El tripartito y CiU redactan las bases del pacto para el nuevo Estatuto catalán

Los tres partidos que apoyan al Gobierno catalán y el primer grupo de la oposición, el de CiU, comenzaron ayer a redactar las bases para el acuerdo definitivo sobre la reforma del Estatuto catalán. En una reunión celebrada por representantes de los cuatro grupos en el Parlamento catalán, acordaron seguir la senda marcada por el dictamen del Consejo Consultivo para adecuar el proyecto a la Constitución. Esquerra mantiene a pesar de ello la vinculación entre derechos históricos y determinadas competencias de la Generalitat, aunque las reduce de ocho a cinco. Entre las que acepta suprimir se cuenta la financiación.

Los partidos catalanistas quieren llegar mañana a la Diada del Onze de Setembre, fiesta nacional de Cataluña, habiendo aclarado las enrarecidas expectativas de las últimas semanas sobre la reforma del Estatuto. Ni los integrantes del tripartito de la izquierda catalana (PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa Verds-Esquerra Unida) ni los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) quieren que se les pueda acusar de ser los responsables de un fracaso de la reforma.

Esta predisposición se puso de manifiesto ayer en una reunión celebrada por la mañana por los diputados de estos cuatro grupos que en los últimos 19 meses han actuado como ponentes de la reforma estatutaria: los socialistas Lídia Santos y Miquel Iceta, los nacionalistas Núria de Gispert y Francesc Homs, el republicano Joan Ridao, que acudió junto con el economista Xavier Soy, y Jaume Bosch y Jordi Miralles, de ICV-EUiA.

Para enviar un mensaje claro a la ciudadanía, los cuatro partidos acordaron, a propuesta del PSC y tal como indica el dictamen del Consejo Consultivo, suprimir el mandato a las Cortes para la reforma de las leyes orgánicas afectadas por la reforma del Estatuto. Con este queda "libre de objeciones" el título del nuevo Estatuto que trata de la Justicia, una de las más destacadas innovaciones introducidas por la reforma, que de esta forma puede darse ya por virtualmente aprobado.

Derechos históricos

En esta reunión, Ridao entregó a los demás grupos las 30 propuestas que su partido ha preparado para solventar las objeciones de inconstitucionalidad. En general, sus propuestas se adaptan al dictamen del Consejo Consultivo, pero en algunos puntos tan conflictivos como el de los derechos históricos, ERC mantiene buena parte de sus posiciones iniciales y sigue remitiéndose a la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que según el Consejo Consultivo, se refiere exclusivamente al País Vasco y Navarra.

Esquerra sigue invocando los derechos históricos para amparar "un régimen singular" en algunas competencias. Aunque en vez de ser ocho, como pactó con CiU en julio, ahora quedan en cinco. Las que se "caen" son la financiación de la Generalitat, seguridad ciudadana y la organización de las Administraciones públicas. Las que ERC propone mantener son las de organización territorial y régimen local, derecho civil, educación, cultura y régimen lingüístico. La renuncia de ERC a blindar la financiación mediante los derechos históricos le valió en la tarde de ayer las críticas de CiU, que interpreta esta maniobra como una "propuesta de rebaja de ERC".

Sin embargo, no será hasta la próxima semana cuando los partidos aborden tan espinoso tema. De momento, ERC ha querido acercarse a CiU incluyendo entre sus 30 propuestas algunas de las enmiendas nacionalistas al modelo de financiación propuesto por el tripartito. Por ejemplo, propone que la Agencia Tributaria Catalana "colabore" con la del Estado. De esta forma se evita concretar si ambas Administraciones deben trabajar de forma "coordinada" o "consorciada", términos que enfrentaban a los nacionalistas con los grupos del tripartito. Más allá de la financiación, los cuatro grupos acordaron presentar enmiendas conjuntas en los puntos en que alcancen acuerdos, pero Homs advirtió de que en algunos extremos CiU "mantendrá la singularidad" de sus posiciones mediante enmiendas propias.

Bosch anunció que los nueve diputados de ICV-EUiA "apoyarán" los acuerdos a que lleguen los dos únicos grupos cuyo concurso es imprescindible para alcanzar los dos tercios de la Cámara, es decir, los de CiU y el PSC. Socialistas y convergentes suman 88 de los 90 diputados autonómicos requeridos para aprobar el Estatuto en el Parlamento y remitirlo a las Cortes. Con la suma de ICV-EUiA se llega a los 97 escaños.