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Álava abre una investigación interna de las irregularidades sobre una 'vaca loca'

La Diputación ordena recontar las reses en las explotaciones de familiares de Quintana

La Diputación alavesa abrió ayer un expediente de investigación en su servicio de ganadería para saber cómo y, en su caso, quién ha podido alterar en el Sistema Nacional de Movimientos de Ganado (Simogan), dependiente del Ministerio de Agricultura, los datos de los crotales (números de identificación bovina) que corresponden a la vaca loca muerta en Álava el pasado 12 de junio. Los responsables del Departamento de Agricultura comprobaron ayer que esta res figura todavía como viva en una explotación a nombre de Tomás Bengoa en Olaeta. El animal, según los datos en poder de la propia Diputación, falleció en Santa Cruz de Campezo en la explotación de María Aranzazu Zúñiga (ver EL PAÍS de ayer).

La Administración alavesa ha abierto la investigación porque estos errores en la identificación impiden conocer la trazabilidad (origen y vida) del ganado, requisitos esenciales para controlar la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), la enfermedad de las vacas locas. Los protocolos de la EEB exigen a las administraciones implicadas actuar sobre la descendencia del animal enfermo, así como sobre las otras reses nacidas el mismo año, ya que se supone que han tenido la misma alimentación.

Los técnicos de Diputación achacaron en un primer momento a un fallo en el sistema de gestión del Gobierno vasco el que el animal figure todavía como vivo. Aunque fuese cierto este fallo, sigue habiendo problemas con la identificación y procedencia de la res.

La Diputación investiga también si existen actualmente más irregularidades en el ganado de los familiares de José Fernando Quintana, compañero sentimental de Zúñiga, gerente de la cooperativa Abeltzain y veterinario habilitado por la Diputación, y, como tal, responsable de identificación animal y sanidad en este territorio, facultad que tiene delegada del propio Ejecutivo foral. Álava ha ordenado a técnicos propios hacer un recenso (recuento e identificación) del ganado en las cinco explotaciones de familiares de Quintana. Sin embargo, la Diputación no le ha inhabilitado para realizar sus funciones como veterinario por haber firmado documentación sanitaria sobre estas explotaciones. El decreto foral 33 / 2002 se lo impide. El diputado de Agricultura, Eloy López de Foronda, analizó ayer esta posibilidad, aunque al final decidió esperar. Quintana mantiene sus herramientas de trabajo, incluido el ordenador de Abeltzain, instrumento que permite emitir Documentos de Identificación Animal y cambiar el estado del ganado.

Quintana preside la Asociación de Desarrollo Rural de la Montaña Alavesa y ha sido juntero del PNV. Fuentes de su partido aseguran que suspendió temporalmente su carrera política al ser procesado en vía penal por delitos contra la salud pública, estafa y falsificación de documento público. El proceso se cerró con un acuerdo entre las partes y el único condenado fue el padre de Quintana, quien confesó los dos últimos delitos. El delito contra la salud fue provisionalmente sobreseído. Fuentes del PNV aseguran que Quintana ha recuperado el favor de su partido.

Pregunta al Gobierno

El PP, que gobierna en la Diputación alavesa, no ha esperado para preguntar en el Parlamento al Departamento de Agricultura y Pesca, en manos del PNV, por los problemas de identificación de la vaca loca muerta el 12 de junio en Álava. Cualquier cambio en los datos que figuran en el Sistema Nacional de Movimientos de Ganado (Simogan) correspondientes a Euskadi depende del Gobierno.

La modificación de los datos que acompañan al número de crotal de la vaca loca alavesa se ha tenido que hacer con la colaboración de algún funcionario de la Diputación o por alguien del propio Gobierno. La pregunta del PP incide precisamente en esta última posibilidad y demanda al Ejecutivo si es posible conocer todo el proceso y saber quién es el funcionario que ha tocado el sistema y si la acción ha dejado rastro informático.

El PP pregunta también si este caso puede afectar a otros ganaderos y si Agricultura aprecia un posible delito de falsificación de documento.

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