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Un documento oficial prueba la presión del PP a Agricultura en favor de Fabra

Un senador exigió a un ministro licencias para una firma vinculada al líder popular de Castellón

El senador popular Miguel Prim exigió por carta en septiembre de 1999 al entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, el cumplimiento del acuerdo alcanzado dos meses antes en una reunión con cuatro altos cargos del PP castellonense para aprobar fitosanitarios de un empresario al que Carlos Fabra, presidente de la diputación provincial de Castellón, cobraba por asesoramiento. En la misiva, Prim solicita al ministro que "a la máxima brevedad posible se dé luz verde al producto comercial, así como a los otros productos" de la firma vinculada a Fabra.

Los documentos oficiales del Ministerio de Agricultura siguen destapando las presiones recibidas en ese departamento en la etapa del Gobierno del Partido Popular desde el lobby de este partido en Castellón a favor de una empresa, Naranjax, cuyo empresario pagaba por asesoramiento a Fabra, ahora imputado por un delito contra la Administración Pública y un delito fiscal.

Con membrete del Senado, el 2 de septiembre de 1999 Prim escribió una carta al ministro de Agricultura, de la que queda registro oficial en el ministerio, para pedirle cuentas. "Recordarás que el pasado 19 de julio estuve en tu despacho acompañando a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, Juan Costa [secretario de Estado de Hacienda] y Juan José Ortiz [diputado del PP] y hablamos sobre la autorización de un pesticida (la abamectina) por parte de la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios a la fábrica de pesticidas de Castellón denominada Naranjax". El dueño de Naranjax, Vicente Vilar, pagó dinero a Fabra por supuestos asesoramientos en 1999. Es justamente ese año el que ha sido analizado por la Agencia Tributaria para imputar un delito fiscal a Fabra por no justificar sus ingresos ni declararlos a Hacienda.

El senador recordó en su carta al ministro que "en dicha reunión quedó clara la aprobación de dicho producto para el 22 de julio pasado, y para septiembre la del Metamidofos y del Fogetil". Acto seguido, Prim lanza su reproche: "Al finalizar el mes de agosto, he sido informado de que sólo se aprobó en dicha reunión del día 22 de julio la materia activa de la abamectina y NO el producto comercial preparado por Naranjax, por lo que sigue dicha firma sin estar legalizada para venderlo". Y no oculta su estupor: "¿No se quedó en la reunión mantenida contigo que la abamectina sería aprobada entendiéndose con ello que sería también el producto comercial de Naranjax? Te solicito que a la máxima brevedad posible se dé luz verde al producto comercial, así como a los otros productos que te he mencionado en este escrito". Y adjuntó una imperativa nota con su número de teléfono móvil: "Agradecería la máxima celeridad en solucionar el problema".

Su carta surtió rápido efecto. Agricultura le envió cinco días después un informe para detallarle todo el interés tomado por el producto cuya aprobación urgía el senador. Le indicaban que inicialmente estaba abocado a su denegación, pero tras una hábil labor interna y externa, frente a Sanidad, se había reconducido. Sólo faltaba la luz verde de Sanidad. "Hoy mismo se ha urgido por fax a la dirección general de Salud Pública la emisión de informe correspondiente a la abamectina técnica, y del correspondiente al formulado Abac. En cuanto se reciban ambos informes se notificará a la comisión de evaluación que se trata de un preparado que no requiere evaluación por haberse determinado que es igual a otros ya autorizados, y se procederá a la autorización del técnico y del formulado". Un alto cargo de Agricultura, además, informó telefónicamente a Prim de todos los pasos dados, "haciéndole especial mención de que las instrucciones recibidas son de agilizar al máximo la resolución de dichos expedientes". La abamectina fue aprobada en octubre, un mes después del ultimátum de Prim. El PP, hasta la fecha no ha incoado expediente interno a Fabra, pese a todos los documentos oficiales que evidencian sus presiones a favor de uno de sus clientes y a pesar del delito fiscal que ya se le imputa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de septiembre de 2005