Responsabilidad

Los partidos políticos catalanes han presentado un centenar de enmiendas al texto de nuevo Estatuto, en respuesta a las advertencias de inconstitucionalidad hechas por el Consejo Consultivo, cuyo dictamen ha adquirido cierta función referencial. Llevar a las Cortes propuestas que no han pasado la prueba de constitucionalidad de ese órgano catalán es dar por supuesto que serán rechazadas. De modo que quien decida esquivar tales observaciones es claro y diáfano que sólo pretende que el Estatuto no llegue a buen fin. Y que prefiere que se estrelle en Madrid antes de hacerlo naufragar en Cataluña.

Una vez terminado ayer el plazo para presentar enmiendas, el texto del proyecto entra en su fase definitiva. Pero en sustancia, sigue en danza el fatigante espectáculo de la política catalana, sobre todo porque CiU y ERC mantienen todavía vivos cuatro de los diecinueve presupuestos de inconstitucionalidad. CiU sigue empeñada en su modelo de financiación y en la apelación a los derechos históricos. Esquerra propone unas enmiendas que ya es difícil saber si forman parte del teatro negociador, como preparación de un punto de encuentro entre las partes, o si simplemente indican que los independentistas ya se están colocando en su proverbial equidistancia ante la perspectiva de que no haya Estatuto y pueda haber elecciones en breve. Todo ello simplemente indica que nada se va a decidir hasta el pleno del Parlamento catalán que debe fijarse para la próxima semana.

Dado que el requisito de constitucionalidad era la condición puesta por Zapatero, y aparentemente aceptada por los partidos catalanes, para que el Estatuto obtuviera la mayoría necesaria en las Cortes, ahora ya quedan pocas excusas para seguir jugando a dilaciones y regateos. En la medida en que PSC e IC han hecho de la constitucionalidad del texto su referencia, y que Esquerra ve el Estatuto como una etapa hacia su objetivo final, la independencia, lo que no le impediría asumir ese requisito en esta fase, la responsabilidad de que el Estatuto siga adelante está ahora en manos de CiU.

Es cierto que el sentido de la responsabilidad cambia enormemente según se esté en el gobierno o en la oposición. Y que CiU no es una excepción: su principal tentación es provocar la caída de Maragall con la ilusión de recuperar un poder que, en su idea de Cataluña, sigue pensando que le fue usurpado. Rechazar el Estatuto o forzar un Estatuto imposible en Madrid podría quizás dar alguna satisfacción a corto plazo a los nacionalistas, pero generaría un gran desconcierto en su electorado. Y demostraría que el acoso de Esquerra les ha hecho mella. Porque a estas alturas una cosa está clara, si hay nuevo Estatuto, CiU quizás puede apuntarse el mérito de haberlo llevado al máximo nivel de exigencia, pero si no lo hay quedarán pocas dudas de que la responsabilidad principal habrá sido suya.