México reforma su energía
El presidente Fox propone una serie de medidas para afrontar la crisis estructural del sector, agravada por el Katrina
El presidente de México, Vicente Fox, enviará al Congreso varias iniciativas de reformas constitucionales para dar entrada a la iniciativa privada en el sector energético. Fox anunció ayer la decisión, en el marco de un decálogo de medidas para hacer frente al acelerado aumento de los precios energéticos, como consecuencia de los daños causados por el huracán Katrina a la infraestructura de hidrocarburos del sur de EE UU, principal zona de abastecimiento de México.
Fox calculó en un 70% el aumento de los precios de gas natural en aquella región. Pero el Katrina no sólo encareció los precios en México, sino que puso de relieve la vulnerabilidad de la capacidad de abastecimiento energético del país. El incremento se debe, por una parte, a que los hidrocarburos representan el 90% de la energía que consumen los mexicanos, y porque la falta de reformas profundas en el sector limita la capacidad de aprovechar el gas natural del subsuelo.
Fox anunció 10 medidas urgentes para paliar la situación, amparado en la cruda realidad y espoleado por las declaraciones efectuadas la semana pasada por Carlos Slim, el empresario más rico e influyente de México, que criticó el despilfarro de la riqueza petrolera de su país.
El presidente propone que el Congreso apruebe las reformas constitucionales necesarias para "complementar la inversión pública con inversión privada en la exploración, explotación y actividades relacionadas con el gas natural no asociado al petróleo". Asimismo, enviará al Parlamento otra iniciativa de reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en el ramo del petróleo, que permitiría la entrada de inversión privada en infraestructura de almacenamiento de petróleo y sus derivados, "para proteger las propiedades, la vida y el patrimonio de las familias que viven en zonas donde hay ductos de petróleo o de gas natural". El mantenimiento deficiente de las instalaciones, ha sido la causa de más de 30 accidentes por derrames de combustibles o explosiones de gasoductos en las cuatro subsidiarias de Pemex en lo que va de año.
El artículo 27 de la Carta Magna, pilar de la política energética de México que Fox pretende reformar, establece que en el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, o de minerales radiactivos, "no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado, y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva". El artículo 27 impide a la empresa estatal petrolera la firma de cualquier acuerdo con compañías extranjeras o privadas.
El Gobierno de Fox ya intentó en ocasiones anteriores acometer la reforma energética, pero hasta la fecha fracasó en su intento al no tener la mayoría suficiente en el Congreso. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la oposición, han impedido que se levantaran los obstáculos legales a la reforma energética. Está por ver si Fox logrará esta vez su objetivo con la ayuda indirecta del Katrina. "Convirtamos la amenaza en oportunidad", pidió ayer el presidente, que hizo un solemne llamamiento a los legisladores para que apoyen las reformas. "Debemos remover todos los obstáculos que nos impiden garantizar el consumo interno de hidrocarburos, aumentar nuestras exportaciones y reducir las importaciones y la dependencia del exterior", señaló.
De las 10 medidas anunciadas ayer, Fox podrá aplicar sin mayores dificultades las que persiguen abaratar los precios energéticos. Para ello, anunció un decreto para reducir "al mínimo posible el precio del gas natural", evitar que las tarifas de electricidad para consumo doméstico no aumenten más del 4% en el año 2006.
El presidente se comprometió a ampliar las fuentes renovables de energía, y mencionó la construcción de La Venta II, "el primer proyecto de energía eólica en México". El Gobierno creará, además, un grupo de expertos para "recoger las demandas de la sociedad y analizar la solución que ante problemas similares se encontraron en otros países".
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