Una pila de tres metros de papel

La comparecencia del consejero se desarrolló sin la presencia de los portavoces de Izquierda Unida, EA, PNV y Aralar quienes instantes antes de que Palacios comenzase su exposición abandonaron la sala como protesta por carecer de la documentación sobre el caso que solicitaron al Gobierno regional.

La Mesa del Parlamento foral rechazó el pasado miércoles la petición de IU y Aralar de que se anulasen las comparecencias hasta no disponer de los documentos que el Ejecutivo foral aún no les ha entregado. Ambos grupos pidieron ayer a la presidenta de la comisión, María José Bozal, de UPN, que suspendise la sesión por igual motivo. Bozal recordó que Palacios comparecía a petición propia y que era prerrogativa del consejero seguir adelante con la sesión. El PSN, que luego criticó con dureza la actitud del Gabinete de Miguel Sanz de no entregar a la oposición el expediente, permaneció en la sala y calificó de "muy insuficientes" las explicaciones recibidas, en palabras de Fernando Puras.

Carlos Pérez Nievas, de CDN, rechazó la actitud de quienes ayer abandonaron la sala mientras que en agosto pedían la presencia urgente ante el Parlamento de los consejeros. "Esto no es una comisión de investigación", recalcó el portavoz convergente.

Palacios se defendió indicando que el periodo reglamentario de 20 días como máximo para entregar los documentos que los grupos solicitan al Ejecutivo finaliza el 23 de septiembre, dado que agosto fue mes vacacional. El consejero reprochó además a IU y Aralar su escasa "conciencia ecológica" ya que le obligarán a entregar fotocopias que suman "tres metros lineales de papel" a cada grupo. Respecto a EA y PNV, el consejero sostuvo que difícilmente recibirán documentación que nunca han solicitado formalmente.

La oposición ha criticado diversas actitudes obstruccionistas de los socios del Ejecutivo (UPN y CDN) a su tarea de control parlamentario.

El Gobierno navarro debe encarar además el próximo martes el comienzo de las sesiones de la comisión de investigación del caso Egüés, un escándalo de irregularidades urbanísticas que provocó la dimisión de un alcalde de UPN y la posterior investigación por el juzgado de Aoiz sobre 11 personas, entre las que figura un ex director general de Industria del Gobierno regionalista.