El Gobierno emplaza a Batasuna a que presione a ETA para que deje las armas

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reclama a Batasuna que presione a ETA para que declare el abandono para siempre de las armas. El Ejecutivo estima que la "pelota" está en el tejado de Batasuna y que él "ha llegado al límite de sus posibilidades de actuación", tras la moción de mayo en el Congreso, que aprobó por mayoría las bases para una salida dialogada del terrorismo de ETA. "Batasuna tiene que presionar a ETA para que logre una declaración sobre el cese definitivo de las armas. Mientras ETA esté en silencio, no se puede abrir un proceso de paz", señalan fuentes gubernamentales.

Ésta es la opinión del Gobierno de Zapatero cuando se inicia un debate asambleario en Batasuna sobre su futuro, tras la propuesta realizada el pasado noviembre en el velódromo de Anoeta (San Sebastián), para sacar "el conflicto de la calle" y llevarlo a una mesa de negociación. El arranque de este esperado debate coincide con la comparecencia ante la Audiencia Nacional, hoy mismo, del secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, imputado por el juez Fernando Grande-Marlaska por supuesta pertenencia a ETA.

La citación judicial ha suscitado el rechazo de la inmensa mayoría de las organizaciones políticas y sindicales nacionalistas del País Vasco, por considerar a Díez Usabiaga hombre clave en la izquierda abertzale y por estimar que eventuales acciones judiciales en su contra podrían obstaculizar las expectativas abiertas con el silencio armado de ETA. En las próximas semanas también comparecerán en la Audiencia Nacional Arnaldo Otegi y otros dirigentes de la ilegalizada Batasuna para declarar en varios sumarios en los que aparecen presuntamente vinculados con la banda.

Fuentes próximas a Batasuna señalan que el momento es "delicado". Por su parte, dirigentes del Partido Socialista de Euskadi conocedores de la situación de la izquierda abertzale también expresan su preocupación y señalan que la figura de Díez Usabiaga es "muy importante" por su "reconocida trayectoria" como líder del sindicato LAB, la única estructura histórica del mundo de Batasuna que no ha sido ilegalizada, y "por su apuesta, desde hace años, por buscar una salida a la violencia en Euskadi". "Díez Usabiaga tiene una gran audiencia en la izquierda abertzale, donde todos saben que tiene mucho que ver con el intento de distensión que se debate en ese mundo, y todo lo que pase con él tendrá trascendencia", añaden.

Pese a indicar que el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo, las mismas fuentes socialistas vascas valoran que "el cumplimiento de la ley no puede abstraerse del contexto en que se aplica" e invocan para ello al artículo 3 del Código Civil.

27 meses sin asesinatos

Actualmente se está en un contexto muy distinto al de 1997, en el que se produjo la decisión judicial de encarcelar a la Mesa Nacional de Batasuna, argumentan. "En aquel momento ETA había asesinado al concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, y Batasuna no lo había condenado. También es un momento distinto al de la aprobación de la Ley de Partidos, en 2002, decidida en plena ofensiva terrorista de ETA", añaden.

Por el contrario, la comparecencia de Díez Usabiaga en la Audiencia Nacional se produce en un momento en que ETA lleva 27 meses sin cometer un asesinato. A su vez, el secretario general de LAB es una de las voces más autorizadas en el mundo de Batasuna que abogan por sustituir la violencia por la política, señalan las fuentes socialistas. "Los jueces son independientes, pero deben tener en cuenta estas circunstancias", apuntan. No obstante, defienden, frente al criterio del PNV, que "la Ley de Partidos debe seguir vigente y también mantener la ilegalización de Batasuna hasta que el cese de ETA sea un hecho".

El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero defiende, a su vez, la presión sobre Batasuna, aun constatando los 27 meses sin atentados mortales de ETA y algunas declaraciones de la formación ilegalizada a favor de las vías políticas. El Ejecutivo entiende que "ha llegado al límite de su capacidad de actuación con la resolución parlamentaria de mayo", en la que el Congreso de los Diputados declaró su apoyo a los procesos de diálogo con quienes abandonen de forma inequívoca la violencia.

En el terreno judicial, el Gobierno "respeta" las actuaciones del juez Grande-Marlaska, porque defiende "la separación de papeles en un Estado de derecho y, con ello, la independencia judicial". Pero en el terreno político, La Moncloa está convencida de que hay que mantener la presión sobre Batasuna. "Si no condena la violencia de ETA, tendría que presionar sobre ella para lograr una declaración de alto el fuego". El Ejecutivo insiste en que sería a partir de ese momento cuando se podría hablar de un proceso de paz y explotar todas las posibilidades que ofrece la resolución parlamentaria aprobada en mayo pasado.

Entre ellas, la búsqueda de una solución para los presos de la organización terrorista y la puesta en marcha de una mesa de partidos sobre la reforma del Estatuto de Gernika con la participación de una Batasuna que estaría en condiciones de ser legalizada de nuevo.