El 80% de los vecinos del Carmel ya han cobrado la indemnización

El Gobierno catalán ya ha indemnizado al 80% de los 1.278 vecinos que fueron desalojados del barrio del Carmel tras los hundimientos por las obras de prolongación de la línea 5 del metro. De los afectados, 42 no se han adherido al acuerdo que se alcanzó hace poco más de tres meses y que fijó las indemnizaciones que reciben los vecinos. De éstos, sólo dos se han querellado contra la Administración y seis se han negado a firmar el convenio, según fuentes de la Generalitat. El resto está pendiente de resolver "trámites burocráticos".

Después de varios meses de negociaciones con los abogados y las asociaciones de vecinos, el Gobierno catalán firmó dos convenios marco que fijaban las indemnizaciones y las condiciones por las que los afectados podían regresar a sus casas.

El primero compensó a las 34 familias cuyos pisos fueron derribados. Éstas ya han recibido 70.000 euros para adquirir mobiliario -a los que se añaden 10.000 euros por persona a partir del segundo miembro familiar-, 30.000 euros por afectado por daños morales y un piso de protección oficial que el Gobierno catalán aceptó descalificar para que pudiera ser vendido en el mercado libre. Todas estas familias, que suman 94 personas, han cobrado las compensaciones, informaron ayer fuentes de la Delegación de la Generalitat en Barcelona.

Los 1.184 vecinos restantes pueden acogerse al segundo convenio, por el cual cada afectado cobra 10.000 euros por daños morales y recibe varias garantías sobre la seguridad y el valor inmobiliario de su vivienda. Hasta ahora la Generalitat ha abonado la cuantía de los daños morales a 998 personas.

Un total de 42 afectados todavía no han firmado el acuerdo, aunque fuentes de la Generalitat precisaron que "la mayoría por causas burocráticas". Algunos de ellos, por ejemplo, no estaban empadronados en el Carmel a pesar de residir en el barrio y ahora deben resolver su registro. Ocho personas se han negado a adherirse al acuerdo, pero de éstas sólo dos se han querellado contra el Gobierno catalán. Estos dos vecinos, precisaron las mismas fuentes, viven en la denominada zona amarilla, que es la más afectada por los hundimientos en la cola de maniobras del túnel del metro.

Retorno paulatino

El retorno a casa está resultando más lento que el cobro de indemnizaciones, puesto que depende de las recimentaciones de los edificios más cercanos al socavón. La Generalitat afirma que 667 vecinos ya residen en su casa, 343 aguardan el regreso en pisos de alquiler, 185 permanecen en un hotel y 43 han optado por quedarse irse a vivir con familiares. Los 40 restantes se han trasladado a otros alojamientos, por ejemplo, segundas residencias.

Los vecinos que residían en la zona amarilla no podrán volver a casa hasta que terminen las recimentaciones de los 12 edificios más cercanos a la zona de los hundimientos. En siete de estos inmuebles estos trabajos están "en fase final", y en el resto aún no han empezado. La Generalitat también apuntó ayer que en el área menos afectada se han reparado 166 viviendas y 20 están siendo ahora arregladas. El resto, 80, no necesita ninguna actuación o sólo "pequeñas reparaciones".

Los hundimientos causados por las obras de prolongación de la línea 5 del metro ocurrieron el pasado 27 de enero y afectaron a 529 viviendas y 47 comercios. Aún permanecen cerrados 35 establecimientos, que siguen cobrando una mensualidad de 1.500 euros por trabajador o autónomo y 10 euros por cada metro cuadrado del local. La indemnización final, apuntaron ayer las mismas fuentes, no se fijará por un convenio marco, sino que se negociará "caso por caso". Otros 153 comercios ubicados en las proximidades de la zona siniestrada cobraron anticipos a cuenta de unas compensaciones que aún se están acordando y que servirán para reparar el lucro cesante -lo que se deja de ingresar- de estos negocios.