Ley y entorno

Tres muertes en tres días, siete en lo que llevamos de mes, 41 desde enero. La plaga de la violencia sexista sigue golpeando duramente en España, pese a que la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en diciembre de 2004, está ya en vigor y se han comenzado a aplicar buena parte de las medidas previstas en ella. Al ritmo que llevamos, el año puede terminar con una estadística tan mala como la del año pasado, que se saldó con 72 mujeres asesinadas por sus maridos o compañeros sentimentales.

La aprobación de una ley integral era una condición indispensable para poder incidir desde distintos frentes sobre un fenómeno de dimensión creciente. La aplicación de la ley ha chocado con dificultades, comenzando por la rápida saturación de los juzgados. El propio contenido plantea problemas de orden jurídico, como la contradicción que implica la imposición obligada de medidas de alejamiento a los maltratadores condenados por agresiones leves, incluso contra la voluntad de la víctima, o la cuestión de fondo, ya discutida durante la tramitación parlamentaria, de si es o no constitucional el hecho de que las agresiones realizadas por hombres tengan mayor sanción penal que las realizadas por mujeres. Forma parte de la normalidad democrática que las dudas que suscite la aplicación de una ley se diriman en los órganos destinados a ello, en este caso el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por una juez de Murcia.

Pero la dimensión penal, por contundente que sea, no va a ser suficiente para incidir sobre un plano mucho más profundo, que actúa como motor desencadenante de la dinámica agresora: las concepciones machistas, profundamente arraigadas en la mentalidad de muchos hombres, incluidos algunos que se consideran libres de este germen. No estamos ante un fenómeno fácil de combatir. La amenaza de una mayor sanción penal suele ser disuasoria en otro tipo de delitos, pero no lo es tanto en aquellos que tienen un fuerte componente emocional.

Así parece indicarlo el hecho de que el agravamiento de las penas tenga todavía muy poca incidencia sobre el número de agresiones. Como ya se advirtió durante la tramitación de la ley, los cambios penales deben reforzarse con medidas sociales, educativas y culturales destinadas a erradicar la tolerancia social que todavía ampara no pocas manifestaciones de dominación sexista. Porque en toda agresión de este tipo, hay un agresor que responde a un impulso individual, pero también hay un entorno cultural que lo propicia.