Medio Ambiente podrá parar la producción de las empresas contaminantes
El Plan de Acción Medioambiental para el Campo de Gibraltar, que establece medidas de carácter inmediato para reducir los niveles de dióxido de azufre (SO2) existentes en la zona, ha entrado en vigor. El programa pretende minimizar la contaminación que generan las industrias instaladas en la zona.
La normativa prohíbe la utilización de combustible con un contenido superior al 1% de azufre en todas sus instalaciones. Asimismo, establece sistemas preventivos para que los niveles de contaminación nunca superen los valores permitidos.
El plan obliga a las empresas a introducir de forma inmediata las medidas oportunas para disminuir las emisiones. En aquellas situaciones en las que persista la superación de estos niveles, Medio Ambiente podrá ejecutar medidas adicionales, incluida la reducción de la producción.
Según la directora general de prevención y calidad ambiental, Esperanza Caro, algunas de estas medidas se vienen aplicando desde el pasado mes de mayo, cuando se detectaron altos niveles de SO2, especialmente en la zona de Guadarranque, en el término municipal de San Roque. "Desde entonces, las emisiones contaminantes se han reducido hasta en un 50%", señaló la directora general.
La orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) obliga a las industrias a informar a la Junta de Andalucía cuando se registren episodios de contaminación y a presentar un plan de acción ante incidentes de polución.
En este sentido, cuando se registren contaminaciones transitorias, las empresas deberán informar con suficiente antelación a la Delegación de Medio Ambiente sobre sus consecuencias, las medidas adoptadas para afrontarlas y un plan de vigilancia para el seguimiento de las mismas.
En el caso de que las emisiones anormales se deban a un incidente no previsto, la comunicación a Medio Ambiente deberá realizarse en un plazo inferior a una hora y activar de inmediato el plan de actuación previsto.
Este plan, que deberán presentar todas las industrias en un plazo de dos meses ante la Delegación de Medio Ambiente, debe incluir una relación detallada de posibles eventualidades, una propuesta de actuación y un programa de vigilancia. Además, se realizarán auditorías semestrales a cargo de empresas especializadas para analizar las incidencias acaecidas y sus repercusiones medioambientales.
Esperanza Caro y la delegada de Medio Ambiente en Cádiz, Isabel Gómez, destacaron la "importancia" de prevenir y reducir la contaminación en esta comarca y la "necesidad de mejorar" su calidad ambiental en colaboración con las empresas de la zona.
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