La Asamblea aprueba por unanimidad un pacto sanitario para mejorar las prestaciones

El pleno de la Asamblea aprobó sólo tres acuerdos con la unanimidad de los tres grupos (PP, PSOE e IU): "Promover un pacto por la sanidad con las fuerzas políticas y sociales de la región, con el fin de aunar esfuerzos para mejorar la calidad de la prestación sanitaria"; otro "por la calidad y la garantía de abastecimiento de agua", y un tercero, por la reducción de los accidentes laborales. En el resto de propuestas parlamentarias, hasta un total de 14, los tres grupos disintieron.

Los tres grupos piden erradicar la discriminación laboral y salarial de la mujer

Izquierda Unida presentó siete propuestas, pero ninguna de ellas obtuvo el apoyo del PP (grupo con mayoría absoluta), con lo que todas fueron rechazadas. Iban desde "asegurar una red pública educativa suficiente", pasando por "desarrollar una verdadera política de fomento del alquiler", hasta rechazar "la construcción de la central térmica de Morata de Tajuña".

El PP, según su portavoz adjunta, Cristina Cifuentes, se mostraba dispuesto a aprobar alguna de ellas siempre y cuando se eliminasen o rectificasen algunos puntos. Pero IU, según Cifuentes, se negó. O se aprobaban las peticiones tal y como estaban redactadas -algunas ocupaban 70 líneas mecanografiadas-, o IU prefería que fueran rechazadas. La respuesta popular fue contundente: no a todo.

El portavoz adjunto de IU, Jorge García, fue el encargado de defender estas propuestas, que eran "una respuesta al modelo político, económico y social del Gobierno regional", que García consideró "un híbrido cada vez más perfecto entre el movimiento neoconservador y la Conferencia Episcopal". Cifuentes le pidió entonces que fuese "más tolerante con las convicciones de los demás". "Y se lo digo desde el agnosticismo militante", concluyó la portavoz del PP.

Por su parte, el grupo socialista tuvo mejor suerte a la hora de aprobar sus propuestas. El PP respaldó dos de siete: "Un pacto social y político por la calidad y la garantía del abastecimiento" de agua en Madrid, y "ampliar las políticas necesarias que erradiquen la discriminación laboral y salarial que siguen sufriendo las mujeres en Madrid".

En esta última resolución -apoyada por PP, PSOE e IU- se incluye "incrementar las medidas tendentes a la reducción del índice de incidencia de los accidentes laborales" y "vigilar y perseguir los fraudes en las contrataciones y subcontrataciones".

Matilde Fernández, portavoz adjunta del PSOE, afirmó que las siete propuestas socialistas tenían un "denominador común: avanzar en los derechos, trabajar por el futuro y dar prioridad a tres grandes políticas: empleo, mejores servicios públicos y más democracia".

La falta de respaldo de la oposición a las resoluciones del PP obligó a este partido a utilizar su mayoría absoluta para aprobar sus propuestas. De hecho, sólo consiguió el apoyo de la oposición en una: "Promover un pacto por la sanidad con las fuerzas políticas y sociales de la región". El día anterior, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, había defendido este pacto, pero excluyó -la dirigente mantuvo que por error- al Gobierno central y a la oposición regional (PSOE e IU).

Esta resolución incluía, además, la "inmediata puesta en marcha del Servicio de Atención Rural para garantizar la cobertura sanitaria por las noches, los días festivos y los fines de semana" de las áreas de la sierra y "poner en marcha los mecanismos necesarios para que todas las mujeres a las que se prescriba una mamografía no tengan que esperar más de 40 días para su realización".

El resto de las peticiones populares no convenció a los diputados del PSOE e IU. A la propuesta popular de "culminar" el proyecto de las brigadas Bescam, la oposición respondió "no". Lo mismo ocurrió cuando el PP pidió exigir al "Gobierno de la nación los recursos necesarios que cubran las necesidades de gasto como consecuencia del crecimiento de la población en 775.000 habitantes desde el año 1999". Los socialistas e IU también rechazaron el cierre de la R-1 (alternativa de peaje a la carretera A-1) y el soterramiento de la M-50 bajo el monte de El Pardo.

El PSOE se abstuvo, en cambio, cuando los populares aprobaron "multiplicar por cuatro los recursos económicos asignados a las becas Erasmus", "establecer la gratuidad de los libros de texto para las familias numerosas" y "seguir realizando en los próximos años la prueba de conocimiento y destrezas" a los alumnos de 6º de educación primaria.

Igualmente, el PSOE se abstuvo a la hora de promover un pacto por el agua y cuando se exigió al "Gobierno de la nación el cumplimiento del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, así como la construcción de las infraestructuras necesarias".

Finalmente, los populares consiguieron aprobar la remisión a la Cámara del Proyecto de Ley de Mediación Familiar de la Comunidad "como instrumento para ayudar a las familias madrileñas a resolver de forma pacífica y civilizada sus conflictos".