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Reportaje:

Batasuna encara su hora de la verdad con un debate interno

El Gobierno de Zapatero estima que "Batasuna debe dar el paso hacia la política y la paz", porque "no ha avanzado nada desde la Asamblea de Anoeta, en noviembre de 2004"

Luis R. Aizpeolea

La ilegalizada Batasuna abrirá un debate sobre la orientación estratégica que marcó en la Asamblea de Anoeta (San Sebastián), de noviembre de 2004, de sustitución de la vía violenta por la política para resolver el llamado "conflicto vasco" con una inminente reunión, al inicio del curso político. Prevista inicialmente en Alsasua (Navarra) para este fin de semana, los dirigentes de Batasuna han cambiado el lugar y la fecha tras haberse hecho pública.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha constatado la ausencia de atentados mortales en los últimos 27 meses por parte de ETA, la práctica desaparición de la habitual "campaña de verano" de atentados en las costas españolas por parte de esa banda e incluso la disminución de la kale borroka, tras un repunte en Getxo (Vizcaya) y San Sebastián (Guipúzcoa) a mediados de agosto, que no tuvo continuidad, a diferencia de otras ocasiones, en las fiestas de Bilbao. Paralelamente, percibe un aumento del protagonismo público perdido de Batasuna, tras su ilegalización en 2002.

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El diagnóstico de esta situación fue objeto de atención en las reuniones que el presidente Zapatero mantuvo esta semana con el líder del PP, Mariano Rajoy, y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, en La Moncloa.

Rajoy ha eludido hablar de esta cuestión con los medios de comunicación e incluso llegó a señalar, al salir de La Moncloa, que Zapatero no le había aportado ninguna novedad.

No sucedió lo mismo con Ibarretxe que, en la escueta nota que difundió tras reunirse con Zapatero, admitió que las expectativas de paz en Euskadi ocuparon el lugar prioritario de la reunión.

La fecha clave que barajan el Gobierno y Batasuna para este proceso son las elecciones municipales de 2007, en las que la formación de Otegi pretende concurrir como partido legalizado. El Gobierno ya ha notificado por vías indirectas, e incluso públicamente, que la condición para que Batasuna sea legalizada es que debe condenar la violencia o lograr que ETA haga público el cese definitivo de la violencia.

Hasta ese momento, hasta el compromiso público por parte de ETA de dejar la violencia, el Gobierno de Zapatero no considerará abierto el proceso de paz en Euskadi. Ibarretxe coincidió, el miércoles en La Moncloa, con esta visión de Zapatero.

Es a partir de ese momento, del cese de la violencia de ETA, cuando el Gobierno está dispuesto a abrir la negociación sobre los 800 presos etarras. En ese momento podría abrirse el proceso de legalización de Batasuna.

A esta cuestión se refirió el pasado lunes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión de Zapatero con Rajoy, cuando dijo que no habrá conversaciones con ETA hasta que cese definitivamente la violencia. El Gobierno de Zapatero basa su posición en el Pacto de Ajuria Enea de 1988 y en la resolución aprobada por el Congreso en mayo, con la única excepción del PP.

En este contexto, Batasuna va a abrir un debate interno en asambleas, en las próximas semanas y hasta fin de año, sobre la vía a seguir. En medios nacionalistas valoran que el momento es "delicado" y que "hay nerviosismo" en las filas de la izquierda abertzale, sobre todo por los procesos judiciales en marcha, que afectan a sus principales líderes, entre ellos Arnaldo Otegi y el secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, que el próximo lunes comparecerá ante la Audiencia Nacional bajo la imputación de pertenencia a ETA. Desde estos sectores se reclaman "gestos" al Gobierno de Zapatero.

Pero el Gobierno, además de subrayar que en un Estado de derecho el poder judicial es independiente del poder ejecutivo, está reclamando a Batasuna que "avance de forma decidida por la vía política y se desmarque definitivamente de la violencia". "El País Vasco necesita que los 150.000 votos que tiene Batasuna se aíslen de la violencia", señalan fuentes gubernamentales.

El Gobierno cree que "ha llegado el momento de la verdad para Arnaldo Otegi", que "no debe repetir la oportunidad perdida en la tregua fallida de 1999".

En definitiva, el Gabinete cree que la pelota está ahora en el tejado de Batasuna, que es a quien corresponde mover pieza, contribuyendo al cese definitivo de la violencia, para poner en marcha un "auténtico proceso de paz" y que "ése debe ser el sentido de las asambleas de las próximas semanas".

El Ejecutivo estima, también, que desde la Asamblea de Anoeta (Guipúzcoa), de noviembre de 2004, Batasuna "no ha dado más pasos en la dirección de desmarcarse de la violencia".

El alejamiento de Batasuna de la violencia de ETA o el logro de que la banda notifique su cese definitivo es lo que el Gobierno de Zapatero espera para desencadenar el proceso de paz. No hay ningún plazo para ello, pero el proceso asambleario de Batasuna de este otoño podría ser decisivo, según fuentes nacionalistas.

A partir del desencadenamiento del proceso de paz, el Gobierno de Zapatero cree que podría contar con algún tipo de complicidad con el PP, de la que ahora no dispone. Cuenta con el precedente de que este partido, cuando gobernó, mantuvo en 1998 y 1999 un proceso de diálogo con ETA, tras constatar la duración de la tregua declarada por la banda.

Ibarretxe está colaborando con Zapatero en propiciar que Batasuna dé el paso, con un reparto de papeles. Si se materializase el abandono de las armas por parte de ETA, correspondería a Zapatero dirigir el proceso de paz, ya que como presidente del Gobierno tiene competencia sobre las prisiones. Él tendría que dirigir el hipotético proceso de conversaciones con ETA.

El papel de Ibarretxe se centraría en dirigir la mesa de partidos que, al igual que en numerosas comunidades autónomas, procederá a la reforma del Estatuto vasco. Ibarretxe pretende que la ilegalizada Batasuna participe en la mesa de partidos. También propone que esa mesa no tome resoluciones mientras ETA no declare públicamente el cese de la violencia, lo que es otra forma de decir, hasta que Batasuna entre en un proceso de legalización.

Ibarretxe ejerce, de ese modo, una forma de presión sobre Batasuna, que el Partido Socialista de Euskadi y el PP vasco llevan hasta el final al exigir que ni siquiera se sentarán en la mesa con la ilegalizada Batasuna hasta que ETA declare el cese definitivo de su violencia terrorista.

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