¿Qué es una nación?

EL CONSEJO CONSULTIVO de la Generalitat hizo público el pasado lunes un dictamen no vinculante sobre los 218 artículos y las 29 disposiciones adicionales (más las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios) del proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña aprobado el 29 de julio por la Comisión de la asamblea autonómica. El máximo órgano de asesoramiento jurídico del Gobierno catalán -formado por siete miembros- llega a la conclusión de que 19 artículos ofrecen aspectos inconstitucionales y otros 39 presentan problemas sólo solucionables a través de la vía interpretativa o mediante modificaciones terminológicas. Los grupos nacionalistas se apresuraron a subrayar que el documento no es una sentencia de cumplimiento obligatorio; mientras el presidente de CiU negó capacidad política vinculante a todos los cuestionamientos del dictamen que no fueran aprobados por seis votos a uno, el presidente de ERC subvirtió la jerarquía normativa al exigir imperiosamente la reforma de la Constitución cuando su texto colisione con el nuevo Estatuto.

El máximo órgano de asesoramiento jurídico de la Generalitat considera inconstitucionales 19 artículos del proyecto de Estatuto de Cataluña y aconseja modificar otros 39

La razón de que la institución asesora de la Generalitat haya advertido irregularidades en un número tan elevado de artículos del proyecto estatutario tal vez responda a una calculada estrategia de sus redactores y enmendantes: la voluntad de tantear la solidez de los muros del sistema constitucional para poner a prueba su resistencia mediante una exploración sin demasiados riesgos. En tal caso, los más estridentes y abultados párrafos inconstitucionales advertidos por el dictamen del Consejo Consultivo habrían sido el señuelo o la primera trinchera de una batalla jurídico-política de mayor alcance. La tramitación del proyecto proseguirá ahora su curso en el ámbito autonómico; con la guía orientadora del dictamen del Consejo Consultivo, los partidos tratarán de alcanzar un acuerdo que permita al Pleno del Parlamento a finales de septiembre aprobar con los dos tercios requeridos el nuevo Estatuto.

Llegaría entonces el turno de las Cortes y -eventualmente- del Tribunal Constitucional. La constitucionalidad del proyecto de Estatuto que el Parlamento catalán envíe en su día al Congreso sería una condición necesaria pero no suficiente para conseguir el refrendo sin enmiendas por las Cortes. Cataluña es una de las 17 comunidades que componen el Estado de las Autonomías, vinculadas todas entre sí por nexos multilaterales e implicaciones mutuas. El Consejo Consultivo censura -por razones de inconstitucionalidad- que el proyecto estatutario conceda un tratamiento bilateral a cuestiones relacionadas con la financiación autonómica, la asunción de competencias exclusivas, el régimen electoral, la transferencia de facultades correspondientes a materias de titularidad estatal y la modificación de leyes orgánicas y ordinarias. Pero el debate jurídico-constitucional no agota las dimensiones políticas relacionadas con la funcionalidad, equidad y multilateralidad del Estado de las Autonomías.

El organismo asesor de la Generalitat cuestiona la invocación de los derechos históricos como instancia legitimadora para la adquisición y blindaje de competencias; en cambio, no ve obstáculos para que la titularidad de tales derechos extralegales sirva de fundamento al "autogobierno del pueblo catalán". El dictamen también consagra la definición de Cataluña como nación, a condición de que el término no quede asociado al concepto de soberanía estatal (como hace el artículo 2 de la Constitución): los significados de la palabra -culturales, sociológicos y jurídicos- varían de acuerdo con el contexto. Es cierto que la interrogante ¿Qué es una nación? ha recibido múltiples respuestas desde que en 1882 Renan pronunciase su célebre conferencia en la Sorbona; un reciente libro de Anthony D. Smith (Nacionalismo, Alianza, 2004) incluye un amplio catálogo de esas variantes. En este caso, sin embargo, el Consejo Consultivo confunde los términos del problema: aunque pretende que la palabra nación tiene en el proyecto dos significados diferentes según se aplique a Cataluña o España, el contexto jurídico-político -la Constitución y el Estatuto de Cataluña- es el mismo.