La novedad de los derechos

Se habla mucho de financiación y de derechos históricos para blindar competencias, y se ha hablado menos de una de las principales novedades del proyecto de Estatuto. Es evidente que sin recursos económicos o sin capacidad de decidir sobre las propias competencias, la autonomía es pura retórica. Pero también es cierto que si el ejercicio del autogobierno, por muy histórico, asimétrico, bilateral y diverso que sea, no sirve para cambiar y mejorar las condiciones de vida de la gente, no sé para qué queremos un nuevo Estatuto. En este sentido, y en medio de tanto ruido mediático, uno de los elementos que creo merecería la pena que se valorara adecuadamente del proyecto de Estatuto aprobado por la Comisión Parlamentaria es precisamente la parte de los derechos, que por cierto ha salido indemne del dictamen del Consejo Consultivo. A la exigencia de que los poderes públicos deben promover los valores ya consagrados por la Constitución (libertad, justicia, igualdad y pluralismo), el proyecto de Estatut incorpora otros nuevos como la paz, la democracia, la solidaridad, la cohesión social, la equidad de género y la sostenibilidad. Y también el derecho de los pueblos a conservar y desarrollar su propia identidad, lo que de hecho introduce la idea del reconocimiento de la diversidad como un derecho colectivo. Si esto ocurre en el Título Preliminar, y por tanto en el umbral del conjunto del texto estatutario, la novedad mayor se da en un nuevo Título I dedicado a derechos, deberes y principios rectores.

En efecto, en el Estatuto vigente no hay un solo apartado que recoja de forma específica los derechos y deberes de los catalanes ni tampoco los principios rectores que han de inspirar la actuación de los poderes públicos. Las referencias que se hacen remiten a la Constitución, de la que se reproducen formulaciones íntegras. En el proyecto en curso de aprobación por parte del pleno del Parlament, el cambio de tercio es absoluto. A grandes rasgos díríamos que se dedican al tema unos 40 nuevos artículos, que representan casi el 20% del total del largo texto estatutario a debate. La decisión de los parlamentarios ha sido muy clara: explicitar por primera vez una declaración de derechos y deberes de los catalanes y catalanas, y concretar así de manera detallada qué se entiende por ejercicio de la ciudadanía en Cataluña en este nuevo siglo. Y el salto no sólo es de cantidad, sino de calidad. Como no podemos comparar esta parte del nuevo texto con el del Estatuto vigente por inexistente, la comparación la podemos hacer con la declaración de derechos, deberes y principios rectores de la Constitución Española, y de la comparación sale claramente ganando el proyecto de Estatuto. Cambia para bien el contenido (más derechos), cambia para bien el tono y el lenguaje (se nota que han pasado 25 años, y que en este tiempo han sucedido muchas cosas), y cambia en definitiva para bien el propio concepto de ciudadanía, que se amplía, perfila y se llena de matices enriquecedores.

No tengo espacio para desgranar todos esos cambios. Pero sirvan de ejemplo la lista de derechos dedicados a la familia, los menores, la gente mayor, las mujeres, el derecho a morir con dignidad, el derecho a la asistencia sanitaria gratuita en los servicios de responsabilidad pública, el derecho a recibir una renta garantizada de ciudadanía para las personas sin recursos económicos, y la mención especial que se hace de las organizaciones del tercer sector en el ámbito de los derechos sociales. O se concretan aspectos muy actuales y polémicos en los ámbitos del trabajo, de la vivienda o de los derechos y deberes medioambientales. Se recoge el derecho de los ciudadanos de Cataluña de promover consultas populares en un ámbito, el de la participación ciudadana, en el que tenemos mucho por hacer. La parte dedicada a principios rectores o de orientación de las políticas públicas a promover es bastante más innovadora, aunque tenga menor fuerza jurídica. Se habla de emancipación de los jóvenes, protección de discapacitados, de solidaridad intergeneracional, de igualdad en la unión de parejas sea cual sea su orientación sexual, de transversalidad en la introducción de la perspectiva de género en las políticas, de la necesidad de reconocer y tener en cuenta el trabajo de cuidado y atención en el ámbito doméstico, de políticas comunitarias, o del fomento de las relaciones interculturales. Y no se olvidan de la necesidad de impulsar la economía social entre otras muchas cosas.

Estoy adivinando las caras de escepticismo de muchos lectores ante el resumen de una lista que más de uno calificaría de rosario buenas intenciones y piadosos deseos. No podemos ni debemos minusvalorar este tipo de declaraciones, ya que si bien sabemos de sus incumplimientos o falta de concreción práctica, también sabemos de la capacidad de argumentación y de presión que dan ese tipo de declaraciones y de compromisos de los poderes públicos. La historia nos recuerda esa constante tensión entre aspectos normativos y positivos, esa contradicción entre deseo y realidad como el origen de conflictos, pero al mismo tiempo de progresos significativos. Lo importante es que ese "espacio catalán de ciudadanía" tenga capacidad de plasmarse y desarrollarse. Y para ello hacen falta garantías jurídicas, compromisos institucionales y presión social y política. No estaría mal en esa línea que tuviéramos nuestro "espacio catalán de garantías", y reforzáramos entre otras cosas el papel del síndic de greuges como "compromisario" de ese esfuerzo de calidad democrática que se anuncia. No es fácil entender por qué no hay un correlato claro entre derechos y garantías en la esfera del país, y por tanto una primacía del síndic sin que ello tenga que suponer merma de las competencias y capacidades propias del Defensor del Pueblo. La facilidad en el acceso al mismo, y su libertad de movimientos, si viene acompañada de recursos no sólo económicos, sino también institucionales, y de independencia de criterio, puede ser un recurso significativo en la progresiva y progresista implementación de esa larga lista de derechos y principios antes mencionada. Por debajo de los rifirrafes político-institucionales y de las luchas por los protagonismos, en el nuevo Estatut laten elementos centrales de defensa de calidad de vida de las gentes de este país.