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Editorial:

Medida de emergencia

Cinco muertos en el masivo asalto de inmigrantes ilegales a la valla de Ceuta marcan trágicamente el clímax de una crisis sin precedentes en las fronteras terrestres de España con Marruecos. Hay un problema inmediato que ha causado ya ocho víctimas mortales en un mes y que exige respuestas urgentes, pero hay otro de fondo que sólo se puede resolver a largo plazo, y es la desigualdad económica entre el continente africano y el europeo, que convierte a las dos ciudades españolas del norte de África en el sifón por donde se cuela la inmigración. Tiene razón el primer ministro marroquí, Driss Jettu, al señalar que la avalancha migratoria no es sólo un problema para España, sino también para Marruecos, donde se acumulan los subsaharianos que intentan pasar a nuestro país.

La decisión de Zapatero de enviar 720 soldados a apoyar la labor de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla responde a la urgencia del caso, pero entraña serios riesgos.

No se puede esperar con los brazos cruzados hasta que terminen en febrero las obras de elevación de las vallas en Melilla y en Ceuta. Posiblemente no hay más efectivos de los que tirar ante la carencia de fuerzas de la Benemérita. Pero si los militares van en una función disuasoria como segundo escalón, es imprescindible que tengan protocolos de intervención muy estrictos. En 1996 los soldados que mandó entonces el recién llegado Gobierno de Aznar frente a una crisis similar iban desarmados. Por el contrario, los que ayer se desplegaron en las dos ciudades autónomas portaban armas. Este extremo resulta preocupante, pues ni los legionarios ni los regulares disponen del material y la formación para unas labores que son esencialmente de orden público y de control de fronteras, y no de defensa nacional o internacional. Es necesario, por tanto, que queden efectivamente subordinados a la Guardia Civil, lo que significa que la cadena de mando desemboque en el Ministerio del Interior, y que el control político sea total. Una militarización del problema podría incluso agravarlo y darle un tinte colonial.

España no está actuando unilateralmente. La decisión marroquí de enviar 1.600 efectivos más a vigilar las fronteras con Ceuta y Melilla es un reflejo de la cooperación que quedó plasmada ayer en la cumbre bilateral en Sevilla. Sin embargo, es igualmente preocupante que estos agentes marroquíes no estén tampoco suficientemente formados para acciones de antidisturbios ni dispongan del material necesario. Debe aclararse rápidamente de dónde procedían los disparos que causaron la muerte a los cinco subsaharianos que perecieron cuando trataban de saltar la valla de Ceuta. Y, más allá de los convenios firmados, es necesario que Europa se vuelque mucho más en ayudar a Marruecos y a otros países a frenar este flujo masivo de inmigración ilegal en sus fronteras exteriores.

En todo caso es perentoria la colaboración entre los dos países en todos los órdenes, pero especialmente en la lucha contra la inmigración ilegal, con un control conjunto "determinado y firme" como anunció ayer Zapatero. La nueva Ley de Defensa, que aún no está en vigor pero que acaba de aprobar el Congreso, no obliga al Gobierno a consultar y pedir la autorización parlamentaria para este tipo de despliegues. Pero Zapatero debe dar urgentemente una explicación detallada de lo ocurrido, de la decisión de enviar tropas a Ceuta y Melilla y de las medidas adoptadas para que tragedias como ésta no vuelvan a repetirse.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de septiembre de 2005