Millones convertidos en ceniza

Las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de prevención y extinción de incendios, han previsto en sus presupuestos para este año un gasto de 647 millones de euros para luchar contra el fuego, un 22% más que en 2004. Sumados a los casi 60 millones invertidos por el Ministerio de Medio Ambiente -un 1,4% más que el año anterior-, en España se destinan 707 millones a la guerra contra las llamas. Pero el fuego avanza más. La superficie quemada este año se ha incrementado ya un 26% en relación con el mismo periodo de 2004 -32.000 hectáreas más- y un 44% por encima de la media del decenio.

Todas las autonomías, menos Cantabria, han incrementado las partidas dedicadas a prevención y extinción. Quien más lo han hecho son La Rioja (137%), Galicia (63%) y Asturias (53%).

Madrid es la comunidad autónoma que más invierte por hectárea forestal

Cinco autonomías carecen de protocolo de actuación, según Comisiones Obreras

En términos absolutos, las que más dinero destinan a proteger sus montes de las llamas son Andalucía (170 millones), la Comunidad Valenciana (77 millones) y Galicia (69 millones). Sin embargo, estos datos pueden ser sólo un espejismo si no se tiene en cuenta la superficie forestal de cada región.

La comunidad que más invierte por hectárea de monte es Madrid, que a lo largo de este año gastará 30 millones, lo que significa 76 euros por hectárea. Este esfuerzo se ha visto recompensado este verano: ha reducido a la mitad la superficie quemada en relación con el año anterior.

La región que adecua más su presupuesto a la superficie forestal es la Comunidad Valenciana. Este año ha destinado una partida de 77 millones para la lucha contra el fuego, lo que la sitúa en el segundo lugar tanto por inversión global como por superficie (64 euros).

Galicia, donde la imagen de los montes envueltos en llamas se repite año tras año, encabeza casi todas las estadísticas: las de mayor número de fuegos, la de casos sin resolver relacionados con los incendios, la de desalojos de vecinos... pero no la de presupuestos destinados a acabar con esa lacra. Este año ha vuelto a protagonizar casi la mitad (41%) de los siniestros registrados en España. Sin embargo, es la octava autonomía si se contempla el dinero dedicado a cada hectárea de monte. Por ejemplo, con 753 hectáreas más que la Comunidad Valenciana, la Administración gallega incluyó en sus presupuestos para 2005 un total de 69 millones, ocho menos que la región mediterránea.

Sigue a los gallegos, aunque de lejos, Castilla y León, que hasta la fecha acumula más del 14% de los incendios contabilizados.Su presupuesto asciende a 63 millones. Lo que parece un dato muy abultado sólo consigue situar a esta comunidad en el décimo tercer lugar en inversión por hectárea.

El aumento del presupuesto se ha traducido en un incremento de los medios dedicados a la extinción. El Ministerio de Medio Ambiente ha puesto a disposición de las autonomías 75 aviones, 13 más que el año anterior (siete de ellos alquilados en agosto de manera urgente hasta octubre), que se suman a los 214 de los Gobiernos autónomos.

En cuanto al personal, trabajan en la lucha contra el fuego unas 23.000 personas, sin incluir bomberos y voluntarios, según el sindicato Comisiones Obreras.

Pero el aumento de la inversión no ha logrado parar el empuje de las llamas, avivadas especialmente este verano por la extrema sequía, que ha hecho amarillear los bosques más que nunca.

Ecologistas y sindicatos no apuntan solamente a la escasez de lluvias como responsable de la situación. Señalan que la tendencia es fruto de una política que se basa más en la extinción que en la prevención. Hay suficientes recursos, indican, pero no están bien gestionados. En opinión de Eva Hernández y Francisco Javier Cabezos, coordinadores de un reciente informe de CC OO que analiza los medios y recursos disponibles para la prevención y extinción de incendios, habría que gastar menos en maquinaria y agua y más en la limpieza de los montes durante el invierno y en campañas de educación que fomenten el conocimiento y aprovechamiento de los bosques.

"Ahora, la mayoría de la población sólo ve el bosque cuando arde. Hay que recuperar la relación con los bosques", afirma Hernández. Su compañero añade que se perfeccionaría la lucha contra el fuego si se mejorara la formación y los equipos de protección (ropa, botas, cascos) de los que dispone el personal de los retenes. Sobre todo los de aquellos que trabajan para comunidades que subcontran estas labores.

Apagar fuegos es una profesión peligrosa. Sin embargo, "la mayoría de las comunidades no aplican la ley de prevención de riesgos laborales", apunta Cabezos. El también coordinador sindical de agentes forestales considera que los seguros que contratan algunas Administraciones para dar cobertura a su propia vida y a los daños derivados de sus decisiones o actuaciones "son irrisorios". En muchas regiones los agentes forestales únicamente cuentan con el seguro de accidentes propio de cualquier otro tipo de funcionario dedicado, por ejemplo, a atender a los ciudadanos tras una ventanilla.

No se acaban ahí las críticas del citado informe al papel de las Administraciones autonómicas, que estima que en muchos casos lo que falla es la coordinación de los recursos existentes, que reduce su eficacia. Cantabria, Madrid, Navarra, País Vasco (Álava) y Castilla-La Mancha carecen de un protocolo de actuación en caso de incendio. Y en otros casos, aunque existe, no ha sido consensuado por todos los equipos implicados, o no se aplica correctamente en caso de incendio.

Para la elaboración del estudio, CC OO realizó una encuesta entre los agentes forestales que suplió la falta de la información de las comunidades. "Conseguir información homogénea fue realmente complicado", apunta Hernández. Según la sindicalista, las comunidades no publican de forma clara y accesible para los ciudadanos en sus boletines oficiales el dinero invertido en la lucha contra el fuego ni envían la información de los medios que disponen al Ministerio de Medio Ambiente. "Una información que sería fundamental hacer pública porque los incendios no entienden de fronteras".

Lo dicen cuando está a punto de terminar uno de los veranos más aciagos para las personas que luchan contra el fuego. Según el Ministerio del Interior, 17 personas perdieron la vida en sólo tres meses, entre junio y agosto. A la muerte de los 11 miembros de un retén en Guadalajara en julio se sumaron los fallecimientos de dos pilotos en Galicia, un agente forestal y un miembro de un retén en Castilla y León, y otras dos personas, cuya identidad no ha transcendido, según detalla CC OO.

La Guardia Civil detuvo a 99 presuntos pirómanos entre junio y agosto, y evacuó a 2.786 personas, pero sólo el 2% de los incendiarios son detenidos anualmente, según Adena. Este verano, el instituto armado recibió 1.279 denuncias y esclareció 829 incendios, de los que 227 se produjeron por causas naturales, 230 por accidentes, 247 por negligencias y 125 fueron intencionados.

Cada año se queda sin conocer el origen del 40% de los siniestros. Baleares es la comunidad con el porcentaje más bajo de incendios por causas desconocidas (el 0,7%), mientras que en Madrid no se llega a saber la causa del 77%.