La investigación de dos delitos
La investigación del caso Fabra, momentáneamente atascada por los relevos de jueces y fiscales encargados de la causa, intenta aclarar si el presidente de la Diputación de Castellón cometió delitos contra la administración, entre ellos, el fraude al fisco.
El presidente de la Diputación de Castellón durante 1999 registró 146 ingresos a través de las 19 cuentas en las que era titular, más otras 175 en las que era cotitular. De los más de 600.000 euros percibidos, el dirigente popular, que aún goza del respaldo de la cúpula del PP, sólo pudo justificar menos de un 10%. De ahí el supuesto delito fiscal. Pero la investigación no se quiere quedar en esta irregularidad ya acreditada, sino que pretende obtener nuevas periciales que permitan esclarecer el origen de tales fondos. En el origen de esos pagos puede estar el indicio de prueba de un delito de tráfico de influencias, en la medida en que coincida el nombre de los que pagaron con el de los beneficiarios de sus actividades políticas.
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