de sus dos días de reuniones para perfilar el pacto institucional que defina un nuevo modelo de prestaciones sociales. La iniciativa, formulada la pasada semana en las Juntas Generales y que ha sido consensuada en su partido, el PNV, pretende definir desde el sistema de atención y los servicios hasta la forma de pago del usuario y la financiación. Su puesta en marcha se liga a la revisión de las deducciones fiscales y el cambio en la ley de Aportaciones, que define el reparto de los recursos entre el Gobierno y las diputaciones, de forma que éstas últimas cediesen menos dinero al Ejecutivo.

La máxima autoridad vizcaína recalcó que el pacto no debe ceñirse a Vizcaya, la Diputación que más recauda, sino extenderse a toda Euskadi y reclamó la formación de una mesa con las tres diputaciones y el Gobierno. Aseguró que en este debate "nadie va a quedar fuera" y alertó de la dimensión del problema, ya que la demanda de servicios "se va a disparar" por el progresivo envejecimiento de la población. Sólo en Vizcaya se calcula que en seis años serán necesarias 3.000 plazas residenciales, cuando el plan de infraestructuras en marcha en este territorio incluye ofrecer 1.800 para 2011.

Nueva ronda de contactos

El diputado general anunció una segunda ronda de contactos, probablemente dentro de un mes, previa al debate en las Juntas Generales para la aprobación de normas concretas. Bilbao calificó el momento actual de "adecuado" por la ausencia de elecciones hasta 2007 y dado que el próximo año deben abordarse las reformas de los impuestos de la Renta y Sociedades y la nueva ley de Aportaciones.

Las autoridades vizcaínas explicaron una de las medidas del pacto institucional presentadas, el llamado reconocimiento de deuda para la cofinanciación de las plazas residenciales. Se trata de que la diferencia entre el precio público de una plaza y lo que paga el beneficiario se califique como deuda aplazada, que se pagaría al fallecer la persona con su patrimonio económico o inmobiliario.

El diputado foral de Acción Social, Juan María Aburto, explico que este cobro no se realizaría si en el domicilio reside la pareja del fallecido, hijos menores, con alguna minusvalía o hasta 26 años que estén estudiando o en paro.

Por otro lado, Bilbao terció en la polémica con el consejero de Vivienda, Javier Madrazo, quien le acusó de ser "el portavoz de los constructores" después de que el diputado general criticase la política del Gobierno en esa materia. Bilbao señaló que su partido "conocía las líneas generales" de su discurso y que sus censuras a Madrazo no son "nada nuevo que no hubiera dicho antes".