La impunidad como combustible

La ecuación de los incendios en Galicia, la comunidad con mayor porcentaje de superficie forestal quemada en 2004 -sobre todo en Ourense, su provincia más castigada-, lleva años planteada sin que hasta ahora se haya podido despejar la principal incógnita: ¿quiénes queman los montes gallegos? Esta pregunta se planteará mañana en el Parlamento autónomo, donde se debatirá sobre la repercusión de la insólita oleada de fuegos de este verano, según anticipó el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. Y para intentar despejar la X, el consejero de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, acudirá a la esperada sesión parlamentaria con un "informe amplio y exhaustivo". Antes, el conselleiro se reunirá hoy en Madrid con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para reclamarle ayudas similares a las concedidas por el Gobierno tras el siniestro de Guadalajara.

"En el campo todos se conocen: saben quién ha sido, pero no lo dicen", afirma una fiscal

La investigación, en cantidad y cantidad, ha mejorado. En 2004, por ejemplo, sólo las Brigadas de Investigación Forestal de la Xunta de Galicia realizaron 385 informes, 75 más que el año anterior, y disminuyeron los casos con origen desconocido. Los mayoría, 225 (el 66%), se supo que fueron intencionados y hubo hasta 118 detenidos (126 detenidos este año, de los que nueve siguen en prisión preventiva).

Pero la pregunta sobre el autor o autores de los incendios quedó, casi siempre, sin respuesta, y es posible que, tras la sesión del martes del Parlamento gallego, siga más o menos igual. En Ourense, por ejemplo, sólo siete incendiarios fueron finalmente condenados. Es verdad que la intencionalidad no explica todos los incendios, ni siquiera los más graves. El caso del incendio de Guadalajara, con 11 muertos y 12.000 hectáreas calcinadas por una barbacoa descuidada, es el ejemplo nacional de las negligencias, que incluyen descuidos y deficientes medidas de prevención, sobre todo, a la hora de quemar rastrojos y maleza. Pero en verano las quemas de rastrojo están prohibidas. Y la intencionalidad cobra una relevancia escandalosa.

De los 76 casos que ha resuelto este año en Ourense el Seprona, el cuerpo de la Guardia Civil que se encarga de los delitos medioambientales, 65 se debieron a la acción de los incendiarios. "El jueves [21 de agosto] ardió el monte A Chaira, en Pereiro de Aguiar. Comenzó al ocaso, y en un perímetro de cuatro kilómetros prendieron 17 fuegos", relata Xosé Santos, agente forestal. No es el único caso. Un total de 25 de los 150 incendios investigados por el Seprona en Ourense se iniciaron entre las diez de la noche y las cinco de la madrugada. Los incendiarios evitan así que puedan intervenir medios aéreos. Carmen Eiro, fiscal de incendios forestales de Ourense, se reincorporó el 15 de agosto y cuenta la cantidad de trabajo que se le ha acumulado en dos semanas. "Llevamos más de 200 atestados por incendios intencionados", explica.

Debido a la magnitud del problema -este año muchos fuegos pusieron en peligro a personas y viviendas- y a la poca fe que en Galicia se concede ya a la idea de que todo se deba a la acción de cuatro pirómanos sueltos -"de los de expediente psiquiátrico, yo no me he encontrado con ninguno", resume la fiscal-, el campo de las explicaciones continúa abierto. Las diversas fuentes consultadas apuntan a múltiples intereses -urbanísticos, madereros, cinegéticos y ganaderos-, aunque con pocas pruebas.

Así, la sospecha sobre el sector urbanístico se concentra en Ourense capital. "En muchas de las zonas que han ardido estos últimos años alrededor de Ourense se están haciendo urbanizaciones", explica Alfonso Grande, abogado que trabaja para numerosas comunidades de montes. La misma queja surge de otras conversaciones. Xosé Santos, agente forestal y portavoz de Comisiones Obreras, cita el campo de Golf de Montealegre -"que empezó a arder hace diez años", y ahora está sobre tierra quemada- y la zona donde se levanta el parque empresarial de Pererio de Aguiar, varias veces incendiada. En los documentos de trabajo de un agente de investigación forestal constan además las fotografías sobre otra urbanización, en Bardabás, donde es visible la superficie calcinada y en cuya falda van tomando forma los edificios. En el resto de la provincia, la presión urbanística es endeble.

Un decreto de la Xunta de enero de 2005 buscaba evitar ese aprovechamiento urbanístico del suelo incendiado, para lo que prohibió la edificación durante los tres años siguientes al fuego. Para el letrado Alfonso Grande, sin embargo, el problema no es tanto la falta de regulación como la escasa aplicación de las normas. "Ni los ayuntamientos, que tienen capacidad para hacerlo, ni los jueces, facultados por el Código Penal desde 1995 para prohibir la urbanización durante años, lo han aplicado", explica Grande. "Yo no conozco casos en que se haya aplicado ese artículo", añade Carmen Eiro, fiscal de incendios. Con todo eso, sólo en cuatro incendios de Pontevedra -no se habla de ninguno en Ourense, ya que el informe de Barbadás está sin terminar- los agentes de la Xunta señalaron el cambio de uso del suelo o la ampliación de polígonos industriales como motivo del mecherazo.

La explotación de la madera quemada figura también entre las actividades que el decreto pretendía regular para desactivar los posibles intereses incendiarios de los madereros. Ese peligro estaba ya minimizado para los casos en que funcionan acuerdos entre las comunidades de propietarios de montes y la Xunta, para que ésta comercialice por sí misma la madera, incluida la quemada. "En Ourense, en cambio, cualquier comunidad que no haya vendido por convenio lo ha hecho por un precio más bajo que el de mercado", explica Alfonso Grande. Muchos otros, sin embargo, dudan de que esa supuesta rentabilidad interese a largo plazo a los propios madereros. Al igual que para la hipótesis urbanística, la de los madereros flaquea también por el lado de las pruebas. Sólo dos casos, de entre los 76 incendios investigados en Ourense por las brigadas antifuego en 2004 respondían a esos intereses, a juicio de los agentes.

Ese mismo decreto prohibía el pastoreo en las zonas quemadas, con resultados parecidos. "La permisividad es absoluta", explica Felipe Sendón, de la comunidad de montes de San Mamede (A Coruña), quien asegura que los rebaños están pastando ya en las reverdecidas laderas que ardieron hace meses. Los incendios provocados para regenerar el pasto del ganado -a veces también por "motivos de caza", precisa Carmen Eiro-, son un argumento muy común para explicar la devastación en el mundo rural gallego. A ello se deben casi el 60% de las 793 diligencias abiertas en 2005 por los fiscales contra incendios de Galicia. Algo que comparte con el resto de España. Esas prácticas agrícolas suponen el "30% de los incendios de causa conocida", según un informe de Adena/WWF, realizado a partir de los datos del Ministerio de Medio Ambiente y publicado el pasado julio.

A la mejorable aplicación de la ley, se une la resistencia a colaborar a la que los investigadores se enfrentan en el medio rural, según las fuentes consultadas. La denuncia contra esa cierta "permisividad social" con el problema de los incendios que hizo pública hace unos días la ministra de Medio Ambiente encuentra en Galicia el eco de muchas voces. Sólo Alfonso Grande, de entre la quincena de personas con las que este periódico habló largamente, se mostró disconforme.

Entre quienes trabajan sobre el terreno, en cambio, corre un convencimiento generalizado. "Es verdad que es muy fácil quemar un monte, pero también es cierto que en el monte hay muchos ojos", advierte Xosé Santos, para quien una mayor colaboración por parte de "alguna gente" facilitaría mucho las pesquisas. "Hay que acabar con esa 'falsa protección social", afirma. "Mucha gente no considera que los incendios sean un delito", según Antonio, cabo investigador del Seprona, quien añade: "Quizá sea de los delitos en los que la gente colabora menos". La misma impresión comparte la fiscal de incendios Carmen Eiro: "En el campo todo el mundo se conoce, saben quién es pero no lo dicen". Las denuncias confidenciales propuestas por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, podrían ayudar a mejorar esta situación, en opinión de Santos y Eiro. "Si la gente sabe que puede denunciar manteniendo el anonimato, quizá pueda ayudar en algo, aunque tampoco va a ser la solución perfecta", concluye Eiro.

La dificultad para probar este tipo de delitos, debido a que el fuego apenas deja huellas, se suma a la escasa aplicación de la ley y a la permisividad social como tercer factor de la impunidad. Durante su reunión de la semana pasada, los fiscales gallegos volvieron a hacer hincapié en la necesidad de aumentar los medios y el personal de investigación en materia forestal. Sólo el 2% de los causantes de los incendios acaba detenido en España, según el informe de Adena. "La mayoría de los incendios queda sin autor", sentencia Eiro para el caso gallego. Ésa es la incógnita que sigue facilitando la combustión.