Una fábrica incontrolada de dinero negro

Dos adultos mantienen una relación sexual tras convenir un precio, ¿dónde está el problema? La prostitución sólo es rechazable si utiliza a menores de edad, a personas forzadas o si se mezcla con drogas ilegales, según el trío de valores proclamado por la Asociación de Empresarios de Clubes de Alterne (Anela), que hace guiños a la clase política respecto a los beneficios que tendría para el fisco una regulación de sus actividades, rodeando así de respetabilidad sus negocios y diferenciándose de la "extensa amalgama de tugurios que operan al margen de la ley".

En paralelo, la patronal del alterne se ha dirigido al Congreso de los Diputados con la solicitud expresa de que se prohíba la prostitución ejercida en los pisos urbanos y en las calles, alegando las molestias causadas al vecindario y la presencia de bandas en esos sitios. Fuentes de Anela presentan la actividad de sus locales como una "variante de la hostelería", donde las chicas "van y vienen libremente" y cobran a los clientes lo que ellas quieren por sus servicios como meretrices. Las mismas fuentes de Anela acusan a otros "empresarios sin escrúpulos" de generar un caldo de cultivo para las mafias y de provocar así a la policía.

La ley sueca ha sido reformada para cortar toda posibilidad de comprar servicios sexuales

Los clientes pagan miles de millones de euros que van casi enteros a la economía sumergida

El Gobierno da prioridad a la lucha contra la trata de mujeres

La patronal del alterne avisa de un descontrol de la prostitución si se cierran sus locales

¿Cuánto dinero hay en juego? Según una encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), 606.600 varones de 18 a 49 años usaron servicios de prostitución en el año previo a la realización de las preguntas (2003). El dato permite efectuar una aproximación económica: calculando por lo bajo, 60 euros de gasto medio por cliente, y en la hipótesis de un uso semanal, este colectivo de varones supera los 1.800 millones de euros anuales de gasto en servicios sexuales. Una estimación más afinada exigiría tener en cuenta también a la población menor de 18 años y a los mayores de 50, además del efecto del turismo sexual.

Los precios de la prostitución no suben porque "hay muchísima oferta, pero la demanda no crece", según un buen conocedor del sector, razón por la cual los precios se mantienen "más o menos igual que hace años". Hay menos a repartir entre más. Se comprende la presión sobre los políticos para la regulación.

Dinero que no se puede declarar

Por supuesto que éste no es el único sector de la economía subterránea, pero sí el que funciona de un modo más visible. Prostituirse no es delito, por lo cual los que gestionan el ejercicio de esa actividad tienen interés en que parezca que ellas son autónomas. Y ese dinero ni siquiera puede declararse, porque no hay mecanismo administrativo para ello: sólo la parte hostelera de esa actividad funciona con los parámetros de un sector económico más. La prostitución es un territorio al que no llega el Estado de derecho; las personas que prestan los servicios sexuales no tienen a quién reclamar contra los abusos y, a la vez, se trata de un negocio que genera una masa importante de dinero negro, por el momento bastante repartido.

Ningún Estado europeo puede presumir de saber lo que sucede en los bajos fondos, pero algunos lo intentan. Por ejemplo, Francia: en principio, los ingresos de la prostitución en ese país "están sometidos a impuesto en la categoría de beneficios no comerciales", explica la investigadora Matiada Ngalikpima, autora de una detallada comparación de legislaciones (L'esclavage sexuel) publicada por la Fundación Scelles, que dispone en París de un buen centro documental sobre la prostitución.

Se dan casos en que la Hacienda francesa trata esas sumas como ingresos de personas físicas "cuando la prostituta reconoce encontrarse bajo la dependencia manifiesta de un proxeneta", lo cual "es poco frecuente", según la investigadora aludida. "Lo normal es que la obligación de declarar sea la consecuencia de una inspección de Hacienda, que exige el cobro salvo que el afectado se comprometa a reinsertarse en la sociedad". Al proxeneta nunca se le perdonan los impuestos. Estos procedimientos han suscitado críticas por parte de sectores contrarios a cualquier reconocimiento administrativo de la prostitución; otros los defienden como intentos de restringir el chapoteo del dinero en la economía sumergida.

Circulan estimaciones de cifras de negocio en España que oscilan entre los 12.000 y los 18.000 millones de euros anuales para el sector, que fueron manejadas a lo largo de los trabajos de una comisión del Senado que estudió el tema de la prostitución durante la legislatura anterior.

En junio pasado, Anela colgó de su página en Internet un escrito enviado al Congreso de los Diputados, en el que pedía la regulación del alterne y de la prostitución y advertía de los riesgos que corren las instituciones en caso de que den pasos en sentido contrario. Si se prohíben los locales de alterne "nos encontraríamos con que las mujeres y hombres que hoy por hoy se dedican al trabajo sexual tendrían que buscar nuevos lugares para su práctica", avisaba Anela, que en ese mismo escrito mencionaba la cifra de "400.000 personas" que ejercen la prostitución en España.

"Ahora hagan sus cálculos", continuaba el texto de Anela. "Imagínense la cantidad de pisos en todas las ciudades españolas [que serían] ocupados exclusivamente para la práctica de la prostitución las 24 horas del día, mientras las familias van y vienen de los colegios con sus hijos o mientras ellos intentan dormir. Las asociaciones vecinales se echarán otra vez a la calle".

Alterne y "patriotismo"

La patronal del alterne existe desde 2001. Su secretario general técnico y jefe de los servicios jurídicos de la entidad, José Luis Roberto, es una persona conocida por sus actividades políticas. Concretamente, preside el partido España 2000, autodefinido como "populista, social y democrático", que convoca una marcha "patriótica" en Valencia para el próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad. El partido destaca la necesidad de manifestar "el orgullo de ser español" y anuncia que se está confeccionando "la bandera más grande de España", superando así la que se encuentra instalada en la madrileña plaza de Colón. El acto está siendo convocado por Internet con un vídeo montado sobre el canto del himno nacional con la letra utilizada en tiempos del dictador Francisco Franco. Los organizadores y la Delegación del Gobierno en Valencia forcejean sobre el itinerario y otros detalles, que dependen ahora de una decisión judicial.

Preguntado por la coincidencia entre sus tareas en la patronal del alterne y en el partido España 2000, José Luis Roberto contestó ayer: "¿Y qué tienen que ver mis actividades políticas con la prostitución? Fuera de mi trabajo, la Constitución me ampara para tener las ideas que me parezcan oportunas y presidir lo que quiera".

En caso de que las Cortes abran el debate sobre la regulación del alterne y de la prostitución, igualmente solicitado por Anela a los 17 Parlamentos autonómicos -varios de los cuales han contestado que van a estudiarlo-, los jefes de Anela se declaran dispuestos a reconocer una relación laboral con las personas que "incentiven el consumo de copas" (alterne), pero no con la prostitución propiamente dicha, que debe ser "un trabajo por cuenta propia".

La regulación de derechos laborales y sociales es el caballo de batalla de algunos grupos de personas que se dedican o se han dedicado a la prostitución. Son minoritarios, como reconoce Justine Abellán, que pelea para construir un sindicato de trabajadores y trabajadoras del sexo en Comisiones Obreras. No está nada de acuerdo con los sectores que quieren abolir la prostitución: "Lo que reivindicamos es el derecho a elegir trabajo", argumenta, "porque si lo que molesta es la explotación, también existe en el textil, en la hostelería, en el campo; hay personas con titulaciones que no pueden ejercer".

A su juicio, la legalización del trabajo sexual lograría "que la situación irregular se termine y sería más fácil luchar contra las mafias y el tráfico de personas". En cuanto al tratamiento policial del problema, "lo único que se consigue es la indefensión de las personas a las que se pretende defender", opina.

Un tema difícil para la política

La respuesta legal a las diferentes propuestas de regulación es objeto de cálculos por parte de la clase política. Durante la legislatura anterior, bajo gobierno de José María Aznar, una comisión del Senado trabajó sobre el problema del tráfico de seres humanos para explotación sexual y concluyó que hacía falta organizar un plan integral. Pero hubo otra comisión -citada anteriormente- volcada específicamente en el estudio de la prostitución que se disolvió sin emitir informe ni recomendación alguna.

"No dio tiempo a terminar todas las comparecencias que teníamos previstas", explica Cristina Klimowitz, la ex senadora del Partido Popular que presidió la comisión. Fátima Aburto, representante socialista en la misma, no está de acuerdo: "Insistimos al Partido Popular para que al menos hiciéramos un informe parcial de lo actuado". La ex parlamentaria del PP sostiene que "el reglamento del Senado no permite la fórmula de los informes parciales" y pellizca al Gobierno de Rodríguez Zapatero por no haber continuado la labor de esa comisión en esta legislatura. La socialista Fátima Aburto estima que estuvo clara la voluntad del Partido Popular de no abordar una propuesta de solución cuando estaba en el poder: "Todos los demás partidos estaban de acuerdo en emitir un informe parcial", afirma. "Fue evidente el retraso que se introdujo en las tareas de la comisión: en el primer año de trabajos nos reuníamos dos veces al mes y, cuando pedimos hacerlo una vez a la semana, como se hizo en la comisión contra el tráfico, pasamos a una vez al mes".

Cataluña es la única comunidad que tiene un reglamento de locales de prostitución y la forma de obtener licencias municipales para ellos, promulgado cuando Jordi Pujol era aún el presidente de la Generalitat. "Todo aquello que no está legislado vive en la clandestinidad, y eso no conduce más que a la sobreexplotación", sostiene Montserrat Tura, consejera de Interior en el actual Gobierno de Pasqual Maragall.

"Los poderes públicos no pueden permitir un mundo tan horrible", afirma Tura. Pero elaborar una ley integral llevaría mucho tiempo de trámites y búsqueda de consensos políticos, por lo cual a la consejera catalana de Interior le parece conveniente afinar la regulación actual, con objeto de "asegurar la voluntariedad" de los que se prostituyen: "Que dependa de ellos mismos y de nadie más. Tenemos que reducir la prostitución y castigar a los que recurran a usos que no están autorizados". Por instrucciones de la consejera, los Mossos d'Esquadra efectúan controles de la prostitución en carreteras y áreas de servicio, al tiempo que la Generalitat batalla jurídicamente contra ayuntamientos que dan licencias sin atenerse a las normas vigentes.

"Da igual que la persona prostituida consienta o no; obtener beneficios de la prostitución está sancionado en todos los casos", replica la abogada María José Varela, autora del recurso presentado por siete asociaciones precisamente contra la reglamentación de los prostíbulos catalanes. Su postura se basa en la Convención de Naciones Unidas para la represión de la explotación de la prostitución, que se encuentra formalmente en vigor, además de la propia legislación española contra el que se lucra de la prostitución de otras personas. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se espera para 2006.

Prioridad: luchar contra las mafias

¿Qué va a hacer el Gobierno de Rodríguez Zapatero? Por el momento, la única decisión tomada es la presión policial contra las bandas de traficantes. Sobre los demás aspectos, expertos del PSOE llevan meses discutiéndolo. Regular la prostitución afectaría en realidad a poca gente, porque si el 90% de las prostitutas son inmigrantes sin permiso de trabajo ni de residencia, la reglamentación serviría de poco.

La secretaria de Igualdad en la ejecutiva federal del PSOE, Maribel Montaño, propone un "compromiso social por la desaparición de la prostitución". Comprende a los que insisten en regular la prostitución con la finalidad de mejorar la situación de las personas que lo ejercen; y se muestra consciente de que será necesario un Plan Nacional de Inserción para las personas que ejercen esa actividad. Pero añade: "Entre los valores que defendemos se encuentra la lucha contra la explotación, sea cual sea; en ningún caso su regulación".

Nadie cree que el Gobierno se ponga a cerrar garitos ni a deportar a decenas de miles de personas que están en condiciones irregulares. La europarlamentaria socialista Elena Valenciano dice: "Hay un debate posible sobre la legalización de la prostitución, pero antes hay que desmontar el tráfico ilegal".

Carme García Suárez conoce las dudas que atraviesan a los grupos parlamentarios. Esta diputada de Izquierda Verde-Iniciativa per Catalunya batalló para abrir el debate en el seno del Congreso de los Diputados; lo que finalmente se aprobó fue una petición al Gobierno para lanzar el plan integral de lucha contra el tráfico de mujeres y abordar un informe completo.

Pilar Dávila, que dirigió el Instituto de la Mujer cuatro años durante el Gobierno de José María Aznar, recomienda a la sociedad hacer un esfuerzo para ofrecer salidas a todas esas personas que están atrapadas en la prostitución "y que se dedican a eso porque en realidad no les queda otro remedio", solución que debería alcanzar "tanto a españoles como a extranjeros implicados. Sí, ya sé que es muy difícil", reconoce.

La sociedad española no parece preparada. Al contrario: pagar a una prostituta sigue siendo un acto banal. Frente a las propuestas de legalizar la prostitución y las resistencias de los que se niegan a todo reconocimiento administrativo de esa actividad, puede ser interesante observar los resultados obtenidos por la experiencia de Suecia, el único Estado que criminaliza la compra de servicios sexuales.

¿Qué ha hecho Suecia para merecer el apoyo de la Iglesia dirigida por Benedicto XVI y, simultáneamente, el de grupos feministas de corte laico? "En Suecia no está permitido comprar a nadie para que preste servicios sexuales, de la misma manera que no se puede asesinar ni violar a nadie", explicó Gunilla Ekberg, la coordinadora del Plan de Acción Nacional Sueco contra la prostitución, durante una visita a Madrid el pasado día 19.

Bajo la ley 408/1998, que entró en vigor el 1 de enero de 1999, la compra de servicios sexuales -o el intento de hacerlo- constituye un delito castigado hasta con seis meses de cárcel, aunque lo más frecuente es que los casos se salden con multas.Por si faltaba algo, la ley "contra los prostituidores" ha sido endurecida este año para castigar también al que abone servicios sexuales a clientes distintos del propio pagador. "Esto se ha hecho para cerrar el coladero de las fiestas donde se consumen servicios sexuales pagados por alguien que no asiste a ellas, y también de empresas que sufragan servicios de prostitutas como una atención para sus ejecutivos", informa Gunilla Ekberg.

Denunciados 900 clientes en Suecia

Durante los cinco primeros años de vigencia de la norma, un total de 914 hombres fueron denunciados por ese delito, de los cuales 234 habían sido condenados hasta finales de 2003 (no hay datos más recientes). El hombre más entrado en años de los denunciados tenía 70, y el más joven, 16; la edad media de los compradores de sexo perseguidos por la ley es de 44 años.

Esto sucede en un país menos poblado que España (10 millones de habitantes) y con niveles de prostitución mucho más moderados (unas 2.500 mujeres ejercían esa actividad en 1999, el primer año de vigencia de la ley). Siempre según la coordinadora del Plan Nacional Sueco, las medidas contra los clientes han reducido sensiblemente la prostitución callejera. El comercio sexual en sí no ha sido erradicado, pero el mercado ya no rinde como antes.

Un policía español especializado en este sector sonríe ante la evocación de tales medidas. "Aquí se hará lo que diga el Estado, pero si hay que aplicar esas normas, habría que detener a cientos de miles de hombres". No se quedan aquí las diferencias. entre los dos países: hay que tener en cuenta el contexto social y político. Así, el Parlamento que aprobó la ley sueca contaba con un 43% de mujeres.

Una certeza parece abrirse paso entre tantas dudas: cuando las sociedades aceptan la incorporación masiva de la mujer a la política, asuntos que siempre se han considerado obvios -por ejemplo, "el oficio más viejo del mundo"- súbitamente pasan a ser discutibles.