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El Consejo Consultivo, en serio

El pasado 2 de agosto, la Mesa del Parlament acordaba solicitar del Consejo Consultivo un dictamen acerca de la propuesta de reforma del Estatuto. Esta decisión era coherente con uno de los principios que rigen el actual proceso: el respeto a la Constitución. Para asegurarlo, se buscó un informe del Consejo, que desde su creación viene elaborando dictámenes sobre proyectos y proposiciones de ley de nuestra asamblea legislativa. Cabía oponer algún reparo, si nos atenemos a la letra del artículo 41 del Estatuto, ya que de su lectura se desprende que sólo emite dictámenes acerca de la adecuación al mismo de proyectos o proposiciones de ley que deban ser aprobados por el Parlament. Y está claro que se pidió que analizara la compatibilidad con la Constitución (no con el Estatuto) de un texto que no será finalmente aprobado por el Parlament, sino por las Cortes. En cualquier caso, y al margen de esa objeción, todos los partidos juzgaron que el Consultivo era el organismo idóneo para clarificar los aspectos potencialmente inconstitucionales del proyecto de Estatuto.

Algunos parlamentarios exhiben una preocupante falta de consideración con relación al dictamen del Consejo Consultivo

Sabían lo que pedían y a quién se lo pedían. Requerían un informe de carácter jurídico a un órgano formado por juristas. Y cuando finalmente se presenta, algunos dirigentes políticos se comportan con una sorprendente falta de prudencia. Se podía dar por descontado un cierto uso partidista del dictamen. Había diferencias de criterio entre los partidos, y lo que el informe resolviera daría la razón a unos y se la quitaría a los otros. Así ha sido, y era inevitable. Lo que no puede aceptarse es que se propicie la descalificación del Consejo. Para empezar, algunos recuerdan ahora que el dictamen no es vinculante. Tienen razón; no lo es, pero deberían indicarnos qué informe jurídico piensan tener en cuenta si rechazan el del Consejo, el que todos pidieron. Otros, partiendo de la división entre mayorías y minorías en el dictamen, vienen a sugerirnos que vale tanto la una como la otra. En tal burda caricatura cuesta reconocer a avezados parlamentarios, que algo deberían saber de cómo se toman las decisiones en los órganos colegiados.

Tenemos un problema. Muchos dirigentes políticos, de todos los colores, parecen incapaces de tomar en serio las instituciones que no encajan en su concepción del proceso democrático. A veces es difícil admitir que los representantes de la voluntad popular se vean coartados por una resolución externa. Creemos que una de nuestras señas de identidad es el pactismo y tendemos a interpretar el imperio del derecho como si éste naciera sólo del acuerdo de voluntades individuales. Para bien o para mal, las instituciones funcionan de otra manera. Por encima del pacto, del acuerdo, están algunas normas a las que hay que atenerse. Lo curioso de la situación que nos ocupa es que se llega a ella por un acuerdo unánime de los partidos parlamentarios, porque no era preceptivo el informe del Consultivo. Y lo triste es que se le paga con una notable falta de consideración.

En el informe, la mayoría y la minoría han sido interpretadas en clave política, y a estas alturas no vamos a sorprendernos. Pero no podemos conformarnos, por dos motivos. En primer lugar, y en un sentido general, hace falta recordar que un informe jurídico debe ser tomado como lo que es: una opinión fundada en derecho, con unos argumentos explícitos. Si queremos un Estado de derecho, en el que todos se sometan a las normas, no tenemos más remedio que dar crédito a aquellas personas que dicen lo que es compatible o no con el ordenamiento jurídico. Eso no significa negar su condición humana, sus prejuicios o sus intereses. Sólo quiere decir que vamos a tomarnos en serio su trabajo, a juzgarlo por la calidad de sus argumentos y no por las intenciones que se atribuyan a sus autores. Por otro lado, en un plano más concreto, hay que reclamar mayor sentido institucional cuando se trate del Consejo Consultivo.El pasado 2 de agosto, la Mesa del Parlament acordaba solicitar del Consejo Consultivo un dictamen acerca de la propuesta de reforma del Estatuto. Esta decisión era coherente con uno de los principios que rigen el actual proceso: el respeto a la Constitución. Para asegurarlo, se buscó un informe del Consejo, que desde su creación viene elaborando dictámenes sobre proyectos y proposiciones de ley de nuestra asamblea legislativa. Cabía oponer algún reparo, si nos atenemos a la letra del artículo 41 del Estatuto, ya que de su lectura se desprende que sólo emite dictámenes acerca de la adecuación al mismo de proyectos o proposiciones de ley que deban ser aprobados por el Parlament. Y está claro que se pidió que analizara la compatibilidad con la Constitución (no con el Estatuto) de un texto que no será finalmente aprobado por el Parlament, sino por las Cortes. En cualquier caso, y al margen de esa objeción, todos los partidos juzgaron que el Consultivo era el organismo idóneo para clarificar los aspectos potencialmente inconstitucionales del proyecto de Estatuto.

Sabían lo que pedían y a quién se lo pedían. Requerían un informe de carácter jurídico a un órgano formado por juristas. Y cuando finalmente se presenta, algunos dirigentes políticos se comportan con una sorprendente falta de prudencia. Se podía dar por descontado un cierto uso partidista del dictamen. Había diferencias de criterio entre los partidos, y lo que el informe resolviera daría la razón a unos y se la quitaría a los otros. Así ha sido, y era inevitable. Lo que no puede aceptarse es que se propicie la descalificación del Consejo. Para empezar, algunos recuerdan ahora que el dictamen no es vinculante. Tienen razón; no lo es, pero deberían indicarnos qué informe jurídico piensan tener en cuenta si rechazan el del Consejo, el que todos pidieron. Otros, partiendo de la división entre mayorías y minorías en el dictamen, vienen a sugerirnos que vale tanto la una como la otra. En tal burda caricatura cuesta reconocer a avezados parlamentarios, que algo deberían saber de cómo se toman las decisiones en los órganos colegiados.

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Tenemos un problema. Muchos dirigentes políticos, de todos los colores, parecen incapaces de tomar en serio las instituciones que no encajan en su concepción del proceso democrático. A veces es difícil admitir que los representantes de la voluntad popular se vean coartados por una resolución externa. Creemos que una de nuestras señas de identidad es el pactismo y tendemos a interpretar el imperio del derecho como si éste naciera sólo del acuerdo de voluntades individuales. Para bien o para mal, las instituciones funcionan de otra manera. Por encima del pacto, del acuerdo, están algunas normas a las que hay que atenerse. Lo curioso de la situación que nos ocupa es que se llega a ella por un acuerdo unánime de los partidos parlamentarios, porque no era preceptivo el informe del Consultivo. Y lo triste es que se le paga con una notable falta de consideración.

En el informe, la mayoría y la minoría han sido interpretadas en clave política, y a estas alturas no vamos a sorprendernos. Pero no podemos conformarnos, por dos motivos. En primer lugar, y en un sentido general, hace falta recordar que un informe jurídico debe ser tomado como lo que es: una opinión fundada en derecho, con unos argumentos explícitos. Si queremos un Estado de derecho, en el que todos se sometan a las normas, no tenemos más remedio que dar crédito a aquellas personas que dicen lo que es compatible o no con el ordenamiento jurídico. Eso no significa negar su condición humana, sus prejuicios o sus intereses. Sólo quiere decir que vamos a tomarnos en serio su trabajo, a juzgarlo por la calidad de sus argumentos y no por las intenciones que se atribuyan a sus autores. Por otro lado, en un plano más concreto, hay que reclamar mayor sentido institucional cuando se trate del Consejo Consultivo.Como su nombre indica, sus dictámenes no son vinculantes y no hay mecanismos para que se impongan. Por eso, precisamente, necesita crédito. No se pide que los actores políticos renuncien a su legítima discrecionalidad y que sigan las opiniones del Consultivo como si fueran sentencias. Se reclama que no las deformen presentándolas sólo a beneficio de inventario.

El crédito de las instituciones es imprescindible. En cada una de ellas, sus responsables tienen el compromiso de mantenerlo, y los representantes políticos el deber de respetarlo. Es un bien intangible, sin el cual el entramado institucional de la democracia se convierte en una cáscara vacía. Vivimos un momento crucial en el que se plantea lo que podemos llegar a ser en los próximos decenios, y todos deberíamos estar a la altura de las circunstancias.

Xavier Arbós Marín es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Girona.

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