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Andalucía estudia aplicar el 'céntimo sanitario' en 2006 para rebajar el déficit

La consejera de Salud considera una frivolidad tachar de limosna la oferta del Gobierno

Las comunidades autónomas tendrán que asumir la impopularidad de subir impuestos para garantizar la sostenibilidad futura de la sanidad en sus territorios. Ésta es la posición que defenderá en la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos la Junta de Andalucía, que aboga por una "corresponsabilidad" entre Gobierno y comunidades para rebajar el actual déficit y lograr fondos suficientes en el futuro. El Gobierno andaluz, que se opuso con dureza al impuesto sobre hidrocarburos en 2001, estudia subir su tramo autonómico a partir de 2006 para recaudar el céntimo sanitario.

El anterior Gobierno del PP implantó en 2001 un impuesto sobre hidrocarburos, que incorporaba la cesión de un tramo a las autonomías siempre que la recaudación se destinase a sanidad o medio ambiente. El llamado céntimo sanitario se aplica ya en Cataluña, Galicia, Madrid, Asturias y Comunidad Valenciana, pero suscitó una oposición rotunda en las comunidades gobernadas entonces por el PSOE, entre ellas Andalucía.

En estos cuatro años, sin embargo, la posición andaluza ha virado. En una entrevista a EL PAÍS, la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, sostiene que en los presupuestos autonómicos de 2006 "podría ser una medida acertada" la subida del céntimo sanitario para incrementar los ingresos. La decisión definitiva está condicionada al estudio económico de la recaudación, pero también a la respuesta que reciba de los grupos parlamentarios andaluces.

El tercer elemento que pesará en el Gobierno andaluz será el resultado de la Conferencia de Presidentes autonómicos, que debatirá en exclusiva el futuro modelo de financiación sanitaria. La aplicación del céntimo sanitario ayudaría a obtener fondos adicionales para aliviar el déficit de la sanidad andaluza, que la Administración autonómica cifró a finales de 2003 en 530 millones. El desfase entre ingresos y gastos en Andalucía, según un informe del comité de expertos del Ministerio de Economía y Hacienda, asciende a 627 millones.

En esa cumbre autonómica, la Junta andaluza defenderá la "corresponsabilidad" entre Administraciones para aliviar el déficit y diseñar un nuevo modelo. "No me parece presentable que las comunidades sólo exijan un esfuerzo al Ejecutivo", sostiene Montero, que considera una "frivolidad" que las comunidades gobernadas por el PP tachen de "limosna" los 3.000 millones que plantea el Gobierno (se abonarían a medias con las comunidades) como aportación extraordinaria para rebajar la deuda. "Creo que nadie ha pensado en ningún momento que el Estado tenía capacidad económica para financiar el conjunto de la deuda que tenemos acumulada cada una", precisa la consejera.

La Junta de Andalucía se desmarcó desde el primer momento de las comunidades que reclamaban poner "los contadores a cero" por considerarla injusta. "Cualquier mecanismo que pague la factura sin analizar de dónde procede penaliza a los que hemos hecho un esfuerzo por que el crecimiento del gasto siga una senda razonable", explica.

Tabaco y alcohol más caros

La propuesta andaluza descansa sobre dos pilares. El primero es la aportación del Gobierno de una cantidad adicional para rebajar el déficit acumulado y que esta cantidad se reparta según la población atendida. El segundo es la transferencia de capacidad normativa a las comunidades para que puedan obtener ingresos en el futuro para sostener el sistema sanitario. La consejera andaluza es partidaria de utilizar dos impuestos indirectos como el tabaco y el alcohol, que dañan a la salud, para obtener más recursos, aunque en este apartado Andalucía llevará una posición flexible a la cumbre autonómica. "Se enumeran todas las opciones posibles porque Andalucía quiere lograr un gran consenso con el resto de comunidades", indica.

Más definidos son los criterios que propone la Junta para distribuir el dinero sanitario entre comunidades. "Lo que no se recoge en el actual modelo son los crecimientos poblacionales que se han producido con la llegada de inmigrantes y existe un mal reconocimiento de los extranjeros desplazados", explica la consejera. El 20% de los partos que se registran en Andalucía son ya de mujeres inmigrantes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de agosto de 2005