Bodas gays, derecho fundamental o garantía institucional

Dirimirá el Tribunal Constitucional, provocará un revuelo político y aliviará muchas cabezas. Incluso entre los expertos jurídicos en la materia. El PP anunció la semana pasada un recurso ante el Constitucional sobre la ley de matrimonios homosexuales, trasladando así el debate al terreno jurídico. Pero tampoco ahí las cosas están claras. Entre los catedráticos en derecho eclesiástico y familiar, los partidarios de las bodas gays se limitan a augurar la constitucionalidad porque lo ven como un "derecho fundamental para cualquier persona". Los opositores sostienen que el matrimonio es, fue y debería seguir siendo una "garantía institucional" definida históricamente entre un hombre y una mujer.

Catedráticos en Derecho Eclesiástico de toda España se reunieron la semana pasada en Carmona (Sevilla), convocados a un curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide, para debatir sobre nuevos "modelos familiares". El coordinador del curso, José María Contreras Mazarío, se remite inmediatamente a lo expresado literalmente en el ahora cuestionado artículo 32 de la Constitución. "El texto lo que dice es que el matrimonio es un derecho fundamental de toda persona y, por tanto, eso es independiente de su sexo, sea hombre o mujer. No dice que se tienen que casar exclusivamente entre ellos".

Josep Maria Martinell, de la Universidad de Lleida, se muestra optimista sobre el enorme grado actual de aceptación de la regulación de los homosexuales incluso en los sectores más conservadores. Opina que el matrimonio homosexual será constitucional, porque no existe para su concreción ningún "impedimento, ni absoluto ni relativo", aunque también ve factible la constitucionalidad de las uniones civiles o de otras posibles definiciones. Como Contreras Mazarío, se apoya en que el artículo 32 no específica que el matrimonio tenga que ser heterosexual. "En la Constitución no está todo, ni tiene que estarlo". Este experto en derecho familiar admite, eso sí, que se podría haber optado por otra solución si en España los homosexuales no partiesen de una situación histórica de tanta discriminación social.

En el otro bando, respaldado por los informes consultivos que reclaman un más amplio debate social del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Rafael Navarro-Valls mantiene que será inconstitucional la nueva norma sobre el matrimonio "porque pretende suprimirlo o vaciarlo de contenido propio". Navarro-Valls, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Complutense y experto matrimonial, ha estudiado "la mente y las intervenciones" de los constituyentes cuando redactaron el artículo 32 de la polémica e interpreta que "ese momento fundacional recoge el sentido propio de instituciones preexistentes como el matrimonio heterosexual". Valls rechaza el argumento a favor de la equiparación de derechos, por su subjetividad, y defiende que "no se puede alterar el matrimonio con otras figuras". El catedrático Gregorio Delgado, de Baleares, sostiene que la norma será constitucional, pero añade, además, que "la concepción de la familia en el ordenamiento español no tiene que ser sinónimo de las ideas de la Iglesia católica, sino que debe aplicar principios de igualdad y equiparación de derechos".

La catedrática de la Complutense Ana Fernández Coronado insiste en que la redacción vigente en la Constitución es abierta porque los constituyentes ni se imaginaban el debate actual, pero también sostiene que el espíritu de la Carta Magna "es muy personalista, defiende los derechos de las personas y tiende hacia la igualdad y la equiparación, por lo que la ley será constitucional".