Kirchner da la espalda a los 'piqueteros'

Era un divorcio anunciado. Tras dos años en el Gobierno con la consigna a la policía de no impedir las manifestaciones indiscriminadas de las organizaciones de trabajadores desocupados -conocidos como piqueteros-, el presidente argentino Néstor Kirchner ha ordenado a las fuerzas de seguridad que impidan los cortes casi diarios de importantes vías de comunicación en Buenos Aires y sus alrededores que han causado un gran cansancio social. Desde el pasado lunes los uniformes azules de la policía federal han sido sustituidos por los cascos, corazas, escudos y vehículos especiales de los militares de la Gendarmería nacional cuyos efectivos impiden -hasta el momento con su sola presencia- las protestas.

El cambio de actitud adoptado por el Gobierno responde, según los críticos, más a un interés a corto plazo que a un cambio de rumbo permanente

El ministro de Interior tachó a los 'piqueteros' de "organizaciones de izquierda", y Kirchner los retó con un "ya veremos qué representación obtienen"

El cambio de actitud del Gobierno argentino responde, según los críticos, más a un interés a corto plazo que a un cambio de rumbo permanente. "El Gobierno está obsesionado con las elecciones legislativas del 23 de octubre, porque Kirchner las ha convertido en un plebiscito y aunque teme mucho al impacto negativo de los posibles disturbios, considera que es mayor el desgaste social que provocan las continuas protestas. Buenos Aires era un ciudad invivible", destaca el analista Mariano Grondona.

Las organizaciones piqueteras más duras -que agrupan a unas 30.000 personas- acogieron la noticia de que desde la Casa Rosada se les habían cerrado las puertas, primero con desconcierto y luego con exigencias de una entrevista personal con Kirchner, quien no parece dispuesto a recibirlos. Los piqueteros reclaman además la puesta en libertad de los "presos políticos", el aumento de los planes de ayuda de los 150 pesos por familia (unos 45 euros) actuales a 350 pesos (103 euros) y una política económica radicalmente diferente a la actual, basada en la propiedad nacional de los medios de producción. "Hay más de 30 presos y 5.000 procesados por participar en las protestas", asegura Ovidio Pepe, portavoz del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), para quien la tensión actual es fruto de la política económica de Kirchner, "que consiste en entregar la riqueza nacional a las multinacionales, entre ellas Repsol, que se lleva toda el petróleo del país".

El nuevo clima oficial frente a las protestas ha generado el consenso en la clase política, consciente en plena campaña electoral de que los votantes de la capital y el cinturón del gran Buenos Aires piden medidas para poner fin al caos que a menudo afecta a importantes zonas de la ciudad. "Hay que acabar con el planteamiento ridículo de que no se puede criminalizar la protesta", apuntó el candidato a diputado por la centroderechista Propuesta Republicana -y dueño del Boca Juniors- Mauricio Macri, para quien una cosa son las propuestas de quienes reclaman sus derechos laborales y otra las que "abusan de los derechos del otro". "Nosotros no somos piqueteros, somos trabajadores desocupados", rebate desde el otro bando Juan Cruz Dalfunchino, del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) quien asegura que sólo con el superávit generado por la Hacienda argentina en un mes podría mantenerse la subida reclamada durante todo un año. Dalfunchino ha reiterado que el endurecimiento del Gobierno contra el movimiento piquetero responde a una estrategia de represión.

"Represión" es el término empleado en Argentina para la disolución por la fuerza de una concentración y está inevitablemente ligada al 26 de junio de 2002, cuando en sendas protestas, una en la estación de trenes de Avellaneda y otra en el puente Pueyrredón, dos piqueteros, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, murieron por disparos de la policía. Los hechos -por los que ocho agentes tienen abierto un proceso penal- precipitaron la caída del entonces presidente y actual rival de Kirchner, Eduardo Duhalde. Cuando Kirchner llegó al poder en 2003 se comprometió a que bajo su mandato no habría "ni un muerto" por la actuación policial contra los manifestantes, y en consecuencia ordenó a las fuerzas de seguridad que no intervinieran ante las protestas fueran éstas programadas o no.

El resultado de esta declaración ha sido una serie prácticamente ininterrumpida de manifestaciones especialmente en Buenos Aires ante cuya presencia la policía se limita a regular el tráfico, ya que en muchas ocasiones los propios piqueteros aportan su propio servicio de orden: personas armadas con gruesos garrotes que, dependiendo de la organización a la que pertenezcan, van además encapuchados. "Kirchner ha temido durante mucho tiempo que alguien tratara de provocar disturbios en los que hubiera muertos", explica Grondona "y eso explica el por qué no intervenía la policía".

Pero el presidente argentino no sólo dejó hacer, sino que a veces alentó la protesta. Una de las modalidades usadas en las manifestaciones es el escrache: una protesta contra alguien en concreto -persona o empresa- frente a su domicilio o sede. Han sido objetos de ella empresas, embajadas o políticos que criticaban el movimiento. Cuando la multinacional anglo-holandesa Shell subió el precio de los combustibles el 11 de marzo el presidente dio su apoyo implícito al bloqueo de las gasolineras. "Si defender el bolsillo de los argentinos es una actitud extrema, tomaré todas las actitudes extremas que correspondan", dijo. Días después rebajó el tono y aseguró que él no ordenó el escrache contra la Shell. La multinacional terminó retirando la subida de precios.

Reclamación inicial

También ocurre que las protestas terminan en una suerte de pescadilla que se muerde la cola, donde es difícil entrever cuál era la reclamación inicial. Como ocurrió con Raúl Castells, líder del MIJD quien fuera detenido a principios de junio acusado de extorsión contra los empleados de un restaurante McDonald's asaltado durante una manifestación, a los que se intimidó a entregar 50.000 menús infantiles a los piqueteros. Tras su detención, Castells inició una huelga de hambre que se prolongó hasta mediados de agosto.

Durante todo ese tiempo sus seguidores protagonizaron numerosos cortes de vías públicas y manifestaciones exigiendo exclusivamente la libertad de Castells, a quien calificaban de "preso político". Castells abandonó la huelga tras ser puesto en libertad por un tribunal de casación con el voto particular de un magistrado que destacó "el desprecio por la ley" mostrado por el líder piquetero.

Con estos antecedentes el movimiento piquetero optó por subir la apuesta y en la penúltima semana de agosto anunció un bloqueo masivo contra la capital argentina con una gran acampada incluida en la Plaza de Mayo, frente a la sede de la Presidencia de la República. Pero se encontraron con una actitud diferente a la habitual. El ministro de Interior, Aníbal Fernández, tachó a los piqueteros de "organizaciones de izquierda", y Kirchner retó a los piqueteros con un "ya veremos que representación obtienen en las elecciones

[legislativas del próximo 23 de octubre]". Los piqueteros no hicieron caso a la advertencia y el pasado lunes volvían a tratar de marchar sobre la plaza, pero enfrente encontraron a los gendarmes con sus corazas y sus escudos.