Los ministros de Infraestructuras iberoamericanos piden un trato fiscal diferenciado para las inversiones

El encuentro de ministros de Transportes e Infraestructuras iberoamericanos se cerró ayer con la Declaración Málaga 2005, que incluye dos conclusiones principales: la propuesta de crear un foro permanente entre las Administraciones, y la petición a las instancias financieras de conceder un trato fiscal diferenciado a las inversiones en infraestructuras. El documento, que será remitido a los jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán en octubre en Salamanca, fue consensuado tras dos días de debates.

La anfitriona, la ministra de Fomento española, Magdalena Álvarez, anunció que a principios de 2007 se celebrará en Uruguay una nueva reunión. Precisamente para tratar de dar cierta continuidad a las relaciones, se propone la creación de un Centro de Intercambio y Cooperación, a través de la Secretaría General Iberoamericana. Este centro serviría de "foro permanente y estable a las Administraciones para la reflexión compartida sobre las cuestiones relacionadas con la infraestructura y el transporte".

Durante los dos días que ha durado el encuentro, que ha reunido en Málaga a ministros y altos cargos de 17 países, uno de los temas estrella ha sido la financiación de las infraestructuras y su dificultad, sobre todo al otro lado del Atlántico. Así, el documento acuerda "solicitar a las instancias financieras y a otras competentes la aplicación de nuevas reglas de cálculo de déficit fiscal que puedan excluir las inversiones en infraestructuras con efectos significativos sobre la productividad, la competitividad, el PIB (Producto Interior Bruto) y los ingresos fiscales".

En este sentido, Álvarez opinó que cuando los recursos financieros "se dedican a una actividad que no es un gasto corriente, sino de inversión, no pueden ser computados como déficit por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otras instituciones financieras". Como ejemplo, la ministra citó una norma de la Unión Europea aprobada para 2007, que establece que no se computen determinadas inversiones en el déficit hasta unos límites establecidos. Otro antecedente sería el caso de Brasil, por lo que se plantea que "se amplíe el criterio" al resto de países, ya que estas inversiones inciden en la productividad y competitividad de los Estados. Estas experiencias se tratarán de usar en las negociaciones de cada país con las instituciones financieras.

Además, las conclusiones acuerdan "impulsar una planificación estratégica flexible en materia de transporte e infraestructuras, con un enfoque intermodal, apoyada en el consenso social, en la equidad territorial y en la sostenibilidad ambiental". También se impulsarán y coordinarán los programas de formación y capacitación continuada, y se fomentará la utilización de combustibles alternativos en el transporte para reducir la dependencia del sector respecto de los combustibles fósiles.