El líder de Sendero Luminoso será juzgado hoy en Perú por 34.500 asesinatos

Todo está listo para que se inicie hoy el juicio civil contra Abimael Guzmán y los dirigentes de Sendero Luminoso, la organización subversiva a la que la Comisión de la Verdad responsabiliza de 34.500 de las 69.000 víctimas -entre muertos y desaparecidos- de la guerra larvada en los años ochenta y noventa. Se estima que el proceso puede durar cinco meses. El autodenominado Presidente Gonzalo, de 70 años, fue capturado en septiembre de 1992 y recluido en una celda especialmente construida para él y sus huestes en la base naval del puerto peruano El Callao.

Eran los tiempos del Gobierno del hoy prófugo Alberto Fujimori. Guzmán fue juzgado y condenado a cadena perpetua por un tribunal militar. Nunca vio a sus jueces, pues la ley facultaba entonces la existencia de tribunales militares sin rostro. En 2003, el Tribunal Constitucional declaró nulo ese proceso y ordenó que fuera juzgado de nuevo por un tribunal civil con todas las garantías de la ley.

Al año siguiente, en noviembre, el proceso civil se suspendió debido a la falta de experiencia de Dante Terrel, juez responsable del caso, y por la astucia de Guzmán en dilatarlo. Hoy, 10 meses después, Guzmán volverá al banquillo de los acusados. Esta vez se enfrenta a cargos de terrorismo agravado y de asesinato.

El primero de los cinco sumarios, el 560-03, corresponde a su captura en septiembre de 1992, que permitió la incautación de gran cantidad de informes de la dirigencia senderista sobre sus acciones, asesinatos y el número e identificación de militantes en el país. El segundo, el 04-93, se refiere a los asesinatos selectivos ordenados por Guzmán, así como los ataques a bancos, embajadas y puestos policiales. El expediente 23-05 está dedicado a la masacre del distrito de Santiago de Lucanamarca, en las lejanas tierras ayacuchanas, ocurrida en abril de 1983. En esa fecha, Guzmán ordenó el asesinato de 65 campesinos, entre los que habían ancianos, niños y mujeres embarazadas, en venganza porque los lugareños habían matado a un senderista. Los expedientes 177-93 y el 105-95 corresponden a la utilización de una academia preuniversitaria como fachada para captar militantes y el que se refiere a la utilización del periódico El Diario para propaganda.

El fiscal Edgar Chirinos pide cadena perpetua para Guzmán y para los 10 integrantes de la cúpula de Sendero, y 25 años de prisión para 13 mandos medios. Todos ellos, dice Chirinos, planificaron las acciones mediante cuatro formas de lucha: aniquilamiento selectivo, combate guerrillero, sabotaje y agitación y propaganda, con el objetivo de crear terror y desestabilizar al Estado.

Ha presentado, además, 50 testigos y 40 vídeos que registran los miles de atentados, asesinatos, emboscadas atribuidas a Guzmán y sus seguidores durante los años ochenta y noventa, el periodo más violento.

Guzmán tiene entre sus ex seguidores a uno de sus más fuertes detractores. Se trata de Óscar Ramírez Durand, alias Feliciano, número tres en la organización subversiva. Feliciano es uno de los 24 acusados. En una entrevista publicada ayer en el diario El Comercio, Feliciano confirma que Guzmán ordenó la matanza de los campesinos en Lucanamarca como una "acción de escarmiento".

También hace referencia a la debilidad del presidente Gonzalo por las mujeres. Óscar Ramírez recuerda que en el 2002 Guzmán le dijo: "¿Se imagina usted qué pasaría si me separan de Miriam [alias de Elena Iparraguirre, número dos de la organización]". Feliciano dice que confirmó lo que Vladimiro Montesinos -otro de los presos de la Base Naval- le dijo sobre Guzmán. "Éste no puede vivir sin la mujer; ésa fue la clave para quebrarlo". Guzmán e Iparraguirre compartieron la misma prisión desde su captura en 1992. Ése fue uno de los privilegios que obtuvo por allanarse a la firma del llamado Acuerdo de Paz durante el Gobierno de Fujimori. La pareja fue separada el año pasado.