El PP exige 22 años de cárcel para tres policías por detener a dos de sus militantes

El PP ha formulado un escrito de acusación en el que exige penas que totalizan 22 años de cárcel para el comisario y los dos inspectores de policía que detuvieron a los militantes del PP de Las Rozas (Madrid) Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz tras la presunta agresión al ministro de Defensa, José Bono, en el curso de una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en enero. Además de las penas, que en el caso del comisario se elevan a 10 años, el PP reclama que los policías indemnicen a los dos militantes con 24.000 euros, que se destinarían a la AVT.

El PP reclama en su escrito de acusación penas que totalizan 10 años de cárcel para el comisario jefe número 14.296 por supuestos delitos de detención ilegal (tres años y 364 días de prisión y ocho años de inhabilitación especial); falsificación en documento público (cuatro años de prisión y multa de 12 meses y tres años de inhabilitación) y dos años por delito de coacciones.

Para el inspector con carné número 16.259 pide un total de ocho años de prisión, 11 de inhabilitación y multa de 12 meses por detención ilegal y falsificación de documento; y para el inspector número 19.101, cuatro años de prisión, tres de inhabilitación y 12 meses multa, cuya cuantía se fijará según la situación económica de los acusados.

El PP pide también que declaren como testigos en el proceso el ministro de Defensa, José Bono, el de Interior, José Antonio Alonso, así como el director general de Policía, Víctor García Hidalgo, el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, el jefe superior de Policía, y 12 inspectores.

El escrito de acusación del PP difiere sustancialmente del presentado por el Ministerio Fiscal, sobre todo en lo tocante a si el ministro José Bono fue agredido o no en el curso de los incidentes de la manifestación.

Así, mientras el escrito de acusación reproduce testimonios de policías que manifiestan que "en ningún momento" observaron agresión alguna contra Bono, aunque admiten "discrepancias y descalificaciones", "gritos e insultos" y "zarandeos y empujones", el fiscal -que ha pedido el sobreseimiento- detalla que entre los insultos se oyeron los de "asesino" y "apóstata de la Iglesia" mientras se producía una situación de "violencia extrema" hasta el punto de que en algunos momentos los policías se vieron superados "por la gran cantidad de personas que intentaban agredir con manos, pies y algunos objetos contundentes al ministro". En el curso de los incidentes resultó herido, según el fiscal, un policía que tuvo que ser asistido médicamente, mientras que, según el PP, el parte médico de asistencia a ese funcionario está "plagado de irregularidades".

El PP señala que el martes 25 de enero de 2004, sobre las doce de la mañana, los militantes de Las Rozas Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz fueron conducidos a comisaría pese a que "no se podía atribuir a ninguna persona actuación alguna que fuese constitutiva de delito". Allí no se les dio ningún tipo de razón para tomarles declaración como "detenidos". El inspector número 16.444 puso reparos, por lo que el jefe de sección le dijo que "lo hicieran o iban a tener problemas". Ante la negativa del inspector 16.444 a dejar su puesto de instructor de las diligencias, el comisario imputado le dijo, según el PP, que estaba cesado como instructor y jefe de grupo y que abandonara el despacho inmediatamente. Después, un nuevo instructor y secretario reconstruyeron las diligencia a partir de la inicial, en lo que el PP ve delito de falsificación del atestado.

El fiscal, sin embargo, opina que existió causa legítima suficiente para proceder a la detención de "aquellas personas que hubieran podido tener intervención en los insultos, empujones, zarandeos y agresión" a Bono. Barrios y De la Cruz fueron identificados por el secretario general del PP en Las Rozas en unas declaraciones a la cadena SER, y en los vídeos aparecen "en situación de acometimiento, tanto por los gestos y expresiones como por el hecho de que Barrios, en algunos fotogramas, aparece portando un palo".

Sobre la presunta falsificación del atestado, el fiscal explica que el único que existe en sentido estricto es el que finalmente sale de la comisaría al juzgado siempre que recoja verazmente lo declarado.