Las inversiones en las comunidades centrarán el debate parlamentario

La inversión del Estado en 2006 ascenderá a 25.118 millones de euros, con un crecimiento interanual del 6,2%. Pero ese incremento se reparte de manera desigual entre comunidades autónomas: alcanza tasas en torno al 40% en Navarra, Aragón y Murcia y, en general, supera las cifras del ejercicio anterior en 15 de las 17 comunidades. Las dos excepciones en las que desciende la inversión estatal respecto a 2005 son Baleares y el País Vasco, según se desprende de los datos sobre distribución territorial de la inversión pública incluidos en el proyecto de Presupuestos.

La regionalización de las inversiones ha sido, tradicionalmente, uno de los "tabúes" de los Presupuestos, como reconoció ayer el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes. En juego están tanto la aritmética parlamentaria necesaria para la aprobación de las cuentas públicas como las suspicacias que alientan algunas comunidades, en función del signo político de los Gobiernos autónomos.

En la presentación de las cuentas públicas de 2006, Solbes subrayó que el Ejecutivo ha llegado a acuerdos sobre las "líneas generales" con varios partidos políticos, pero no sobre cantidades específicas de inversión pública estatal en determinadas comunidades. El vicepresidente y ministro de Economía salió así al paso de las acusaciones acerca de posibles ventajas que puedan obtener las autonomías de la órbita socialista o las que gobiernan partidos cuyo concurso es fundamental en el trámite parlamentario.

A la pregunta de si los Presupuestos aportan más dinero a Cataluña, Solbes argumentó que las cifras de 2006 suponen más recursos para esta comunidad, pero también "para Aragón, la Comunidad Valenciana, Murcia y prácticamente todas las autonomías, en función de las necesidades y de las prioridades de Gobierno".

Por comunidades, las inversiones reales realizadas por el sector público administrativo (Estado, Seguridad Social y otros organismos públicos) y el sector público empresarial (Renfe, Aena y Puertos del Estado, entre otros) alcanzarán el próximo ejercicio los mayores crecimientos en Navarra (41,1%), Aragón (39,9%) y Murcia (38,6%). En cifras absolutas, el mayor volumen de inversión será para Andalucía (más de 3.000 millones, con un alza del 2,1%), Cataluña (2.820 millones, el 3,8% más) y Madrid (2.593 millones y un incremento interanual del 8,4%).

Pacto con los socios

Respecto a los datos relativos a Cataluña, el Ejecutivo ha pactado recientemente con sus socios parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC) e Izquierda Verde (IV) mejoras sustanciales para esta comunidad, con un peso del 17,5% en las inversiones del Ministerio de Fomento. Finalmente, ese porcentaje se situará en el 18,5%, según los cálculos de los socialistas catalanes, con una inversión en infraestructuras de 2.551 millones, el 10,5% más que en 2005. Sin embargo, el total de la partida de inversiones crece menos del 4%, y el peso sobre el total de la inversión del Estado se sitúa en el 14,5% -cifra que alcanza el 15,5% si se suman transferencias de 40 millones para financiar inversiones del transporte metropolitano de Barcelona y otras partidas-, lejos del peso económico de Cataluña en el conjunto del Estado, que asciende al 18,5% del PIB.

Los incrementos interanuales superan la media estatal en todas las comunidades gobernadas por el PP: además del alza del 8,4% de Madrid destacan las de la Comunidad Valenciana (18,6%); Murcia (38,6%); La Rioja (29,4%), y Castilla y León (12,78%). En Navarra -gobernada por UPN, partido hermano del PP-, el aumento respecto a las cifras de 2005 supera el 40%.

Solbes explicó que la territorialización de las inversiones debe hacerse con grandes cautelas. Advirtió de los riesgos metodológicos que conlleva la comparación de las cifras plurianuales de inversión estatal entre territorios. "Las grandes inversiones", puso como ejemplos los aeropuertos o el tren de alta velocidad, "no son recurrentes, y por lo tanto las comparaciones no son coherentes". Y subrayó, además, que los beneficios de las inversiones en un territorio "no recaen únicamente en ese territorio".

Ante las críticas vertidas el pasado año por partidos e instituciones de varias autonomías, señaló que tampoco tiene sentido hacer comparaciones en función del PIB o de la población de las comunidades, por la diferente distribución competencial.