Denuncia por el incorrecto uso de explosivos en Bracons

La Guardia Civil ha denunciado ante la Subdelegación del Gobierno en Barcelona y ante la Inspección del Trabajo la utilización y manipulación inadecuada de explosivos en la construcción del túnel de Bracons y el riesgo que comporta para la seguridad de los trabajadores. Los agentes descubrieron los hechos en una inspección habitual y recomendaron la paralización de los trabajos hasta que se adoptasen ciertas medidas de seguridad, pero tanto la empresa constructora como la encargada de las voladuras no hicieron caso de esas sugerencias.

"Priman los costes de la obra sobre la seguridad de los trabajadores, personas y bienes (...). Han incumplido y desoído las directrices, órdenes y recomendaciones dadas por el personal de la Guardia Civil, como por el vigilante de explosivos". La frase está extraída de la denuncia interpuesta por la Guardia Civil el pasado 22 de agosto ante los citados organismos oficiales, en la que se considera que la actuación de las constructoras supone un incumplimiento de los reglamentos de explosivos y de seguridad minera.

La Subdelegación del Gobierno en Barcelona anunció ayer que había abierto un expediente sancionador contra el jefe de la obra, dependiente de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, según informó ayer la cadena SER. Del mismo modo, la Subdirección General de Minas, dependiente del Departamento de Trabajo e Industria de la Generalitat, ha abierto también un expediente informativo para esclarecer si la situación actual puede afectar "de manera especial a la seguridad de los trabajadores, por la implicación del uso de explosivos" tal como afirma la denuncia de la Guardia Civil.

Con todo, el consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, Joaquim Nadal, recordó ayer que las obras del túnel no se han paralizado y que su continuidad no está en peligro por esa denuncia contra las dos empresas.

Los hechos expuestos por la Guardia Civil en su denuncia ocurrieron el 17 de agosto, durante una inspección habitual realizada en las voladuras a cielo abierto que se estaban realizando en un lugar conocido como Sant Andreu de la Vola, en el término municipal de Sant Pere de Torelló (Osona). En ese momento se estaban descargando en la zona 1.100 kilos de un explosivo denominado nagolita, 325 kilos de Goma 2, tres detonadores eléctricos y 226 no eléctricos.

La denuncia explica que mientras se estaba descargando ese material a menos de 20 metros se transportaban piedras con una máquina oruga y un enorme martillo de deshacía otros bloques. La Guardia Civil instó a los trabajadores a cesar en su actividad, como así ocurrió, hasta que se descargasen los explosivos, cuyo transporte asumía la empresa Tecosa.

Sin embargo, al marcharse los agentes compareció el responsable de la empresa Marco, de Huesca, encargada del movimiento de tierras y aseguró que "parar los trabajos era muy costoso para su empresa", según se explica en la denuncia. El ingeniero encargado de la voladura advirtió del peligro que entrañaba la situación, pero el jefe de obras, Andreu Mesas, ordenó que continuasen los trabajos, según la Guardia Civil, que fue alertada por los vigilantes de seguridad de que no se había hecho ningún caso de sus indicaciones.